El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), que representa a más de un millón de abogados de 46 países, ha reclamado que los profesionales de la abogacía puedan intervenir desde el primer momento en los procedimientos de identificación, asilo y retorno que se desarrollan en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
La organización ha realizado este pronunciamiento en una declaración de apoyo al Colegio de la Abogacía de Ceuta y a sus profesionales, después de un verano marcado por la llegada extraordinaria de personas procedentes de Marruecos, que sometió a una fuerte presión al sistema de asistencia jurídica gratuita de la ciudad autónoma.
La situación obligó a reforzar en pocas semanas el servicio de Extranjería del Colegio, que hasta entonces contaba únicamente con tres abogados, ante la apertura simultánea de miles de procedimientos.
Para el CCBE, la experiencia de Ceuta demuestra que garantizar los derechos en las fronteras requiere contar con una asistencia jurídica independiente, efectiva y de calidad, incluso en situaciones de presión migratoria extraordinaria.
El derecho de defensa debe garantizarse desde el primer momento
La declaración europea insiste en que los abogados deben intervenir desde las primeras fases de los procedimientos administrativos que afectan a las personas que llegan a las fronteras.
Esto incluye el asesoramiento jurídico, el acompañamiento durante la tramitación de los expedientes y, cuando resulte necesario, la asistencia durante su revisión judicial.
El objetivo es que cada situación pueda examinarse individualmente, que exista una posibilidad real de recurrir las decisiones administrativas y que se identifiquen los casos de especial vulnerabilidad.
También reclama garantizar que quienes tengan derecho a solicitar protección internacional puedan hacerlo con asistencia letrada.
En este contexto, el CCBE recuerda que el derecho de asilo y el principio de no devolución deben preservarse incluso cuando los Estados miembros afronten una presión extraordinaria.
La organización considera que estas garantías no pueden quedar reducidas a un reconocimiento formal, sino que deben poder ejercerse efectivamente.
El respaldo de la Abogacía Española
El reconocimiento europeo llega después de que el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobara, el pasado 18 de septiembre, la declaración institucional «En defensa de la Abogacía de Ceuta».
En ella expresó su apoyo a la decana del Colegio, Isabel Valriberas, a su Junta de Gobierno y a los profesionales del Turno de Oficio, destacando su capacidad de respuesta ante una situación excepcional.
Durante los últimos meses, el Colegio ceutí tuvo que adaptar su organización a unas circunstancias que cambiaban prácticamente a diario.
La respuesta contó con el respaldo de colegios profesionales, decanos y abogados de diferentes puntos de España.
El Consejo General mantuvo además un contacto permanente con el Colegio de Ceuta y apoyó sus peticiones de refuerzo.
Salvador González reclama medios y condiciones dignas
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha destacado la importancia del reconocimiento europeo al trabajo desarrollado en Ceuta.
«El trabajo que están realizando Isabel Valriberas, su Junta de Gobierno y los compañeros y compañeras de Ceuta, con el apoyo y la implicación de Ángel Méndez desde la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, demuestra la capacidad de la abogacía para responder cuando más se necesita», afirma.
González subraya que «para que las garantías sean reales tiene que haber abogados independientes, presentes desde el primer momento y con los medios necesarios para ejercer su función».
Tanto el CCBE como la Abogacía Española coinciden en que el reconocimiento profesional debe acompañarse de recursos, medios materiales y condiciones adecuadas para ejercer con independencia, eficacia y dignidad.
La declaración europea convierte así la experiencia de Ceuta en una reivindicación que trasciende a la ciudad autónoma: garantizar que el derecho de defensa y las garantías del Estado de derecho sigan siendo efectivos en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
