Continúo esta serie sobre educación jurídica y autogobierno de la responsabilidad con una regla que los juristas aplicamos casi a diario sin detenernos demasiado en ella. Quien alega, prueba.
Lógica imprescindible en los procesos regidos por el derecho, que, curiosamente, pierde fuerza en los entornos profesionales.
En un pleito nadie se ofende porque le pidan que acredite lo que sostiene. Es lo normal. El Derecho necesita decidir qué sucede cuando un hecho relevante no puede demostrarse y, para ello, distribuye la carga de la prueba.
No es una cuestión de confianza ni un juicio sobre la honestidad de nadie. Es algo mucho más práctico. Si una afirmación importa, necesitamos saber qué la sostiene. Pedir que se acredite permite decidir y seguir trabajando.
El coste de preguntar y el riesgo de dar por hecho
Fuera del proceso, sin embargo, las reglas cambian. En una reunión de trabajo alguien afirma que dirigió un proyecto importante, que domina una materia o que su equipo obtuvo determinados resultados y la mesa asiente. Pocas veces alguien pregunta cómo puede comprobarse.
No necesariamente porque seamos ingenuos, sino porque hemos organizado buena parte de nuestra vida profesional de una manera peculiar. Quien afirma algo sobre sí mismo apenas soporta el coste de demostrarlo y quien pide comprobarlo corre el riesgo de parecer desconfiado y, hasta descortés.
La incertidumbre, sin embargo, no desaparece porque decidamos ignorarla. Simplemente cambia de sitio. Termina cayendo sobre el proyecto que no sale, sobre el compañero que tiene que rehacer el trabajo o sobre el cliente que recibe algo distinto de lo que esperaba. Por tanto, termina desgastando al prójimo.
Hay razones comprensibles para que esto ocurra. Preguntar tiene un coste social. Quien pide el respaldo de una afirmación usualmente queda en una posición incómoda, mientras que quien la hizo sin acreditarla permanece extrañamente a salvo. Verificar, además, consume un tiempo.
Tiempo que nos podemos ahorrar sucumbiendo a la tentación, bastante habitual, de dar por bueno lo que se nos cuenta y esperar que funcione.
Pero quizá la razón no sea solo esa. Muchas veces suponemos que, si alguien ha llegado hasta esa mesa, otra persona habrá comprobado antes aquello que dice saber o haber hecho. El problema aparece cuando ese tercero pensó exactamente lo mismo. Así pueden construirse reputaciones enteras sobre una cadena de confianza en la que todos dieron por hecho que alguien, en algún momento, había verificado algo.
Y es aquí donde el Derecho parece aportar una enseñanza contundente y más poderosa que la llamada a la honestidad. Aporta un procedimiento. Cuando establece de antemano quién debe acreditar qué, consigue que comprobar deje de ser una afrenta personal.
La pregunta ya no significa «no te creo». Significa simplemente «esto importa y necesitamos saber en qué se sostiene».
Lógica extrapolable a la vida profesional. Pedir una referencia, conocer un resultado anterior o solicitar un ejemplo concreto no tendría por qué convertirse en un examen sobre la credibilidad de nadie.
Cuando la comprobación forma parte normal de la manera de trabajar, deja de ser personal. Y eso protege también a quien verdaderamente sabe hacer aquello que afirma, porque le permite distinguirse por algo más sólido que su capacidad para contarlo.
Tener respuestas no equivale a saber
Pero aquello demanda que nos deje de costar sudor y lágrimas pedir a los demás que acrediten lo que saben y que, asimismo —y tal vez más importante—, empecemos a reconocer lo que nosotros no sabemos.
Decir «esto no lo domino» es rápido y sencillo hasta que uno tiene que hacerlo delante de un cliente, de un jefe o de un equipo que espera una respuesta.
En determinados entornos, reconocer un límite todavía se interpreta como debilidad. Por eso no basta con pedir valentía individual. Todos hemos callado alguna vez una ignorancia para no parecer menos y quien sostenga que jamás lo ha hecho, quizá esté demasiado seguro de sí mismo.
Seguridad que no sorprende hoy en día, pues actualmente contamos con herramientas formidables para ocultar nuestro desconocimiento.
En el artículo que abrió esta serie se señalaba algo que conviene recuperar. Tener información al alcance de la mano no equivale a saber. Una búsqueda rápida en internet o una consulta a una inteligencia artificial permiten hablar con aparente solvencia sobre casi cualquier materia, incluidas aquellas que nunca hemos estudiado.
Esa facilidad puede alterar incluso la percepción que tenemos de nosotros mismos. Encontrar respuestas con rapidez puede hacernos confundir el acceso a la información con una profundidad que requiere formación, experiencia, tiempo y criterio.
La confusión funciona, además, en ambas direcciones. Quien escucha puede tomar la fluidez por conocimiento y quien habla, reforzado por esa percepción ajena, puede terminar haciendo exactamente lo mismo.
De ahí surge una paradoja bastante propia de nuestro tiempo. Nunca había sido tan fácil averiguar algo que desconocemos y, quizá precisamente por eso, nunca había sido tan fácil aparentar que ya lo sabíamos.
Demostrar lo que se sabe, reconocer lo que se ignora
La respuesta no puede consistir en exigir a todo el mundo mayores dosis de humildad o valentía. Es más útil modificar las reglas del entorno.
Una organización que convierte el «no lo sé» en una respuesta admisible obtiene información mucho más fiable sobre las capacidades que realmente tiene. Sabe qué puede hacer, qué necesita aprender y cuándo debe pedir ayuda.
Vistas juntas, las dos cuestiones forman parte del mismo problema. A quien afirma que sabe hacer algo debería resultarle natural mostrar en qué basa esa afirmación.
A quien no lo sabe debería resultarle igualmente natural decirlo. Lo primero permite comprobar capacidades. Lo segundo permite conocer límites. Ambas cosas mejoran la calidad de las decisiones.
Naturalmente, esta idea también necesita límites. Convertir cada conversación en un interrogatorio sería tan absurdo como aceptar cualquier afirmación sin comprobarla. Verificar no es fiscalizar y tampoco tendría sentido exigir a quien comienza una trayectoria las mismas evidencias que a quien lleva veinte años proclamando experiencia. La cuestión consiste en ajustar lo que pedimos a la importancia de aquello que vamos a confiar.
Quizá ahí haya una pequeña enseñanza jurídica que merece salir de los tribunales. El Derecho entendió hace mucho que la incertidumbre no desaparece porque decidamos confiar. Por eso crea reglas para administrarla.
Podríamos hacer algo parecido fuera de él. Conseguir que preguntar «¿en qué te basas?» y responder «no lo sé» sean dos actos perfectamente normales de una conversación profesional. Porque una organización madura no es aquella en la que todo el mundo tiene siempre una respuesta.
Es aquella que sabe distinguir, sin ofenderse, entre lo que sabe, lo que puede demostrar y lo que todavía necesita averiguar.
