La Junta de Jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha hecho público un comunicado de apoyo a la magistrada Beatriz Biedma, y lo ha hecho sin rodeos sobre el motivo: actúa, dice el texto, «ante la falta de pronunciamiento del C.G.P.J.».
Los jueces de Plaza de Castilla manifiestan su «profunda preocupación ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de seguimiento, intimidación y hostigamiento que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno».
Acto seguido marcan distancia con el fondo del asunto. Lo hacen «sin prejuzgar los hechos sucedidos ni las responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los jueces y tribunales correspondientes». Y trasladan a su compañera su «apoyo, solidaridad y respaldo».
El cierre es una declaración de principios: «Los jueces no deben ejercer su función bajo la presión, amenaza o la intimidación. La independencia judicial no es un privilegio de quienes tienen la función de juzgar, sino una garantía de todos los ciudadanos».
El texto que no salió del Consejo
La elección de las palabras no parece casual. El escrito que los diez vocales conservadores del CGPJ llevaron al órgano de gobierno de los jueces, y que finalmente no fue aprobado, comenzaba expresando la «profunda preocupación» del Consejo ante las informaciones sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación contra la magistrada y su entorno.
Es, prácticamente, la misma frase con la que arranca ahora el comunicado madrileño.
Aquella sesión del miércoles terminó en choque abierto. Los diez vocales promotores denunciaron que la oposición de los nueve consejeros del sector progresista frustró la aprobación del comunicado, y según ellos, sus compañeros se negaron incluso a debatir la propuesta.
Les reprocharon, además, la “renuncia a una de las funciones esenciales del CGPJ, la defensa de la independencia judicial”.
El CGPJ no se pronunció porque la presidenta, Isabel Perelló, no es partidaria de emitir comunicados si no existe unanimidad.
Nueve de los diez vocales progresistas se negaron a suscribir el comunicado de apoyo a Biedma porque existe un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional. Suscribir dicho comunicado habría hecho aparecer al CGPJ alineado con una de las partes, explicaron fuentes de ese sector a Confilegal.
Una investigación en curso en la Audiencia Nacional
Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz desde 2011, fue la instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Las presuntas maniobras contra ella están ahora bajo investigación: la Audiencia Nacional las examina en el marco del caso Leire Díez.
El pasado 8 de octubre, la magistrada relató ante el magistrado Santiago Pedraz varios episodios que, según explicó, la alarmaron sobre posibles maniobras dirigidas contra ella mientras instruía la causa. Entre ellos, que alguien que decía ser su secretario preguntó en el colegio de sus hijas si al día siguiente acudiría a la misma hora a recogerlas. Según la misma información, Biedma se alertó, pero no llegó a temer por su seguridad.
La situación cambió esta semana. El Ministerio del Interior ha dispuesto protección policial para la magistrada después de que una testigo declarase ante la Guardia Civil que se había hablado de “eliminarla”. Biedma, por su parte, ha reclamado la imputación del exjuez Luis José Sáenz de Tejada, señalado por las presuntas amenazas. Todos los hechos se encuentran en fase de investigación y ninguna responsabilidad ha sido declarada.
No es el primer respaldo
La magistratura ya se había movilizado antes. En junio de 2025, las secciones territoriales de Extremadura de las cuatro asociaciones judiciales expresaron públicamente su respaldo y solidaridad con Biedma.
Y en junio de este año, la APM, la Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la APIF suscribieron un comunicado conjunto en su apoyo en el que, además, lamentaron la falta de contundencia del CGPJ.
Lo novedoso ahora es el emisor. No es una asociación, sino la junta de jueces de la mayor sede de instrucción del país, que decide pronunciarse precisamente donde el órgano de gobierno de los jueces no ha podido.
