«Un punto es lo que no tiene partes» — Euclides, Elementos, libro I, definición 1.
El 12 de octubre, en uno de esos corrillos que se forman en la recepción del Palacio Real cuando el protocolo afloja, el presidente del Gobierno admitió ante un grupo de periodistas que buques de guerra marroquíes habían entrado sin autorización en aguas de Ceuta a finales de julio, y que la Armada había tenido que enviar una fragata para frenarlos.
Lo despachó con dos palabras: un «hecho puntual». Al día siguiente el Rey aterrizaba en Ceuta, en su primera visita oficial a la ciudad desde que fue proclamado, y lo hacía sin el presidente.
Cuatro días antes, una magistrada de Badajoz había declarado en la Audiencia Nacional que durante dos años la siguieron, y que los guardias civiles que investigaban bajo su dirección le contaron que estaban siendo presionados.
¿Qué está pasando en España? La respuesta oficial cabe en aquellas dos palabras del corrillo. Cada uno de estos episodios, se nos dice, es un hecho puntual: un incidente naval, una decisión de protocolo, un procedimiento judicial sobre el que no procede opinar. Euclides dejó escrito en la primera línea de sus Elementos que un punto es lo que no tiene partes.
Ésa es exactamente la operación: llamar puntual a un hecho es negarle el antes y el después, dejarlo sin responsable. Esta columna se los devuelve.
La fragata que no figuraba en ninguna comparecencia
Los hechos, según lo publicado y lo que el propio presidente ha confirmado, son estos. Mientras decenas de miles de personas —el Gobierno estimó unas 72.000— entraban en Ceuta el 30 y el 31 de julio, al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí navegaron sin autorización por aguas de soberanía española.
La Armada desplegó desde Rota la fragata Santa María, y una avería obligó a relevarla por la Navarra. Las maniobras llegaron a poner a una patrullera española y a otra marroquí al borde de la colisión. En la Armada se ha relatado después que a la parte marroquí se le dijo, sin rodeos, que aquello tenía que acabar.
Nada de eso supieron los españoles durante setenta y cuatro días. El 3 de septiembre el presidente compareció en el Congreso, en una sesión convocada precisamente para dar cuenta de Ceuta, aseguró que el Gobierno no tenía «nada que ocultar en este asunto» y anunció un dosier con todos los documentos para que la ciudadanía pudiera examinarlos.
De los buques de guerra no dijo una palabra. Lo conocimos por un periódico el día de la Fiesta Nacional. El Gobierno no informó: fue descubierto. Cualquiera que fuera la razón, una proclama de transparencia que omite que la marina de otro Estado ha entrado en aguas españolas no es transparencia. Hay maneras de faltar a la verdad que no necesitan pronunciar una sola falsedad.
Conviene precisar qué se ha calificado de puntual. La Ley 10/1977 extiende la soberanía española a las doce millas del mar territorial, y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sólo admite en él al buque extranjero en paso inocente, rápido e ininterrumpido, y faculta al ribereño para exigir a un buque de guerra infractor que salga inmediatamente.
Eso hizo la Armada. Que Rabat no reconozca la soberanía española sobre esas aguas no rebaja el incidente; lo agrava, porque convierte cada entrada de un buque de su marina en la afirmación de una tesis.
Cuatro adjetivos para un mismo barco
Tan reveladora como el silencio ha sido la explicación que vino después.
El presidente habló de hecho puntual. El ministro de la Presidencia, de un episodio «muy concreto, muy específico» y sin relación con la crisis migratoria.
La portavoz del Gobierno, de un incidente «aislado» gestionado «con total normalidad» en el marco de la buena vecindad. Puntual, concreto, específico, aislado: los adjetivos no se contradicen, se suman, y todos empujan en la misma dirección, que es la de achicar el hecho.
Sólo una versión desentona. El delegado del Gobierno en Ceuta habló de «patrullaje de rutina», y la rutina no explica que hubiera que mandar una fragata desde Rota. Pero ninguna de las cuatro responde a la pregunta que importa: por qué un episodio lo bastante grave para responderlo en el mar con buques de la Armada no lo era para contarlo en el Congreso.
Y está Bruselas. Preguntada por el episodio, la Comisión respondió que corresponde a las autoridades españolas y marroquíes esclarecer los hechos y no aclaró si el Gobierno español la había informado, ni cuándo.
España lleva desde el verano pidiendo a sus socios que asuman que la frontera de Ceuta es frontera de la Unión. No se puede exigir a Europa solidaridad con una frontera y dejarla en la duda de si se le contó que por sus aguas navegaban buques de guerra ajenos. Ya escribí en estas páginas que Bruselas tiende a escoger el responsable que menos le cuesta. Esta vez el Gobierno le ha ahorrado incluso el trabajo de escoger.
La palabra que no se pronuncia
Detrás del barco está la frontera. Para buena parte de la ciudad, lo ocurrido el 30 y el 31 de julio fue una invasión; para el Gobierno, una entrada masiva de autoría no acreditada.
El presidente repitió en el Congreso que no hay pruebas de que fuera «diseñada o ejecutada» por las autoridades de Marruecos. Rabat niega haberla promovido, la atribuye a redes de tráfico y a rumores, y su rey ha rechazado cualquier «chantaje» en la cooperación con España.
Empleo aquí la palabra invasión en sentido descriptivo: no hubo ataque armado. Pero una ciudad de algo más de ochenta mil habitantes que ve entrar en día y medio a un número de personas cercano a su propia población no necesita un tratado de Derecho internacional para saber lo que ha vivido.
El Gobierno ha hecho con la palabra lo mismo que con el barco: guardarla. Un informe policial remitido a la Audiencia Nacional apunta a la coordinación de las fuerzas de seguridad marroquíes, y la Dirección General de la Policía ha negado que atribuya esa responsabilidad a Rabat.
Lo que no admite discusión es que, mientras la entrada se producía, la marina de ese mismo vecino navegaba sin permiso en aguas españolas.
Ese dato no probaba la autoría, pero cambiaba por completo el contexto en que había que valorarla. Y no se comunicó. Con independencia de cuál fuera la intención, el resultado es que los diputados deliberaron sobre Ceuta sin una circunstancia que el Gobierno conocía y que les habría obligado a mirar el asunto de otra manera. Eso no es informar a la Cámara.
La jueza de Badajoz y el Consejo que calló
Ya dediqué una columna a la magistrada Beatriz Biedma cuando un atestado de la UCO recogió el testimonio según el cual alguien había dicho que había que «eliminarla». Su declaración ante el juez Pedraz ha añadido lo que faltaba, que es su propia voz.
La instructora de la causa contra el hermano del presidente ha declarado que fue objeto de seguimientos en 2024 y 2025. Ha expresado su preocupación por las referencias a su entorno, incluido el colegio de sus hijas.
Y ha contado que los guardias civiles que trabajaban bajo su dirección le dijeron que estaban siendo presionados para que sus informes fueran supervisados antes de llegar al juzgado; su respuesta fue prohibir que nadie más que ella recibiera un informe de su causa. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha advertido de la «extraordinaria gravedad» de las posibles presiones.
Nada de lo que consta acredita que el presidente del Gobierno ni ninguno de sus ministros ordenaran seguirla, presionarla o desacreditarla. La investigación apunta a una trama a cuyo servicio, según el auto del instructor, se habría puesto la estructura del partido, y está por juzgar. Lo sostuve entonces y lo mantengo.
Pero la autoría no agota la responsabilidad. Hay que reconocer, y lo hago sin reservas, que Interior ha establecido un dispositivo de seguridad para la magistrada, confirmado el 14 de octubre por el delegado del Gobierno en Extremadura, tras su declaración ante Pedraz.
Es lo debido, y el Estado lo ha hecho. Lo que falta es otra cosa. Cuando una magistrada que investigaba al hermano del jefe del Ejecutivo declara haber sido seguida, y cuando los agentes que la auxiliaban dicen haber sido presionados desde su propia cadena de mando, el Gobierno que tiene a su cargo la Guardia Civil debe algo más que una escolta: un respaldo público a la instructora y a sus investigadores, y una explicación sobre esas presiones, porque si alguien presionó a esos agentes desde dentro, el primer interesado en saberlo es el Gobierno.
Que yo sepa, ni lo uno ni lo otro se ha producido. Lo que sí se ha publicado, atribuido por El País a varios ministros, es que una parte de la UCO actuaba de manera descontrolada, e incluso que había quien hablaba de un «golpe de Estado blando».
Ésa es la distancia entre un Gobierno que respalda a quienes le investigan y uno que se siente perseguido por ellos. Proteger el cuerpo de una jueza es una obligación policial; defender su independencia en público es una obligación política. La primera se ha cumplido. La segunda, no.
Si el silencio público del Gobierno es grave, el del Consejo General del Poder Judicial es escandaloso, porque a él no le cabe excusa alguna. El 14 de octubre, diez vocales propusieron al Pleno una declaración de apoyo a la magistrada. Expresaba «profunda preocupación», advertía que lo hacía «sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales» y recordaba que «ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación».
Nueve vocales se opusieron, y el órgano constitucional cuya razón de ser es garantizar la independencia de los jueces no dijo nada. Lo había dicho una asociación judicial; no lo dijo el Consejo.
El argumento del rechazo, expuesto por uno de los vocales, es que cualquier toma de posición, por neutra que parezca, interfiere en lo que investiga la Audiencia Nacional, y que la jueza no ha pedido amparo. Lo primero no resiste la lectura del texto.
La declaración no atribuía responsabilidad a nadie, no daba por probado ningún hecho y no calificaba a ningún investigado: afirmaba un principio, que ningún juez debe trabajar bajo intimidación, y ofrecía respaldo a quien declara haberla sufrido.
Defender la independencia de una jueza no presupone quién la atacó. Lo segundo confunde el amparo, que en efecto ha de pedir el juez que se siente perturbado, con el respaldo institucional, que no necesita instancia de parte.
Según uno de los vocales, la presidenta y los vocales territoriales trasladaron en persona su apoyo a la magistrada. Es lo mínimo, y es insuficiente: a un juez acosado no se le respalda en privado, sino en público, que es donde se le acosa.
Ese mismo Consejo supo responder, por boca de su presidenta, cuando el ministro del Interior se quejó de la magistrada que instruye lo de Ceuta. Cuando quien protesta es un ministro, el Consejo habla. Cuando quien sufre es un juez, enmudece.
Conste, por eso, el reconocimiento que merecen los diez vocales que propusieron la declaración, la sostuvieron en el Pleno y la hicieron pública por su cuenta.
Cumplieron con el deber que la Constitución asigna al Consejo entero. Y conste el de Carlos Hugo Preciado, el único vocal del llamado bloque progresista que no secundó el rechazo. Que el respaldo a una jueza seguida y presionada haya dependido de la adscripción de cada vocal es, en sí mismo, el diagnóstico: un Consejo que se parte en bloques hasta para defender a un juez ha dejado de ser el escudo de la independencia judicial y se ha convertido en su espejo roto.
Un Rey sin presidente
El 13 de octubre Felipe VI y la Reina llegaron a Ceuta. Era la primera visita oficial del monarca a la ciudad desde su proclamación en 2014; por primera vez en democracia, los Reyes pernoctaron allí.
Ante la sociedad ceutí, Felipe VI dijo que Ceuta y Melilla son «una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España», y que la soberanía y la integridad territorial «no son negociables: son indiscutibles». Y advirtió que la buena vecindad con Marruecos exige «buena fe por ambas partes».
El presidente del Gobierno no estaba; representó al Ejecutivo el ministro de Política Territorial. La defensa del Gobierno tiene su fundamento y conviene exponerla entera. Es costumbre que al Rey le acompañe el ministro de jornada, no el presidente.
En 2007, Rodríguez Zapatero tampoco acompañó a los entonces Reyes en su viaje a Ceuta y Melilla. Y la visita fue acordada con el Gobierno, cuyo presidente había pedido públicamente semanas antes que el Rey fuera a Ceuta para que la ciudad se sintiera respaldada por el Estado. No se ha incumplido ninguna regla.
Precisamente porque nada obligaba al presidente a ir, su presencia habría significado algo. El protocolo permite que no vaya; no basta para justificar políticamente su ausencia en estas circunstancias.
Y 2007 no se parece a 2026: ahora el viaje era el gesto reparador del Estado hacia una ciudad que acababa de vivir la peor crisis de su historia reciente, y que a finales de julio sólo había recibido del presidente una breve visita. Ir habría sido una manera de decir, sin necesidad de comunicado, que el Gobierno hacía suyas las palabras del Rey.
No ir fue desperdiciar esa ocasión en la semana en que más falta hacía, la misma en que el Gobierno llamaba puntual a la presencia de buques de guerra en aguas de esa ciudad. El presidente pidió al Rey que fuera para que Ceuta sintiera el respaldo del Estado, y después delegó en un ministro el suyo propio. A la Corona le tocó decir en Ceuta, ante los ceutíes, lo que el presidente sólo había dicho en Madrid, desde la tribuna del Congreso.
Lo que puede alegarse
Quedan dos objeciones serias.
La primera sostiene que la discreción con Marruecos no es cobardía, sino oficio. El Gobierno necesitaba, además, la cooperación de Rabat para que regresaran las personas que habían entrado. La discreción justifica no emitir un comunicado el 31 de julio.
No justifica comparecer el 3 de septiembre a proclamar que no hay nada que ocultar y omitir un dato que se conocía desde hacía cinco semanas. Con Rabat se negocia; a las Cortes se les informa.
La segunda advierte que todo esto ocurre en la antesala de las elecciones del 29 de noviembre y que la oposición lo explota sin matices: hay querellas que piden citar al presidente por el caso Biedma sin que nada lo vincule a él.
Es verdad, y la hipérbole es mala consejera. Pero que un hecho le convenga a la oposición no lo convierte en falso. Un Gobierno que se defiende de los hechos señalando a quién benefician ha dejado de discutir la verdad para discutir sólo la conveniencia.
Una longitud sin anchura
Euclides definió la línea inmediatamente después del punto: una longitud sin anchura. Es la descripción exacta de lo que forman los episodios de este otoño cuando se colocan uno detrás de otro.
Una fragata que no se contó, una frontera que no se quiso nombrar, una jueza escoltada pero sin respaldo institucional y un Rey al que el presidente no acompañó. Ninguno, aislado, derriba a un Gobierno; por eso se insiste en que cada uno es un punto.
Pero juntos tienen dirección, y la dirección es siempre la misma. Lo que afecta a la soberanía o a la independencia judicial se trata como un problema de comunicación, y se da por resuelto cuando deja de ser noticia.
Eso es lo que está pasando en España. No que el Estado haya dejado de funcionar, porque ha funcionado. La Armada salió al mar y le dijo al vecino que bastaba.
Los guardias civiles de Badajoz contaron a su jueza lo que les ocurría, y la jueza los protegió; la Policía la protege ahora a ella.
Diez vocales dijeron lo que el Consejo calló.
El Rey fue a Ceuta, durmió allí y dijo lo que había que decir. Lo que está pasando es que el Estado funciona por piezas, cada una en su sitio y cada una por su cuenta, mientras quien tiene el deber de coordinarlas y de responder por ellas ante las Cortes se dedica a explicar que no tienen nada que ver entre sí.
Euclides podía permitirse una línea sin anchura porque hablaba de geometría. En política, la anchura se llama responsabilidad. Este otoño el Gobierno ha trazado una línea muy larga. El 29 de noviembre habrá quien se la mida.
