Un domingo por la noche, la abogada fiscalista Tania Waterhouse recibió la respuesta de un cliente al borrador de dictamen que le había enviado por cortesía.
No eran unas pocas dudas. Eran, en sus palabras, “un millón de preguntas” y diagramas de flujo por todas partes. El cliente había pasado su trabajo por un asistente de inteligencia artificial generalista y le había preguntado, en esencia, qué estaba mal.
La escena abre el reportaje que The Australian Financial Review publicó el pasado 16 de octubre, firmado por su redactor de asuntos jurídicos Janek Drevikovsky, bajo el título “Lawyers go to war with clients who force them to sit through AI slop”.
El texto retrata un fenómeno que la abogacía australiana describe ya como generalizado: clientes que usan inteligencia artificial generalista para auditar, rebatir o directamente sustituir el criterio de su letrado.
Waterhouse, con tres décadas de ejercicio, dice que nunca había visto nada igual. Su reacción ha sido doble. Ha incorporado a sus hojas de encargo un recargo para el caso de que el cliente revise el trabajo con IA y ha dejado de enviar borradores: solo versiones finales.
“Los abogados tienen que tener una cláusula anti-bazofia”, resume.
Un deber profesional que no se puede esquivar
El problema de fondo no es la curiosidad del cliente, sino la obligación deontológica que activa. Según recoge el diario, el abogado no puede despachar esas preguntas sin más, por endebles que sean.
MaryAnn de Mestre, especialista en testamentos y sucesiones, lo explica desde el deber de asegurarse de que el cliente entiende el asesoramiento que recibe.
La presidenta del Law Council of Australia –equivalente a nuestro Consejo General de la Abogacía Española–, Tania Wolff, eleva la exigencia cuando el material generado por IA puede acabar ante un tribunal: si alguien entrega 50 páginas, hay que comprobarlas, porque el letrado no puede apoyarse en nada que no haya verificado.
De Mestre compara la situación con el viejo “doctor Google”. Hay clientes que acuden a la primera consulta con asesoramiento elaborado por ChatGPT o incluso con testamentos completos redactados por la herramienta.
Otros suben el testamento que ella les ha preparado y regresan con páginas de objeciones.
Hasta la cúspide del Bar
El fenómeno no se limita a la práctica de a pie. David Marks, especialista tributario en Queensland, recibió de un cliente 300 páginas que califica de disparates.
Su hoja de encargo incluye ya una cláusula según la cual, si sospecha que un material procede de la IA, suspende el asunto, se acuerda con el cliente cuánto tiempo llevará desmontarlo y solo entonces se reanuda el trabajo.
Mimi Zou, barrister e investigadora en derecho e inteligencia artificial de la Universidad de Nueva Gales del Sur, constata el mismo repunte: clientes que proponen estrategias procesales, buscan motivos de apelación en sentencias o critican la actuación del letrado.
Zou estudia dos cláusulas nuevas: una que prohíba usar su trabajo para entrenar modelos y otra que obligue al cliente a declarar si ha recurrido a la IA.
La asimetría es evidente. La mayoría de los profesionales usan herramientas jurídicas especializadas y creen tener experiencia para detectar alucinaciones.
Los clientes, en cambio, suelen emplear plataformas gratuitas y generalistas que, según el reportaje, pueden errar gravemente sobre el derecho australiano.
El golpe a la tarifa plana
Donde más duele es en los honorarios cerrados, habituales con particulares y clientes de recursos limitados. De Mestre advierte de que los despachos deberán precisar qué incluye el precio fijo y cuándo el trabajo adicional se factura aparte.
Ella, sin embargo, no ha modificado sus honorarios y rechaza cobrar a un cliente por el mero hecho de haber usado ChatGPT, algo que considera “ridículo”.
La voz discrepante
No todos ven una amenaza. Jeannie Paterson, una de las principales expertas australianas en derecho e IA, comprende el agobio de los profesionales, pero sostiene que el consumidor sale ganando y que la tecnología puede ayudarle a comprender su propio asunto.
Su advertencia a la profesión es directa: los clientes quizá no sean tan torpes como sugieren los abogados.
El debate queda así planteado en términos que trascienden Australia: ¿dónde termina el derecho del cliente a entender y cuestionar el asesoramiento, y dónde empieza un coste que alguien tendrá que pagar?.
