Esperanza Aguirre vuelve a cruzarse con el ‘caso Lezo’, esta vez desde la silla de los testigos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid está citada a declarar este miércoles en el juicio que sienta en el banquillo a su sucesor, Ignacio González, por la adjudicación de dos contratos del Canal de Isabel II vinculados al campo de golf levantado sobre el tercer depósito de la empresa pública.
La citación arrastra historia. La detención de González en 2017 precipitó la dimisión de Aguirre como portavoz y concejala del Ayuntamiento de Madrid. Él había sido su ‘número dos’ durante los años en que ella gobernó la región, entre 2003 y 2012.
Comparten banquillo con el expresidente el director gerente del Canal entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los tres socios de Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, conocida como TCT: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González —hermano del expresidente— y Juan José Caballero, su cuñado.
Para todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión como presuntos autores de cohecho y como cooperadores necesarios, además de una multa de 550.000 euros.
En la primera sesión, celebrada el pasado martes y dedicada a las cuestiones previas, González y el resto de acusados negaron los hechos que se les atribuyen.
Un modificado en lugar de un nuevo concurso
El relato de la acusación pública, recogido en su escrito de conclusiones provisionales, arranca en 2002. Ese año el Canal firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Madrid para abrir al uso público parte de sus instalaciones y convocó un concurso para cubrir el tercer depósito.
En junio de 2004, según Anticorrupción, la dirección del Canal —De Miguel y González, entonces vicepresidente regional— impulsó un modificado de aquel contrato “con el fin de beneficiar a familiares de este último”, pese a que la entidad de los cambios exigía, a juicio del fiscal, una nueva licitación.
La Fiscalía sostiene que se pactó con Dragados la adjudicación directa del modificado a cambio de que subcontratara determinados trabajos a TCT.
Los familiares del expresidente, añade, ocultaban su participación en la sociedad mediante personas interpuestas. El Consejo de Administración del Canal aprobó la adjudicación el 19 de julio de 2006.
Un mes antes, el 15 de junio, Dragados ya había firmado con TCT un primer contrato de 160.204,79 euros para ejecutar un hoyo de prueba.
Cuatro anexos posteriores elevaron el total subcontratado a 3.067.864,83 euros. Según el fiscal, los socios de TCT habían acordado de forma reservada con responsables de Dragados “incrementar en un 47% el importe a cobrar”.
Una intermediación “innecesaria e impuesta”
TCT, constituida en 2003 como empresa de ingeniería, no incorporó los proyectos deportivos a su objeto social hasta 2008. Carecía, afirma Anticorrupción, de capacidad para ejecutar las obras, que trasladó a Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España a cambio de una comisión del 8%.
El cruce de facturas dibuja el margen: TCT facturó 3.257.039 euros a Dragados y recibió facturas por 2.876.010,16 euros de las dos subcontratistas. Diferencia: 381.029 euros, que la Fiscalía atribuye a una intermediación “innecesaria e impuesta”.
Entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, los socios se habrían repartido parte de esas ganancias bajo siglas. ‘PG’, el hermano, habría recibido 101.348 euros en 20 entregas en efectivo; ‘JJC’, el cuñado, 94.425 euros en once; ‘JCM’, Clemente, 71.199 euros.
El césped, segunda pieza del negocio
La segunda adjudicación cuestionada es la gestión de las instalaciones deportivas. En 2006 el Canal la otorgó a una UTE integrada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras, que constituyó la sociedad Green Canal Golf.
Esta subcontrató a TCT el mantenimiento del césped durante cinco años por 9.875 euros mensuales; TCT, a su vez, lo trasladó ese mismo día a Onlygolf por 7.941 euros. Beneficio estimado por el fiscal: unos 124.000 euros.
En total, Anticorrupción cifra el lucro de TCT en al menos 504.780 euros procedentes de fondos públicos. Las defensas tendrán en las próximas sesiones ocasión de desarrollar una versión que, por ahora, se limita a la negación de los hechos.
