La magistrada María Tardón ha acordado una nueva batería de diligencias para esclarecer qué información manejaban las autoridades antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 y qué decisiones adoptaron para responder a la situación.
La instructora reclama informes de inteligencia militar, imágenes por satélite, grabaciones y comunicaciones institucionales, y solicita cifras oficiales sobre las entradas, los rescates, los fallecimientos y los recursos movilizados.
Las decisiones se recogen en un auto del 16 de octubre y en una providencia del día 19. En esta última, Tardón cita como testigos para el próximo 26 de octubre a Lorenzo Juan Fages Cortés, quien fuera inspector jefe de la Policía Nacional, y al teniente coronel de la Guardia Civil que ocupa la Jefatura de Operaciones de la Comandancia de Ceuta.
Sus comparecencias se suman a las de tres consejeros del Gobierno ceutí y tres agentes de Policía, previstas para los dos días siguientes.
La titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia quiere reconstruir la secuencia de acontecimientos y determinar qué autoridades conocieron las advertencias, cuándo las recibieron y cómo actuaron.
El procedimiento figura registrado por un presunto delito contra la paz y la independencia del Estado, sin que estas resoluciones atribuyan responsabilidades penales concretas a los testigos citados.
Los informes militares y las imágenes de la frontera
Uno de los principales bloques de diligencias se dirige al Estado Mayor de la Defensa. La magistrada requiere que el Ejército de Tierra aporte todos los informes de inteligencia y seguridad emitidos por la Comandancia de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto, además del informe original del REW 32 mencionado en la documentación desclasificada.
La resolución vincula estas peticiones con los documentos desclasificados por el Consejo de Ministros el 8 de septiembre y con otras comunicaciones incorporadas a la causa.
También reclama al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas —CIFAS— los informes generados en su grupo de seguimiento de Marruecos y la «interceptación sobre la frontera en Ceuta del programa Santiago» correspondiente a ese mismo periodo.
Asimismo, amplía la petición de imágenes por satélite: el intervalo, que en un requerimiento anterior comenzaba el 20 de julio, se adelanta al día 15 y mantiene como fecha final el 7 de agosto.
A estos materiales se añaden las grabaciones de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterizo y otros medios audiovisuales. El requerimiento alcanza a la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno, la Ciudad Autónoma, la Autoridad Portuaria y los órganos militares señalados en el auto, y abarca desde el 30 de julio hasta la recepción de la orden judicial.
Qué se advirtió en las reuniones previas
Tardón requiere a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno las actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados y documentos preparatorios relacionados con las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio.
Busca contrastar las declaraciones de distintos testigos que, según recoge el auto, coincidieron en que en esos encuentros se abordó la gravedad de la situación, se solicitaron medidas extraordinarias y se trasladó la necesidad de actuar con urgencia.
La documentación deberá permitir precisar el contenido de aquellas advertencias y la posición de cada institución.
La instructora considera que las diligencias solicitadas por la Fiscalía, a las que incorpora otras adicionales, forman un «conjunto coherente» para establecer qué información existía antes de los hechos, cómo circuló entre las autoridades y cuál fue la respuesta operativa.
La magistrada rechaza que se trate de una investigación prospectiva: sostiene que las actuaciones no parten de hipótesis genéricas, sino de datos aportados por los testigos que ya han declarado y de extremos que todavía presentan «zonas de incertidumbre».
Ocho testigos en tres días
La providencia del 19 de octubre acuerda dos nuevas comparecencias después de recibir un oficio policial y un fotograma que identifican a miembros de las fuerzas de seguridad que presenciaron los hechos. Lorenzo Juan Fages Cortés declarará el 26 de octubre a las 10.00 horas; el teniente coronel jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta lo hará a las 11.00. Ambos están citados en calidad de testigos.
El auto anterior había fijado para el 27 de octubre las declaraciones de los consejeros del Gobierno de Ceuta Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Nabila Benzina Pavón y Alejandro Ramírez Magaña, a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas, respectivamente.
Según la resolución, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, los identificó como responsables que tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participaron activamente en la gestión de la crisis.
El 28 de octubre comparecerán, también como testigos y en esos mismos tramos horarios, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional que estuvieron de servicio el 30 de julio y presenciaron los acontecimientos en distintos momentos.
La pista de un informante que alertó de movimientos en Marruecos
La instructora ordena además identificar a un residente en Benzú que, según la declaración de quien fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno, habría facilitado información previa sobre movimientos inusuales en Castillejos, concentraciones de personas y otras circunstancias observadas en territorio marroquí. Ese testigo lo describió como un interlocutor constante y fiable de la Comandancia de la Guardia Civil.
Tardón encarga a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que identifiquen tanto a ese informante como a los agentes que mantuvieron contacto con él. Una vez identificados, se señalarán sus declaraciones testificales para esclarecer el alcance de los avisos y su transmisión.
Cifras oficiales para determinar la magnitud de los hechos
El auto subraya que, pese al tiempo transcurrido, todavía no se han aportado cifras concretas sobre aspectos esenciales de lo sucedido.
Para cubrir esa carencia, la magistrada reclama al Ministerio del Interior, a los responsables policiales de Ceuta, a la Ciudad Autónoma y al Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa toda la información oficial disponible sobre entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados desde el 30 de julio hasta la recepción del oficio.
La investigación también examinará las consecuencias sobre los servicios públicos y la economía local.
Tardón solicita informes relativos a seguridad ciudadana, servicios sociales, educación, sanidad e infraestructuras, así como el documento sobre daños económicos que Vivas mencionó en su declaración judicial del 30 de septiembre y sus posibles actualizaciones.
La Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Ceuta deberán aportar igualmente sus informes sobre los perjuicios económicos.
Las dos resoluciones pueden recurrirse en reforma ante el propio órgano judicial en el plazo de tres días.
