El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández Martínez, recogió este martes por la noche en el Ateneo de Madrid el Premio Convivencia y Tolerancia del Consejo General de Procuradores de España (CGPE).
Este año la Procura ha distinguido al tribunal, que en enero cumplirá 50 años de existencia. Le entregó el galardón el presidente del CGPE, Alberto García Barrenechea.
En la primera fila, sentado entre el público como invitado estelar de la noche, estaba el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. A su lado tenía a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, y al vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff. Era una presencia muy ligada al nombre del galardón que se entregaba.
Fernández aceptó la distinción “en nombre de todos quienes, a lo largo de estos cincuenta años, que estamos a punto de cumplir, hemos conformado la Audiencia Nacional”. El resto de su intervención fue sobre todo un ejercicio de memoria.
Mendizábal y el falso “tribunal de excepción”
Su primer recuerdo fue para Rafael de Mendizábal Allende. Lo definió como “autor intelectual e impulsor político” de la creación del tribunal, que también presidió. A Mendizábal, dijo, le tocó responder a las críticas que “injustificadamente tildaban a la Audiencia de ser un tribunal de excepción”.
“Nada más lejos de la realidad”, replicó Fernández. Recordó que el Tribunal Constitucional declaró en varias ocasiones que el órgano se ajustaba a las exigencias constitucionales. Añadió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció también que respetaba el derecho al proceso debido del artículo 6 del Convenio.
Después llegó un momento más distendido. “Quizás sea vanidad”, se disculpó, antes de citar la frase con la que Mendizábal describía la institución: “La Audiencia Nacional es el portaaviones de la Justicia mientras que el Supremo es su barco almirante”. A continuación nombró a los presidentes que vinieron después: Fernando de Mateo, Clemente Auger, Ángel Juanes, Carlos Dívar y José Ramón Navarro.
Las víctimas del terror
La parte más sentida del discurso fue para quienes pagaron un precio personal. Fernández evocó a “la añorada fiscal Carmen Tagle”, asesinada por ETA el 12 de septiembre de 1989. Mencionó también al presidente Fernando de Mateo, herido en 1990, y al magistrado José Antonio Jiménez-Alfaro Giralt, herido en 1996, que según sus palabras “sufrieron los zarpazos del terror”. Extendió el homenaje a todos los que “cumplieron con su deber en condiciones de extrema peligrosidad”.
Situó el origen del tribunal en la restauración democrática. Esa historia, dijo, arrancó el 22 de noviembre de 1975 con la proclamación de Juan Carlos I ante las Cortes. El Rey sancionó la norma fundacional el 4 de enero de 1977, y el BOE la publicó al día siguiente, en la misma fecha que la Ley para la Reforma Política. “A ello contribuyó por tanto la AN desde el primer momento”, subrayó.
Habló de “una historia de coraje, de valentía, de miedos, de tragedias y de victorias”, con ETA y el GRAPO “queriendo dinamitar la libertad en España”. Y la conectó con el presente: “Este sigue siendo nuestro compromiso, sin otras sujeciones ni ataduras”. Lo hacen, añadió, desde la convicción de que “no existe Democracia sin Estado de Derecho que la sustente, el cual requiere, a su vez, un poder judicial independiente y responsable”.
El balance no se limitó a lo penal. Fernández reivindicó el control de la Administración que ejerce la Sala de lo Contencioso-Administrativo, “divisa de nuestro diseño constitucional”, y el papel de la Sala de lo Social en la negociación colectiva. Admitió también “errores y defectos” que el tribunal debe corregir. Para el futuro, señaló dos aspiraciones: un papel mayor en la investigación y el enjuiciamiento del crimen organizado y más competencias en materia de Seguridad Social.
Cerró con un agradecimiento a la profesión anfitriona: “La Justicia no es cosa solo de los jueces, es una obra coral, colectiva”. Describió a los procuradores como “un colaborador excepcional de la Administración de Justicia, con funciones públicas de creciente importancia”.
La Procura pide un pacto de Estado
García Barrenechea abrió su discurso con una referencia al lugar del acto: “No es casualidad que sea precisamente aquí donde reconozcamos a una institución esencial para nuestro Estado de derecho”.
El presidente del CGPE explicó que el premio cobra un significado especial “en vísperas del cincuenta aniversario” del tribunal. Durante cinco décadas, dijo, la Audiencia ha tenido un papel determinante en la defensa de la democracia, las libertades públicas y la seguridad de los ciudadanos.
Ha afrontado algunos de los desafíos más complejos de la historia reciente de España desde el rigor jurídico y la independencia. El galardón quiere ser también un homenaje a los jueces, fiscales, letrados y funcionarios que han pasado por la institución.
Recordó además la relación entre los procuradores y el tribunal: “La Audiencia Nacional ha mostrado siempre una cercanía y un respeto ejemplar hacia nuestra profesión. Los procuradores somos el vínculo indispensable entre la Justicia y el ciudadano, y nuestra función trasciende la mera gestión procesal”.
Agentes de ejecución
Pero su intervención no se quedó en el homenaje. Se centró en uno de los grandes asuntos pendientes del sistema, la ejecución de las resoluciones judiciales. “Una Justicia eficaz no es únicamente aquella que dicta sentencias. Una Justicia eficaz es aquella que consigue que las sentencias se cumplan”, afirmó.
Habló de millones de procedimientos de ejecución pendientes en España, aunque no dio una cifra concreta. Según su análisis, esa situación perjudica directamente a ciudadanos y empresas, debilita la confianza en las instituciones y genera incertidumbre jurídica. “Sin ejecución no hay tutela judicial efectiva plena. Sin ejecución no hay seguridad jurídica completa. Y sin seguridad jurídica es imposible consolidar una economía competitiva y una democracia fuerte”, advirtió.
Defendió así una reivindicación histórica de su profesión: una reforma profunda del sistema de ejecución. Insistió en que no la plantea como una demanda corporativa, sino como una necesidad estructural para que la Justicia funcione mejor.
Un gran pacto nacional por la justicia
Después llegó el momento central de su discurso. “No he venido solo a reivindicar. No he venido únicamente a señalar problemas. Nuestra responsabilidad institucional debe ir mucho más allá. Tenemos la obligación de aportar soluciones, de contribuir al debate público, de inspirar a quienes tienen capacidad de decisión y de ayudar a construir consensos cuando esos consensos resultan más necesarios que nunca”, dijo ante representantes del Poder Judicial, de las administraciones, de la empresa y de la sociedad civil.
A continuación formuló su propuesta: “España necesita un gran Pacto Nacional por la Justicia. Un pacto basado en el consenso. Un pacto que trascienda legislaturas. Un pacto que sitúe la Justicia fuera de la confrontación partidista y que permita abordar con ambición los desafíos estructurales de nuestro sistema judicial”.
Para el presidente del CGPE, ese acuerdo debería aportar más inversión, más medios, más formación y más tecnología. También pidió una nueva visión estratégica: entender la Justicia no solo como un pilar del Estado de derecho, sino como una condición indispensable para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la confianza ciudadana.
