La magistrada María Tardón Olmos, titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha ordenado al Ministerio de Defensa que informe sobre la posible entrada de buques de guerra marroquíes en aguas territoriales españolas próximas a Ceuta entre el 29 de julio y el 10 de agosto de 2026. También quiere saber si se produjeron nuevas incursiones después de esa fecha y si existen grabaciones de los movimientos de las embarcaciones militares.
La decisión figura en un auto de 21 de octubre, al que ha tenido acceso Confilegal, dictado en el marco de las diligencias previas 64/2026, abiertas para investigar las posibles conductas delictivas relacionadas con la entrada masiva e irregular de inmigrantes procedentes de Marruecos en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
La instructora ha acordado dirigir un oficio al Ministerio de Defensa, a través del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), para esclarecer si unidades de la Armada marroquí penetraron, permanecieron o transitaron por aguas españolas durante esas fechas.
La resolución también solicita información sobre posibles contactos o interacciones entre los buques marroquíes y las unidades militares españolas, así como la identificación de las embarcaciones que pudieran haber intervenido.
Además, requiere que se entreguen al juzgado las grabaciones de esas posibles incursiones, en caso de que existan.
Las declaraciones del Gobierno justifican la investigación
La decisión tiene su origen en una solicitud de diligencias presentada por la acusación popular ejercida por Iustitia Europa, que pidió una amplia investigación sobre la presencia de unidades militares marroquíes en aguas españolas.
La petición se apoyaba, entre otras fuentes, en una información publicada por El País el pasado 12 de octubre sobre la entrada de buques de guerra de Marruecos en aguas de Ceuta coincidiendo con la crisis migratoria.
La magistrada reconoce que, por el momento, no existe ningún elemento objetivo incorporado a la causa que permita relacionar la eventual presencia de esos buques con la entrada masiva de inmigrantes.
Sin embargo, considera relevante una circunstancia: las declaraciones públicas de miembros del Gobierno español.
En concreto, el auto señala que «desde el propio Presidente del Gobierno a algunos de los Ministros que lo integran» se habría reconocido, con distintas valoraciones y sin mayores detalles, la entrada de buques de la Armada marroquí en aguas españolas.
Esta circunstancia lleva a Tardón a considerar pertinente una comprobación judicial de los hechos.
La magistrada explica que resulta necesario constatar primero si se produjo efectivamente la incursión y en qué circunstancias, antes de valorar la apertura de nuevas líneas de investigación.
Se trata, según precisa, de una diligencia «previa, objetiva y proporcionada» que permitirá determinar si existe una base fáctica suficiente para profundizar en esos acontecimientos.
Defensa deberá informar también de posibles incursiones posteriores
El requerimiento judicial comprende cuatro cuestiones concretas.
En primer lugar, Defensa deberá precisar si entre el 29 de julio y el 10 de agosto entraron, permanecieron o transitaron por aguas territoriales españolas próximas a Ceuta buques de guerra o embarcaciones militares marroquíes.
En caso afirmativo, tendrá que identificar las fechas y los horarios de esos movimientos.
En segundo lugar, deberá informar sobre cualquier acción, reacción, aproximación o interacción con buques de la Armada española u otras unidades militares nacionales, así como sobre posibles coincidencias con embarcaciones españolas de vigilancia, salvamento o seguridad marítima.
También deberá identificar las unidades implicadas y comunicar si existen grabaciones de la presencia de los buques marroquíes, entregándolas al órgano judicial si están disponibles.
Finalmente, la magistrada amplía el requerimiento para conocer si se han producido nuevas incursiones desde el 10 de agosto hasta la fecha de recepción del oficio judicial, indicando, en su caso, las circunstancias en que tuvieron lugar.
La jueza rechaza una investigación más amplia sobre información militar y de inteligencia
Aunque admite esta diligencia concreta, María Tardón rechaza las diez diligencias de investigación propuestas por Iustitia Europa, al considerarlas desproporcionadas en el estado actual del procedimiento.
La acusación popular había solicitado documentación a numerosos organismos españoles y europeos, entre ellos el Estado Mayor de la Defensa, la Armada, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y organismos de vigilancia marítima.
También reclamaba información procedente de Frontex y del Centro de Satélites de la Unión Europea.
Entre los documentos solicitados figuraban registros de radar, comunicaciones militares, órdenes de operaciones, informes de inteligencia, documentación diplomática y grabaciones de los sistemas de vigilancia.
La magistrada considera que estas peticiones afectan a materias especialmente sensibles de defensa y seguridad nacional, algunas de las cuales podrían estar sometidas a la legislación sobre secretos oficiales.
Por ello, explica que acceder a esa documentación exigiría una justificación reforzada de su necesidad, utilidad y proporcionalidad.
El problema, según razona, es que todavía no existe una conexión objetiva acreditada entre los posibles movimientos de los buques marroquíes y los hechos investigados.
El auto subraya que no consta ningún dato que permita sostener que las embarcaciones militares de Marruecos participaron en la organización, facilitación o ejecución de la entrada masiva de inmigrantes.
En consecuencia, la jueza descarta por ahora una investigación de mayor alcance, pero deja abierta la posibilidad de acordar nuevas diligencias cuando Defensa responda al requerimiento.
La investigación de Ceuta: una entrada organizada y 83 cadáveres recuperados
La resolución recuerda que el procedimiento judicial tiene su origen en los acontecimientos registrados en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026.
En un auto anterior, de 7 de septiembre, la magistrada había considerado que aquella entrada masiva no respondió a un fenómeno migratorio meramente espontáneo.
Según recoge la nueva resolución, la investigación parte de la hipótesis de que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria pudo utilizarse como cobertura para provocar el colapso de la gestión fronteriza española.
La instructora señala que las actuaciones deben esclarecer quiénes pudieron promover, organizar o dirigir esos movimientos, así como la posible existencia de estructuras criminales y de una planificación desde territorio extranjero.
La investigación comprende también la actividad desarrollada en redes sociales, la identificación de posibles dinamizadores y organizadores y la eventual responsabilidad de quienes impulsaron la entrada de personas en condiciones de grave riesgo.
En este punto, la resolución ofrece un dato especialmente relevante: las autoridades recuperaron 83 cadáveres en aguas territoriales españolas como consecuencia de aquellos acontecimientos.
La magistrada advierte de que no ha sido posible determinar el número total de fallecidos.
El auto describe las peligrosas condiciones en las que numerosas personas se lanzaron al mar, algunas con ropa inadecuada para nadar y con elementos precarios para mantenerse a flote.
La investigación pretende esclarecer las posibles responsabilidades penales de quienes hubieran intervenido en la organización de aquellos hechos.
Es en ese contexto donde se plantea ahora la posible presencia de unidades militares marroquíes en aguas españolas.
La magistrada insiste en que esa presencia, si se confirma, no permite establecer por sí sola una relación con la crisis migratoria. Precisamente por ello, considera necesario disponer primero de la información oficial del Ministerio de Defensa.
La respuesta del JEMAD será determinante para decidir si existen indicios que justifiquen nuevas actuaciones sobre los movimientos de la Armada marroquí.
Contra el auto cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días.
