El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de solicitar documentación personal intervenida en su domicilio durante la investigación del caso Leire Díez para utilizarla en las pesquisas del caso Koldo. Su defensa considera que la petición vulnera sus derechos fundamentales y supone una investigación prospectiva contra él.
El recurso, presentado por su abogado, Benet Salellas, solicita dejar sin efecto la resolución por la que Moreno pidió a su compañero Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez, una copia de la documentación intervenida en el domicilio de Cerdán el pasado mes de mayo.
La petición también comprende el material entregado por el PSOE en aquella investigación. El objetivo del juez Moreno es examinar las posibles «fuentes de ingreso» de dinero del antiguo número tres socialista.
Cerdán se encuentra investigado en el caso Koldo por presuntos amaños en contratos de obra pública. También figura como investigado en el caso Leire Díez, en el que se indaga su posible participación en una supuesta trama destinada a interferir en investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE, el Gobierno y familiares del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
La defensa denuncia una investigación prospectiva
El principal argumento de Salellas es que una autorización judicial para registrar un domicilio e intervenir documentación no permite utilizar automáticamente ese material en una investigación diferente.
«La autorización judicial para el acceso a una determinada fuente de prueba en ningún caso legitima la obtención de pruebas más allá de los límites por los cuales fue acordada», sostiene el abogado.
A su juicio, el hecho de que un juez autorice una entrada y registro para investigar unos hechos concretos no significa que toda la información obtenida pueda trasladarse libremente a otros procedimientos.
La defensa considera especialmente problemático que se solicite una copia del conjunto de la documentación sin concretar previamente qué elementos pueden resultar relevantes para el caso Koldo.
En su recurso, Salellas denuncia que una autorización para realizar una «copia indiscriminada» del material probatorio, sin explicar suficientemente su finalidad, tratamiento o utilización, compromete el control judicial que debe existir sobre las pruebas obtenidas.
Además, argumenta que ni el informe de la Fiscalía que motivó la petición ni la resolución del juez explican qué indicios permiten relacionar los documentos intervenidos en el caso Leire Díez con los hechos investigados en el caso Koldo.
Por ello, sostiene que las actuaciones presentan características de una investigación prospectiva, es decir, una investigación dirigida a buscar posibles delitos de una persona sin partir de hechos delictivos concretos suficientemente delimitados.
«Parece que más que identificar hechos delictivos concretos que una vez acreditados deben provocar la búsqueda de sus responsables, se opera más bien en la lógica de investigar a Santos Cerdán y ver si existe algún hecho relacionado con él que pueda ser calificado de aparentemente delictivo», afirma.
Las agendas personales, en el centro de la controversia
Una de las cuestiones más sensibles del recurso afecta a la naturaleza de los documentos que pretende examinar el juez Moreno.
Entre los efectos intervenidos se encuentran agendas y cuadernos con anotaciones relativas a la vida personal de Cerdán, que su defensa considera protegidos por su derecho a la intimidad.
Salellas sostiene que estos objetos pertenecen al ámbito de su «más estricta intimidad domiciliaria» y que su intervención únicamente fue autorizada para investigar los hechos correspondientes al procedimiento en el que se practicó el registro.
Por esa razón, rechaza que puedan circular entre distintas investigaciones sin una justificación judicial específica.
El letrado califica la solicitud de Moreno como «un atropello absoluto de los derechos fundamentales» de su representado.
También cuestiona que se pretenda utilizar documentación cuyo contenido todavía no ha sido completamente examinado.
El material intervenido en el domicilio del exdirigente socialista permanece en dependencias policiales, donde los investigadores continúan realizando las operaciones de volcado, clonado y análisis.
Por otra parte, las evidencias aportadas por el PSOE al procedimiento de Leire Díez están siendo sometidas a un proceso de expurgo, destinado a determinar qué información debe incorporarse a la causa.
La resolución señala que todavía no se ha adoptado una decisión judicial sobre ese proceso.
