La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha declarado este jueves como testigo en el juicio del «caso Lezo» que la idea de construir una cancha de prácticas de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II fue suya, pero que no intervino en la adjudicación de los contratos investigados.
La Audiencia Nacional juzga si esas adjudicaciones beneficiaron de forma irregular a familiares de su sucesor, Ignacio González, que figura entre los acusados.
También están siendo juzgados el exdirector gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa adjudicataria TCT: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Estos dos últimos son hermano y cuñado del expresidente madrileño.
Aguirre ha explicado que propuso las instalaciones después de un viaje a Tokio, donde le sorprendió encontrar espacios para practicar golf dentro de la ciudad.
Consideró que una iniciativa similar sería positiva para Chamberí, un distrito que, según ha señalado, apenas tiene parques y zonas deportivas.
Sin embargo, ha insistido en que la contratación correspondía al consejo de administración del Canal. «El Canal era propiedad de la Comunidad de Madrid, la gestión la llevaba el consejo de administración», ha declarado.
También ha asegurado que González y De Miguel «nunca» le comunicaron detalles de las obras.
Su dimisión y la confianza en González
La expresidenta ha recordado que dimitió como portavoz y concejala del Ayuntamiento de Madrid en 2017, cuando González ingresó en prisión provisional. «Yo dimití por responsabilidad política», ha afirmado.
Aunque ha defendido su presunción de inocencia, ha explicado que entendió que una decisión judicial de esa gravedad debía apoyarse en indicios fundados de posibles delitos.
Antes de declarar, Aguirre había asegurado que acudía para decir «la verdad y toda la verdad». A la salida ha reiterado que confiaba en González, aunque ha advertido de sus dificultades para recordar algunos detalles: «Han pasado 20 años».
También ha defendido que el proyecto incluía campos de fútbol siete y béisbol, una pista de atletismo, un parque infantil y pistas de pádel. «A mí eso me parecía muy positivo para los vecinos, muchísimo mejor que un helipuerto», ha señalado.
La acusación de Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y una multa de 550.000 euros para cada acusado por su presunta participación en delitos de cohecho, relacionados con sobornos. Todos negaron los hechos en la primera jornada del juicio.
El origen del proyecto se remonta a un convenio de 2002 entre el Canal y el Ayuntamiento de Madrid para abrir al público varias instalaciones.
Según la Fiscalía, en junio de 2004 González y De Miguel promovieron una modificación del contrato de las obras de la cubierta del tercer depósito para beneficiar a familiares del entonces vicepresidente regional.
Anticorrupción sostiene que los cambios eran tan importantes que exigían convocar un nuevo concurso. En cambio, según su acusación, acordaron adjudicar directamente el contrato modificado a Dragados con la condición de que subcontratara determinados trabajos a TCT, participada por el hermano y el cuñado de González.
