El juez José Luis Calama, que investiga el ‘caso Plus Ultra’, ha solicitado a la Subdirección General de Patrimonio del Estado el acta oficial de los regalos institucionales recibidos durante los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, entre 2004 y 2011.
La decisión, recogida en una providencia fechada el 23 de octubre de 2026, está relacionada con la investigación sobre las joyas intervenidas por la Policía Nacional en el despacho del expresidente socialista, que este atribuye a un regalo del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud.
Calama concede a Patrimonio un plazo máximo de dos días para entregar la documentación, fechada el 1 de marzo de 2012, en la que consta la aceptación de los obsequios institucionales en el patrimonio de la Administración General del Estado y su adscripción al Ministerio de la Presidencia.
El magistrado adopta esta decisión después de recibir el informe de la Fiscalía del pasado 21 de octubre, emitido en respuesta a un escrito presentado por la defensa de Zapatero el 23 de septiembre.
La resolución establece que el juez examinará esa documentación antes de pronunciarse sobre las peticiones formuladas por la defensa y el Ministerio Fiscal. Para tramitar el requerimiento, ordena la intervención de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007
En el escrito presentado ante el juzgado, Zapatero explicó que recibió las piezas de mayor valor durante la visita oficial a España del monarca saudí, celebrada los días 18 y 19 de junio de 2007. Según su versión, la entrega se produjo en su residencia familiar del Palacio de la Moncloa.
La colección está formada por tres juegos de joyería de diseño tradicional, diferenciados por las piedras preciosas que contienen: rubíes, esmeraldas y zafiros.
La defensa sostiene que estas gemas representan más del 90 % del valor total de las piezas investigadas. El expresidente argumentó que se trató de una atención de carácter estrictamente personal, que aceptó por deferencia diplomática y como muestra de respeto hacia el soberano.
También aseguró que las joyas permanecieron guardadas durante casi dos décadas junto a otros objetos familiares y regalos de amigos, sin haber sido utilizadas y sin que tuviera conocimiento de su verdadero valor económico.
La primera tasación fijó su valor en 1,3 millones de euros
Las piezas fueron examinadas inicialmente por la joyería Ansorena, que estableció una valoración aproximada de 1,3 millones de euros. Sin embargo, la defensa de Zapatero cuestionó esa cantidad por considerar que no reflejaba el valor real de las joyas cuando fueron recibidas en 2007.
Su argumento es que Ansorena utilizó como referencia el precio de reposición en el mercado actual, incluidos los impuestos, un criterio empleado habitualmente para calcular las coberturas de los seguros.
Según el expresidente, esa metodología no permite establecer cuánto costaban las piezas hace casi veinte años. También precisó que, al margen de los tres juegos de joyería, entre los objetos intervenidos había piezas de naturaleza y valor muy diferentes.
De las 67 joyas restantes, 11 fueron consideradas carentes de valor económico y otras 25 recibieron una valoración inferior a 1.000 euros cada una.
El juez ratificó el encargo de una segunda tasación a Yanes
Ante las discrepancias sobre la valoración, Calama encargó otro informe pericial a la joyería Yanes. La nueva tasación deberá determinar, entre otras cuestiones, la antigüedad de las piezas, los metales preciosos utilizados, su posible procedencia geográfica y su valor actual de reposición.
La defensa recurrió el nombramiento al cuestionar la imparcialidad de la firma, después de que su director general declarara públicamente que algunas de las joyas tenían un valor aparentemente incalculable.
También alegó que el juzgado no había explicado suficientemente por qué recurría a otro establecimiento en lugar de solicitar una ampliación del informe elaborado por Ansorena. No obstante, Calama rechazó el recurso y mantuvo el encargo a Yanes, al considerar justificada la necesidad de ampliar y contrastar la información.
