Los departamentos jurídicos ya no esperan a que estalle el problema. Llegan antes, cuando la decisión todavía está abierta, y esa posición adelantada en el organigrama de las compañías tiene un precio: se les exige más criterio, más anticipación y una mejor forma de explicar el riesgo a quien firma.
Ese fue el hilo conductor de la apertura del III Encuentro Abogacía de Empresa ICAM-ICAB, que arrancó este jueves en Madrid.
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, situó el debate en una tensión propia del ejercicio dentro de las organizaciones.
El letrado in-house debe dominar el Derecho, pero también los tiempos, las necesidades y las presiones del negocio al que sirve.
Esa cercanía, sostuvo, no le dispensa de mantener un criterio propio aunque la respuesta incomode, y en ocasiones le obliga a decir a su propio equipo que algo no puede hacerse o que, siendo legal, no conviene.
«Ser un buen abogado no significa dar siempre la respuesta que nuestro cliente espera escuchar. Significa ofrecerle la respuesta que necesita conocer», afirmó Ribón, que vinculó esa independencia a un catálogo creciente de frentes —inteligencia artificial, ciberseguridad, cumplimiento normativo, incertidumbre internacional— sobre los que las asesorías deben pronunciarse, a menudo con urgencia.
Del bombero al copiloto
La diputada de la Junta de Gobierno del ICAM Ana Buitrago describió el mismo fenómeno desde el momento en que el jurídico entra en escena.
«Durante mucho tiempo, el abogado era la persona a la que se acudía cuando había que resolver un problema. Hoy, cada vez más, es la persona con la que se cuenta para evitarlo y para decidir qué camino tomar», señaló.
Para que esa participación temprana sea útil, a su juicio, el profesional necesita conocer los objetivos de la organización y el nivel de riesgo que está dispuesta a asumir. Sin ese conocimiento, advirtió, el análisis jurídico se queda en el despacho: «De poco sirve conocer todos los riesgos de una operación si no sabemos trasladarlos a quienes deben tomar las decisiones».
Aplicó la misma regla a la tecnología: «De poco sirve disponer de las mejores herramientas tecnológicas si no contamos con el criterio necesario para utilizarlas correctamente».
Buitrago recordó además que el ICAM lanzó en julio el Espacio Abogacía de Empresa, una plataforma de recursos, formación, herramientas y servicios de protección profesional para quienes ejercen dentro de organizaciones, concebida para prolongar durante el año el trabajo de estos encuentros.
Lo posible y lo conveniente
José María Campos, director legal de CEOE, aportó la mirada de quien ha ejercido en despacho y en una organización empresarial. Las herramientas cambian deprisa, dijo; los principios —lealtad, independencia, profesionalidad, secreto profesional, integridad, vocación de servicio— no.
Lo que sí se transforma es el contenido del trabajo. Campos enumeró tareas ya alteradas por la tecnología: búsqueda de información, revisión de contratos, gestión de expedientes, identificación de riesgos o análisis de Derecho comparado.
Eso no reduce el papel del abogado, sostuvo, sino que lo desplaza hacia lo que la máquina no resuelve: «Hace falta criterio para hacer la pregunta, hace falta criterio para saber si la respuesta es correcta y hace falta criterio para distinguir lo jurídicamente posible de lo empresarialmente conveniente, porque la inteligencia artificial no es un abogado».
Extendió esa exigencia a los despachos externos, que, en su opinión, deben conocer la compañía lo suficiente como para ayudarla a decidir qué riesgos asumir, cuáles evitar y cómo alcanzar sus objetivos de forma legítima.
Ocho mesas y una competición con IA
Organizado por la Sección de Abogacía de Empresa del ICAM y la Comissió de l’Advocacia d’Empresa del ICAB, el encuentro se estructura en ocho mesas.
La primera jornada abordó la implantación real del LegalTech en las asesorías, la influencia del in-house, gobierno corporativo y sostenibilidad, y nuevas vías de desarrollo profesional.
Como novedad, incorpora «Legal Minority Report», una competición por equipos que deben resolver un escenario de crisis con ayuda de herramientas de inteligencia artificial.
Este viernes, las sesiones se centrarán en el impacto geopolítico, la relación entre asesorías internas y despachos externos y el efecto de la IA en la organización de los departamentos legales.
La clausura, a las 13:00 horas, reunirá a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor; la decana del ICAB, Cristina Vallejo Ros; el presidente de la Comisión Legal de CEOE, Valentín Pich Rosell; el secretario de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ignacio Monedero, y Eugenio Ribón.
