Leire Díez ha presentado una querella contra el Partido Popular por difundir un vídeo creado con inteligencia artificial en el que se reproduce su imagen y se imita su voz para hacerle decir que contrató a unos matones para atentar contra una jueza.
La exmilitante socialista sostiene que esa afirmación es falsa, considera que el vídeo vulnera sus derechos fundamentales y ha pedido a la Audiencia Nacional que ordene su retirada inmediata de las redes sociales.
La querella, presentada por su abogada Eva Bejarano ante el juez Santiago Pedraz, atribuye al PP la presunta comisión de tres delitos: calumnias con publicidad, contra la integridad moral y suplantación de identidad digital.
La defensa sostiene que el partido difundió deliberadamente unas afirmaciones falsas utilizando una recreación digital de Díez para presentarla como responsable de una conducta delictiva especialmente grave. La referencia del vídeo apunta a la magistrada Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Como medida cautelar, Díez reclama que se ordene la retirada de la grabación de todas las cuentas oficiales del PP y de los demás espacios digitales en los que se haya difundido.
Una falsa confesión creada mediante IA
El origen de la controversia está en un vídeo publicado este miércoles por el Partido Popular como respuesta a una campaña difundida horas antes por el PSOE.
En aquella grabación, Pedro Sánchez utilizaba el término «zurdo», empleado habitualmente por el presidente argentino Javier Milei para referirse despectivamente a sus adversarios políticos, para reivindicar distintas medidas de su Gobierno.
El PP respondió con una parodia elaborada mediante inteligencia artificial en la que aparecían versiones digitales de distintos personajes relacionados con el PSOE y su entorno político.
Entre ellos figuraban Begoña Gómez; el exministro José Luis Ábalos; Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista; el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la propia Leire Díez.
En el caso de esta última, el personaje generado digitalmente afirmaba: «Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, pues sí, soy zurda». Es precisamente esa frase la que ha motivado la querella.
La defensa considera que la grabación no se limita a realizar una crítica política, sino que atribuye a su representada una actuación criminal mediante la manipulación de su identidad.
Calumnias, integridad moral y suplantación de identidad
Uno de los fundamentos jurídicos de la querella es el presunto delito de calumnias con publicidad. El artículo 205 del Código Penal considera calumnia atribuir a una persona la comisión de un delito sabiendo que la acusación es falsa o actuando con un desprecio temerario hacia la verdad.
Cuando esa imputación se difunde públicamente, como sucede con las publicaciones en redes sociales, entra en juego la modalidad agravada por publicidad, prevista en el artículo 206.
La abogada de Díez sostiene que el PP conocía la falsedad de las afirmaciones difundidas y que su finalidad era perjudicar el honor y la reputación de su representada.
La querella también invoca un presunto delito contra la integridad moral, al entender que el contenido fue diseñado para humillar y desacreditar públicamente a la exmilitante socialista. A ello añade la denuncia por suplantación de identidad digital, al haberse utilizado herramientas de inteligencia artificial para reproducir su apariencia y su voz.
La calificación penal de estos hechos deberá ser examinada judicialmente. La utilización de una imagen generada con IA no constituye, por sí sola, un delito de suplantación de identidad, por lo que será necesario determinar si concurren los requisitos de alguno de los tipos penales aplicables.
Díez denuncia consecuencias para su familia
La defensa sostiene que la difusión del vídeo ha tenido consecuencias directas sobre la vida personal y familiar de su representada. Según explica en la querella, tanto Díez como sus hijas han tenido que permanecer aisladas en su domicilio ante la repercusión de la publicación y las reacciones que ha generado.
La exmilitante socialista asegura, además, que ha sufrido un ataque de ansiedad y que está recibiendo insultos y descalificaciones a raíz de la difusión de las imágenes.
Los abogados consideran que mantener el vídeo disponible en internet agrava los perjuicios y puede provocar que determinados usuarios interpreten la falsa declaración como una confesión auténtica. Por este motivo, solicitan su retirada cautelar mientras se determina si existen responsabilidades penales.
La petición pretende evitar que el contenido continúe circulando y que se amplifiquen los daños que la defensa denuncia.
