La Fiscalía Anticorrupción sostiene que José Luis Rodríguez Zapatero pudo cometer un delito de malversación de caudales públicos al quedarse con unas joyas que, según su propio relato, le regaló el rey de Arabia Saudí cuando era presidente del Gobierno.
Lo hace en un escrito dirigido al juzgado del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Es la primera vez que la acusación pública introduce ese delito en el debate.
El razonamiento es llamativo porque parte de la explicación de la defensa. Si las joyas, tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros, llegaron a sus manos en junio de 2007 en la sede de la Presidencia, eso es lo que las habría convertido en patrimonio público.
Según la Fiscalía, el expresidente se las habría apropiado “con ánimo de lucro” al terminar su mandato, al dejarlas fuera de los bienes que sí entregó.
El escrito no da por acreditado ese origen. Lo formula de forma condicional: “de ser cierta su versión”.
Un reloj sí, las joyas no
La clave está en un documento de hace catorce años. El 1 de marzo de 2012, ya fuera del Gobierno, Zapatero firmó el acta de entrega a Patrimonio del Estado de los regalos institucionales recibidos durante su presidencia.
En esa relación aparece un reloj de sobremesa con esmeraldas, obsequio del rey Abdalá de Arabia Saudí. Las joyas que la Policía encontró en su oficina el 19 de mayo de 2026 no figuran.
Para Anticorrupción, el expresidente viene a reconocer con su escrito que aceptó piezas “de muy significativo valor” y que no las entregó, a diferencia de lo que hizo con otros regalos.
El ministerio público descarta también la prescripción. El plazo para este delito es de quince años y, en su cómputo, empieza a correr el día de aquella entrega incompleta, cuando las joyas quedaron excluidas y, a su juicio, ocultadas. Contado así, el límite estaría en marzo de 2027.
La versión del expresidente
Zapatero mantiene que las joyas fueron un obsequio recibido con motivo de la visita oficial a España del monarca saudí, los días 18 y 19 de junio de 2007. Las aceptó, según ha explicado, “por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto” hacia el rey.
Su defensa atribuye la tardanza en aclarar el origen a una gestión diplomática. En junio pasado, el expresidente envió una carta al jefe de protocolo de la Corte Real saudí, a través de la Embajada, para que se confirmara el regalo. Por eso pidió al juez que librara una comisión rogatoria a Arabia Saudí, es decir, una solicitud formal de auxilio judicial a otro Estado, para corroborar su relato.
La Fiscalía no se lo cree. Recuerda que no consta acreditación sellada de esa carta ni acuse de recibo. Añade que Zapatero declaró como investigado el 18 de junio de 2026 y no mencionó que dos días antes, supuestamente, había escrito a una embajada. El escrito, según la información publicada, la identifica como la de Emiratos.
Califica de “escueta” la petición de la defensa y advierte de que acceder a ella sería un “puro ejercicio de automatismo procesal” que daría por buena la versión del investigado.
El foco, en La Moncloa
El argumento de fondo es territorial. De acuerdo con Anticorrupción, carece de sentido preguntar a un país donde, según el propio Zapatero, no se entregaron las joyas, y por un monarca que, al parecer, ha fallecido.
Lo que habría que examinar es lo ocurrido en España y, en concreto, en la sede de la Presidencia del Gobierno.
El hallazgo de las joyas llevó a Calama a investigar a Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando. El instructor le atribuye además el liderazgo de una supuesta red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
Malversación no figura, por ahora, entre los delitos por los que se le investiga. Corresponde al juez decidir si acuerda o rechaza la comisión rogatoria y si la tesis de la Fiscalía abre una nueva línea de investigación. Zapatero, investigado y no acusado, goza de la presunción de inocencia.
