Los que, hace treinta y tres años, comenzábamos nuestro quehacer jurídico, tirábamos del famoso repertorio de jurisprudencia que se albergaba en las bibliotecas colegiales, yendo al librito que resumía los tochos de cada ejercicio, apuntando aquellas sentencias que pudieran servirnos, y luego leyéndolas tras encontrarlas.
No pocas de esas decisiones no interesaban nada para aquello que tratábamos de encontrar, pero se quedaban sin embargo alojadas en nuestra memoria.
¡Cuántas veces, cuando tuve que ocuparme de nuevos asuntos, me acordaba de aquella referencia que había leído con motivo de pesquisas anteriores!
Ese proceso de recopilación de información para confeccionar nuestra defensa procesal era, desde luego, extraordinariamente formativo, porque contribuía de manera formidable a reforzar nuestros conocimientos.
Luego vendrían los disquetes informáticos, empezando por aquellos enormes floppys, que hay que reconocer que ayudaban bastante en ese examen de materiales con destino a nuestros afanes profesionales, sobre todo en la rapidez de su hallazgo.
De todas maneras, justo es reconocer que esa velocidad, para los que teníamos entonces pocos encargos, no era tan importante como el proceso manual de identificación de la información jurídica, infinitamente más sustancioso.
De los discos pasamos después a aplicaciones que comercializaban cuanto fundamento jurídico resultaba preciso para la práctica de la abogacía, incluyendo en un único producto toda la normativa, jurisprudencia y doctrina.
Y por ahí hemos seguido avanzando.
Los que aventuran que la Inteligencia Artificial (IA) acabará con la abogacía deben de pensar que los letrados redactamos nuestros demandas en mármol.
Desconocen o no quieren saber que llevamos inmersos en la digitalización décadas, teniendo a nuestra disposición herramientas informáticas poderosas para contar con cuantos datos se precisan para dotar a nuestros esfuerzos del rigor necesario.
La estrategia del pleito sigue en manos del abogado
Pero una cosa es esa y otra considerar que la IA puede convertirse en una especie de cerebro artificial como lo es el pulmón artificial para los que no pueden respirar por sí solos.
Ni que decir tiene que contar con una información jurídica exacta y en tiempo real puede favorecer mucho nuestro desempeño, pero eso ninguna relación guarda con ceder a una máquina la estrategia o concepción misma del pleito, ni mucho menos contar con los decisivos pormenores e infinitos matices de una litis proporcionados por el cliente o resultantes del propio proceso.
Y luego está el asunto no menor de la oralidad que preside buena parte del cometido letrado, del que la IA no sé si tiene algún pito que tocar, salvo que nos llevemos a las vistas a un robot y le pidamos que proteste ante pruebas denegadas.
En este tema hemos caído en un papanatismo sobresaliente, del que venturosamente nos están despertando acertadas sentencias incluso del orden penal que advierten del uso de jurisprudencia inventada, de normas lisa y llanamente inexistentes o de criterios jurídicos aplicables en las quimbambas.
Por supuesto, nadie dice que renunciemos a instrumentos capaces de hacernos más sencilla nuestra labor.
Lo que no puede ser y encima es imposible, como dijo el torero, es que fiemos nuestro caletre jurídico a dispositivos o sistemas que no están pensados (o no debieran estarlo), para sustituirnos, además de que hoy por hoy nunca está de más seguir de cerca sus resultados, si no queremos incurrir en delitos contra la Administración de Justicia.
Bienvenida sea, pues, la tecnología que nos sirve para mejorar, pero siempre bajo nuestro estricto control y supervisión, si no queremos que nos la líe parda.
