Concepción Sáez Rodríguez y Nuria Díaz Abad, vocales del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), analizaron algunas de las principales deficiencias del órgano de gobierno de los jueces en el que ellas sirvieron (2013-2024), desde la falta de pluralismo y las dificultades para garantizar la independencia judicial hasta los problemas de motivación de los nombramientos discrecionales.
Dos experiencias diferentes –Concepción Sáez, letrada de la Administración de Justicia, y Nuria Díaz Abad, abogada del Estado (la primera elegida por Izquierda Unida y la segunda por el PP)– que permitieron abordar las debilidades institucionales de aquel Consejo y las reformas necesarias para recuperar la confianza de la carrera judicial.
Las reflexiones se produjeron en el marco de una la mesa redonda titulada «El Consejo desde dentro», el cual formó parte de la V Jornada «El Estado de Derecho: la actualidad a examen», organizada por Foro Judicial Independiente, una de las cuatro asociaciones de jueces existentes.
Dicha mesa redonda fue moderada por Cristina de Vicente, magistrada de la Audiencia Provincial de Vizcaya, centrada en el funcionamiento interno del CGPJ.
La sesión permitió conocer de primera mano cómo se trabajaba dentro de aquella institución que, pese a su relevancia constitucional, continuaba siendo, según destacó la moderadora, una gran desconocida.
El Consejo de Sáez y Abad fue diferente al actual. Su presidente, Carlos Lesmes, fue pactado de antemano por PSOE y PP. El poder se concentraba en el presidente y en un núcleo reducido de vocales. Solo los 6 vocales de la Comisión Permanente tenían dedicación exclusiva. El resto seguía en su juzgado, en su cuerpo o en su despacho.
El día a día del Consejo quedaba en manos del presidente y de ese grupo pequeño.
Asumió las competencias que antes se repartían unas quince comisiones. Solo se salvaron la Disciplinaria, la de Igualdad y la de Asuntos Económicos. Y, por regla general, todo se decidía por mayoría simple, y la reforzada quedaba para casos tasados, como la destitución de vocales o del presidente.
En el actual Consejo, que preside Isabel Perelló (fue elegida por los vocales del órgano de gobierno de los jueces), no existen vocales de primera y de segunda, como en el de Lesmes. Y no tiene un aparato propio detrás y necesita al Pleno para gobernar.
Balance crítico del CGPJ de Lesmes
Concepción Sáez Rodríguez realizó un balance especialmente crítico de su etapa como vocal, que se prolongó durante nueve años porque presentó la dimisión. «Mi presencia siempre fue, a mi parecer, no deseada. Me sentí discriminada», aseguró, antes de reconocer que había procurado olvidar aquella experiencia.
Entre sus primeras decepciones señaló el exceso de burocracia, con procedimientos que exigían documentar reiteradamente las mismas cuestiones. También explicó que apenas había tenido responsabilidades efectivas en las actuaciones del órgano, salvo en momentos puntuales.
La valoración de Nuria Díaz Abad, que ahora opta a una de las plazas de magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, fue diferente. Consideró un honor haber servido a España desde el Consejo y destacó la calidad profesional del cuerpo de letrados.
No obstante, reconoció que le había sorprendido comprobar las limitadas competencias efectivas del CGPJ, especialmente teniendo en cuenta su posición institucional.
Uno de los aspectos que más preocupó a Sáez fue el tratamiento del pluralismo dentro del órgano. A su juicio, existía una tendencia a considerar la unanimidad como un objetivo en sí mismo, hasta el punto de interpretar los votos discrepantes como un perjuicio para las decisiones adoptadas.
«Considerar que un voto disidente manchaba la decisión sabiamente adoptada por el resto siempre me pareció, como metodología, infame y, como resultado, descorazonador», manifestó.
La exvocal defendió que el pluralismo, reconocido constitucionalmente, debía tener reflejo en el funcionamiento de las instituciones.
La independencia judicial y las limitaciones del CGPJ
La capacidad del Consejo para proteger la independencia de jueces y magistrados ocupó otra parte del debate.
Díaz Abad expuso los resultados de una encuesta europea de 2025, en la que participaron 1.023 jueces. Según los datos que presentó, la independencia del CGPJ recibió una valoración de 3,4 sobre 10, mientras que únicamente el 20 % de los encuestados consideró que el órgano disponía de herramientas suficientes para defenderla.
La exvocal advirtió de que el Consejo se encontraba limitado en numerosas materias, entre ellas la presupuestaria, por la intervención del Ministerio de Justicia en la aprobación de sus presupuestos.
También se examinó la eficacia del amparo a jueces y magistrados ante situaciones que pudieran comprometer su independencia. La moderadora planteó las dificultades de un sistema que exigía la iniciativa del propio afectado y cuya respuesta podía resultar tardía.
Sáez coincidió en esa apreciación: eran pocos los jueces que solicitaban amparo y, cuando lo hacían ante situaciones especialmente urgentes, la intervención del Consejo no siempre llegaba a tiempo.
Respecto al modelo de designación de los vocales, Sáez defendió, aunque con reservas, la necesidad de mantener una vinculación entre los vocales judiciales y la voluntad popular expresada a través del Parlamento. Reconoció, sin embargo, los problemas derivados de su aplicación práctica.
Díaz Abad situó el debate en otro plano: la integridad de quienes ocupaban los cargos. «Tú puedes poner las normas que quieras. Pero si no tienes personas íntegras en los cargos, esas normas no sirven para nada», afirmó.
Nombramientos discrecionales: el problema de la motivación
Uno de los intercambios más relevantes desde el punto de vista jurídico giró en torno a los nombramientos discrecionales y la obligación de motivar las decisiones.
Díaz Abad distinguió entre los nombramientos para cargos gubernativos y las plazas del Tribunal Supremo. Mientras que en estas últimas debía buscarse la excelencia jurídica, en los puestos gubernativos también debían valorarse las capacidades de gestión y las habilidades personales.
Explicó que utilizaban tablas con criterios objetivos, como la antigüedad y la experiencia profesional, manteniendo un margen de discrecionalidad para evitar convertir el procedimiento en un concurso estrictamente reglado.
Sáez, por su parte, cuestionó la aplicación práctica de esos criterios. A su juicio, el principal problema de los nombramientos posteriormente examinados por el Tribunal Supremo había sido el déficit de motivación.
Criticó las justificaciones estereotipadas, construidas mediante párrafos repetidos, que no permitían comprender adecuadamente por qué se escogía a un aspirante frente a otros con méritos comparables.
La magistrada Cristina de Vicente también cuestionó esta práctica al señalar que no había encontrado nombramientos con una verdadera motivación de contraste entre candidatos.
Sáez reconoció que, en determinadas ocasiones, resultaba difícil decantarse por un aspirante debido a la similitud de sus trayectorias. Sin embargo, reveló una práctica que, a su juicio, contribuía a alimentar la desconfianza: «En muchas ocasiones llegábamos a la comisión con el candidato ya elegido».
Para la exvocal, el problema no radicaba tanto en el reglamento de nombramientos, cuya configuración respondía a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como en su aplicación efectiva.
Recuperar la confianza de la carrera judicial
Al abordar las prioridades de un nuevo Consejo, ambas exvocales coincidieron en la necesidad de modificar determinadas prácticas institucionales, aunque con propuestas diferentes.
Sáez insistió en que las normas existentes ofrecían un marco adecuado y señaló que el verdadero desafío consistía en transformar las dinámicas internas que condicionaban la actuación de los vocales. En su opinión, se trataba fundamentalmente de un problema de praxis y de comportamiento de quienes integraban la institución.
Díaz Abad situó como prioridad la recuperación de la confianza de los jueces en el CGPJ. Para ello, defendió un gran pacto de Estado que permitiera revisar las competencias del Consejo y reforzar su autonomía en materia judicial.
Finalmente, propuso establecer un sistema deontológico para los vocales, con el objetivo de reforzar las exigencias éticas en el ejercicio de sus responsabilidades.
Las intervenciones pusieron de manifiesto que, más allá del debate sobre el sistema de elección de los vocales, persistían cuestiones relacionadas con la transparencia de los nombramientos, el respeto al pluralismo y la eficacia de los mecanismos destinados a garantizar la independencia judicial.
