El coste económico, la complejidad de los procedimientos judiciales y la incertidumbre sobre el resultado son los principales obstáculos que encuentran los ciudadanos para defender sus derechos. Así lo revela el Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, difundido con motivo del Día Europeo de la Justicia, que se celebra cada 25 de octubre.
El estudio pone de manifiesto una diferencia significativa entre la intención de reclamar y la decisión de hacerlo. Aunque el 68 % de los españoles se ha planteado emprender acciones legales en algún momento de su vida, solo el 30 % ha llegado a hacerlo. El 38 % restante consideró esa posibilidad, pero finalmente desistió.
Los resultados reflejan hasta qué punto las dificultades económicas, la percepción de lentitud de la Justicia y el desconocimiento de los procedimientos condicionan el ejercicio efectivo de los derechos.
El coste de un abogado, la principal barrera
El dinero constituye el principal obstáculo para acudir a la Justicia. Según el barómetro de onLygal, compañía especializada en soluciones legales y seguros de protección jurídica, el 71 % de los españoles considera que disponer de un abogado resulta muy caro.
El coste económico obtiene una valoración de 5,36 sobre 7 entre los factores que desincentivan las reclamaciones. Se trata, además, de una preocupación que afecta a los distintos perfiles socioeconómicos.
Sin embargo, el desembolso económico no es el único inconveniente. La complejidad de los procedimientos ocupa el segundo lugar, con una puntuación de 4,90 sobre 7, seguida del deseo de evitar problemas y situaciones de estrés (4,29) y de la incertidumbre sobre el resultado del conflicto (4,27).
La dificultad para comprender los trámites adquiere mayor importancia entre los ciudadanos de más edad. Entre los mayores de 55 años, la complejidad de los procedimientos alcanza una valoración de 5,2 puntos.
A estas circunstancias se añade la percepción sobre el funcionamiento de los tribunales. El 41 % de los encuestados considera que la Justicia es tan lenta que no merece la pena presentar una denuncia o demanda. Frente a esta opinión, únicamente el 28 % manifiesta su desacuerdo.
«Muchas personas saben que tienen un problema legal y se plantean actuar, pero terminan descartándolo porque consideran que el proceso será demasiado caro, complicado o largo», explica Gemma Viñuales, abogada de onLygal.
La letrada considera fundamental facilitar el asesoramiento jurídico desde las primeras fases del conflicto para que los ciudadanos puedan conocer sus derechos, las alternativas disponibles y las posibles consecuencias de sus decisiones.
El 58 % demandaría si hacerlo no costara dinero ni tiempo
Una de las conclusiones más llamativas del barómetro aparece cuando se pregunta a los ciudadanos qué harían si desaparecieran las barreras económicas y temporales. El 58 % asegura que presentaría alguna demanda contra una persona, empresa o institución si el procedimiento no le supusiera ningún coste económico ni de tiempo.
La Administración Pública encabeza la relación de posibles destinatarios de esas reclamaciones, mencionada por el 19 % de los encuestados.
A continuación aparecen las empresas empleadoras, las compañías de servicios y suministros y las entidades bancarias y financieras. También se mencionan posibles conflictos con personas del entorno más próximo, como vecinos, superiores jerárquicos o compañeros de trabajo.
Estos resultados apuntan a la existencia de conflictos que los ciudadanos consideran susceptibles de reclamación, pero que no llegan a traducirse en acciones legales.
Siete de cada diez españoles desconocen buena parte de sus derechos
El desconocimiento jurídico constituye otra de las principales conclusiones del estudio. El 70 % de los españoles admite que desconoce en gran medida sus derechos y únicamente el 20 % afirma saber cómo funciona el sistema judicial.
El barómetro también muestra la importancia que los ciudadanos conceden a disponer de información antes de contratar servicios jurídicos.
Conocer anticipadamente los honorarios y comprender cómo se calculan los costes obtiene una valoración de 4,57 sobre 7. La misma puntuación recibe la posibilidad de disponer de información clara sobre los procedimientos y su duración prevista.
El estudio refleja, asimismo, una demanda de asesoramiento profesional continuado. El 69 % de los encuestados manifiesta que le gustaría contar con un abogado de confianza al que acudir cuando lo necesitara. Y el 54 % considera que, si dispusiera de ese profesional, podría hacer valer mejor sus derechos.
Para Viñuales, el acceso efectivo a la Justicia no comienza necesariamente con la presentación de una demanda, sino cuando el ciudadano puede identificar un problema jurídico, comprender sus derechos y recibir orientación sobre cómo actuar.
La compañía defiende, por ello, la necesidad de impulsar el asesoramiento preventivo y mejorar el conocimiento jurídico de la población.
