El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido mantener al coronel de la Guardia Civil Antonio Balas como responsable de la investigación policial del denominado «caso Leire Díez», con independencia de las consecuencias que su reciente ascenso pueda tener sobre su destino profesional.
El magistrado considera que la complejidad de las pesquisas y su trascendencia institucional hacen necesario garantizar la continuidad de quien ha dirigido hasta ahora las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO).
Así lo establece en una providencia en la que acuerda prolongar el nombramiento de Balas como responsable de la unidad encargada de investigar esta causa.
La decisión pretende evitar que un eventual cambio de destino altere el desarrollo de unas diligencias que, a juicio del instructor, requieren estabilidad en su dirección operativa.
Pedraz fundamenta su resolución en «la extraordinaria complejidad de las actuaciones, su especial trascendencia institucional y jurídica, el estado de desarrollo de las diligencias de investigación y la necesidad de garantizar su continuidad, integridad, eficacia, reserva e imparcialidad».
La providencia establece que Balas debe continuar desempeñando esa responsabilidad «con carácter permanente», sin que su ascenso o un posible cambio de destino puedan apartarlo de las funciones que tiene encomendadas en esta investigación.
El magistrado invoca para ello el interés general, las necesidades del servicio y las garantías propias de las funciones de Policía Judicial.
Evitar cambios que puedan perjudicar la investigación
El razonamiento de Pedraz parte de una premisa: sustituir al responsable policial en este momento podría perjudicar el desarrollo de la causa.
«Resulta evidente que esta investigación presenta características que aconsejan preservar la estabilidad de su dirección operativa», señala el juez.
Por esa razón, considera necesario evitar modificaciones organizativas que introduzcan «factores de perturbación, discontinuidad o riesgo en el normal desenvolvimiento de las actuaciones».
El magistrado entiende que no se trata únicamente de mantener a un mando en un determinado puesto, sino de preservar la eficacia de unas diligencias penales que ya se encuentran en marcha.
En este sentido, subraya que la continuidad de Balas está justificada por «razones excepcionales y de interés público» y por la necesidad de asegurar la adecuada prestación del servicio de Policía Judicial.
La resolución tiene una dimensión especialmente relevante desde el punto de vista procesal: el instructor insiste en que la investigación debe desarrollarse sin interrupciones que puedan comprometer su eficacia, su reserva o su imparcialidad.
El ascenso a coronel en la UCO
El problema surgió a raíz del ascenso de Antonio Balas a coronel, publicado en septiembre en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.
Hasta entonces, el mando dirigía el departamento de investigación económica y anticorrupción de la UCO, encargado de algunas de las investigaciones judiciales de mayor trascendencia política.
Su promoción profesional planteaba la posibilidad de que tuviera que cambiar de destino, ya que el puesto que ocupaba estaba vinculado al empleo de teniente coronel.
Sin embargo, la orden de ascenso ya contempló su permanencia en la unidad mediante una comisión de servicio.
La decisión respondía a una petición anterior del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del «caso Koldo», que había solicitado que Balas continuara participando en las investigaciones de ese procedimiento.
Moreno había trasladado esa necesidad a la Guardia Civil después de que la Fiscalía Anticorrupción destacara la importancia del papel desempeñado por el mando en las pesquisas.
La orden firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, permitió compatibilizar el ascenso con su continuidad en la UCO. Ahora, Pedraz refuerza esa situación respecto de la causa que instruye sobre Leire Díez.
Dos investigaciones judiciales que requieren su continuidad
Con esta nueva providencia, dos magistrados de la Audiencia Nacional han expresado formalmente su interés en mantener a Balas vinculado a investigaciones que consideran especialmente relevantes.
En el «caso Koldo» se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos públicos.
Por su parte, el procedimiento conocido como «caso Leire Díez» examina, entre otras cuestiones, la posible existencia de una trama destinada a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil para tratar de obstaculizar investigaciones judiciales.
Se trata de hechos que permanecen bajo investigación y sobre los que todavía no existe una conclusión judicial definitiva.
La nueva decisión de Pedraz no supone un pronunciamiento sobre la responsabilidad de las personas investigadas. Su alcance es organizativo y procesal: garantizar que el equipo policial conserve la dirección que ha tenido hasta ahora.
El instructor concluye que la prórroga está justificada por circunstancias excepcionales y por la necesidad de «salvaguardar la eficacia de la investigación penal».
Con ello, Balas mantiene su responsabilidad en una causa cuya complejidad, según el propio juez, exige preservar la estabilidad del trabajo de la Policía Judici
