El desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llegado por una vía distinta a la que pretendían sus dos bloques. La propuesta de Carlos Hugo Preciado Domènech, que se define como «progresista independiente», ha reunido este miércoles los votos necesarios para renovar las comisiones del órgano de gobierno de los jueces después de dos semanas de desencuentros.
Doce apoyos frente a nueve. A Preciado se han sumado la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, y los diez vocales conservadores, que han retirado su propia candidatura. La alternativa defendida por José María Fernández Seijo ha quedado en minoría.
El resultado tiene dos consecuencias inmediatas: permite resolver una renovación pendiente y refuerza la presencia de mujeres en las comisiones. Pero también revela una discrepancia dentro del espacio progresista que las etiquetas habituales no alcanzan a explicar.
La Permanente, en el centro del pulso
Detrás de la negociación había una aspiración concreta del grupo de nueve vocales progresistas: incorporar a José María Fernández Seijo y Ricardo Bodas, vocales con buena sintonía con el inquilino de la calle de San Bernardo, a la Comisión Permanente, el órgano que concentra buena parte de la actividad ordinaria del Consejo entre las reuniones del Pleno.
La propuesta aprobada no les abre esa puerta. La Permanente estará presidida por Perelló e integrada por José Antonio Montero (conservador), José Carlos Orga (conservador), José María Páez (conservador), José Luis Costa (conservador), Argelia Queralt (progresista), Lucía Avilés (progresista) e Inés Herreros (progresista). Cuatro mujeres progresistas y cuatro hombres conservadores.
La disputa, por tanto, trascendía el reparto de presidencias. Afectaba a quién debía sentarse en uno de los principales centros de decisión del Consejo y al peso de cada sensibilidad en su funcionamiento cotidiano.
También mostraba los límites de considerar al sector progresista como un conjunto homogéneo. Preciado y Perelló, ambos de esa procedencia, han respaldado una solución distinta de la defendida por los otros nueve vocales.
Más mujeres en las comisiones y en sus presidencias
En términos de representación femenina, la comparación favorece al planteamiento de Preciado en varios de los órganos principales.
Según el desglose de su propuesta, diez de las once comisiones tendrán una composición equilibrada, con una presencia de cada sexo situada entre el 40 % y el 60 %. Son cuatro más que en la renovación anterior. La excepción es la Disciplinaria, que queda fuera de la renovación anual por la duración del mandato de sus integrantes.
La Permanente contará con cuatro mujeres y cuatro hombres, incluida Perelló. La presidenta conserva su voto de calidad para resolver empates, aunque esa facultad no modifica el equilibrio numérico entre ambos sexos.
A esa presidencia se suman otras cinco encabezadas por mujeres: Gema Espinosa Conde dirigirá Igualdad y Escuela Judicial; Lucía Avilés Palacios, Asuntos Económicos; Isabel Revuelta de Rojas, Estudios e Informes; y Pilar Jiménez Bados, Relaciones Internacionales.
El reparto alcanza, además, áreas ejecutivas, observatorios, representaciones internacionales y grupos de elaboración normativa. En total, comprende 39 órganos y estructuras.
Una alternativa menos favorable a la presencia femenina
La lista defendida por Fernández Seijo ofrecía resultados distintos. Según la comparación aportada en defensa de la iniciativa de Preciado, de esas cinco presidencias únicamente dos habrían correspondido a mujeres: Escuela Judicial, para Esther Erice Martínez, y Relaciones Internacionales, para Pilar Jiménez Bados.
En la Permanente, la presencia femenina habría quedado en tres de sus ocho integrantes, el 37,5 %, frente al 50 % del reparto aprobado.
La alternativa también sustituía la presidencia femenina de Asuntos Económicos por una masculina y apartaba a Gema Espinosa de la dirección de Igualdad.
En Estudios e Informes, Carrera Judicial y Asuntos Institucionales disminuía igualmente la presencia de mujeres respecto a la propuesta ganadora.
La Escuela Judicial constituía la excepción: la candidatura de Seijo elevaba a cuatro las mujeres entre sus cinco integrantes.
Con esos parámetros, la propuesta de Preciado superaba a la de sus compañeros progresistas en presencia femenina en la Permanente y en número de comisiones presididas por mujeres. Sus defensores sostienen, además, que distribuía las responsabilidades entre un abanico más amplio de vocales.
Una mayoría para renovar, sin acuerdo entre sectores
La renovación había quedado fuera del orden del día del Pleno del 14 de octubre por falta de consenso. Dos semanas después, Preciado ha conseguido reunir una mayoría suficiente, aunque el acuerdo no cierra la fractura.
Los nueve vocales progresistas cuestionan la proporcionalidad del reparto y consideran incumplidos los compromisos de cogobernanza.
Los defensores de la lista aprobada destacan, en cambio, el avance en igualdad y una distribución más plural de las tareas.
«La igualdad de género y la defensa de la independencia judicial salen ganando con estos nombramientos», han defendido fuentes cercanas a Preciado.
El Consejo vuelve a tener sus comisiones renovadas. La votación deja también una evidencia política: compartir procedencia progresista no implica compartir candidatura, estrategia ni criterio sobre cómo debe gobernarse la institución.
