Una pequeña marca grabada en las joyas más valiosas intervenidas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en una nueva pista para la Audiencia Nacional.
El magistrado José Luis Calama Teixeira ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue quién puede ser el autor del punzón que aparece en esas piezas. Y ha abierto la posibilidad de recurrir a la cooperación policial internacional para averiguarlo.
La decisión figura en una providencia dictada este martes, 3 de noviembre de 2026, abierta por presuntos delitos de contrabando y otros, dentro de la investigación del denominado «caso Plus Ultra».
La nueva diligencia llega después de que el magistrado haya recibido el informe pericial elaborado por la joyería Yanes, encargada de realizar una segunda valoración de las piezas intervenidas.
La providencia es breve, pero concreta.
Calama se remite a la quinta conclusión del informe de Yanes para ordenar la investigación sobre la autoría del punzón que aparece en las joyas de mayor valor.
Un punzón es una marca estampada sobre un objeto de joyería que puede proporcionar información sobre el fabricante o las características del metal empleado.
En este caso, la identificación de quien realizó esa marca podría contribuir a avanzar en la investigación sobre la procedencia de las piezas.
Según la información publicada sobre la pericial de Yanes, las joyas presentan una marca rectangular de extremos redondeados, con una letra T de diseño particular, el número 18 y la letra K.
Los dos últimos elementos se relacionarían con la identificación del oro de 18 quilates, mientras que la letra podría servir como pista para localizar al fabricante.
Interpol y Europol, si la UDEF necesita colaboración internacional
La posibilidad de solicitar asistencia a Interpol y Europol constituye uno de los elementos más relevantes de la resolución.
El juez deja en manos de los investigadores policiales la valoración de si resulta necesario acudir a esos organismos.
El objetivo es averiguar quién puede estar detrás de la marca identificativa de las piezas más valiosas.
La providencia no establece que esa identificación deba realizarse necesariamente fuera de España, ni determina qué países tendrían que intervenir.
Tampoco señala un fabricante concreto.
Lo que acuerda es una diligencia dirigida a esclarecer un dato que continúa sin resolverse: la autoría del punzón.
Las joyas de Zapatero, más de un millón de euros
La nueva providencia tiene como antecedente las actuaciones practicadas tras el registro policial del 19 de mayo de 2026 en el despacho del expresidente del Gobierno.
Durante aquella diligencia, la Policía encontró más de 60 piezas de joyería en una caja fuerte propiedad de Rodríguez Zapatero.
Su hallazgo llevó al magistrado a abrir una pieza separada para investigar su procedencia y las posibles implicaciones fiscales y aduaneras.
La primera tasación, encargada a la joyería Ansorena, estimó un valor de 1.323.915 euros.
Posteriormente, Calama acordó que Yanes realizara una segunda valoración técnica.
Este nuevo informe rebajó el importe hasta 1.023.320 euros, aproximadamente 300.000 euros menos que la estimación inicial.
El análisis de Yanes apunta a que las piezas de mayor valor presentan características compatibles con una fabricación comercial de probable origen asiático, aunque se trata de una hipótesis pericial, no de una procedencia geográfica acreditada.
La pieza separada se abrió para examinar la posible existencia de delitos fiscales y de contrabando relacionados con las joyas encontradas en el despacho de Rodríguez Zapatero.
En su resolución de junio, Calama consideró necesario investigar la adquisición de esos bienes y su eventual introducción en territorio español.
El expresidente figura como investigado en esta pieza separada, circunstancia que no supone una declaración de culpabilidad.
La defensa de Rodríguez Zapatero sostuvo en septiembre que las joyas de mayor valor procedían de un regalo de la Casa Real de Arabia Saudí realizado en 2007.
Esa explicación forma parte de la posición mantenida por su representación procesal.
