La Audiencia Nacional ha ordenado este jueves, 5 de noviembre, seis detenciones para tomar declaración a otras tantas personas en el marco de una nueva pieza separada y secreta del «caso Koldo». Entre los arrestados figuran Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Cristian Corvillo, a quien el PP identifica como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017.
La operación, desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del magistrado Ismael Moreno y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, ha incluido registros y otras diligencias en Córdoba, Sevilla, Valencia y Madrid.
El contenido de la nueva investigación permanece bajo secreto, por lo que todavía no han trascendido todos los hechos concretos que se investigan ni la identidad de los seis arrestados.
Un nuevo registro en la vivienda de Ábalos
Una de las actuaciones se ha desarrollado en Valencia, donde los agentes de la UCO han vuelto a registrar el domicilio de José Luis Ábalos.
En la vivienda se encontraba Andrea de la Torre, actual pareja del exministro, que figura entre las personas detenidas en el operativo.
La actuación se produce después de que el juez Ismael Moreno acordara abrir una nueva pieza separada tras recibir un informe de la Guardia Civil.
El magistrado investiga distintas ramificaciones del caso Koldo, entre ellas las presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
Cristian Corvillo ya había declarado ante el juez del caso hidrocarburos
Otro de los nombres que aparecen en la operación es Cristian Corvillo, a quien el Partido Popular ha señalado como uno de los conductores de Pedro Sánchez durante la campaña de las primarias del PSOE de 2017.
Corvillo ya había comparecido ante la Audiencia Nacional el pasado 3 de septiembre, aunque en un procedimiento diferente.
Lo hizo como testigo ante el magistrado Santiago Pedraz, instructor del denominado «caso hidrocarburos».
Durante aquella declaración, reconoció que había mantenido encuentros con José Luis Ábalos por cuestiones relacionadas con el Partido Socialista.
También admitió que tanto él como su hermano, Rubén Corvillo, habían mantenido vínculos empresariales con Víctor de Aldama, el empresario que ejerció como intermediario en contratos públicos de mascarillas y que posteriormente fue condenado por el Tribunal Supremo.
No obstante, Cristian Corvillo precisó ante Pedraz que aquellos negocios no habían llegado a fructificar.
La UCO también reclama documentación a Adif
El operativo incluye un requerimiento de información al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes.
Esta diligencia se suma a los registros realizados en las cuatro provincias donde se ha desplegado la Guardia Civil.
El caso comenzó con la investigación de presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, pero posteriormente se amplió a otros posibles delitos.
Entre las líneas de investigación abiertas figuran los supuestos amaños de contratos de obra pública y los pagos en metálico realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 para reintegrar gastos previamente anticipados.
Esta última cuestión se investiga también en una pieza separada declarada secreta.
Una investigación que continúa tras la condena del Supremo
La nueva operación se produce cuando el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia sobre una parte de los hechos investigados en el caso Koldo.
La Sala de lo Penal condenó a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y seis meses.
Este último evitó ingresar en prisión gracias a su colaboración con la Justicia, con la condición, entre otras, de no volver a delinquir.
El Supremo asumió el enjuiciamiento de aquella parte de la causa debido a la condición de diputado aforado que mantenía Ábalos cuando se acordó la apertura del juicio oral.
Sin embargo, la sentencia no puso fin a las restantes investigaciones que continúan en la Audiencia Nacional.
