La evolución favorable de un preso no basta, por sí sola, para abrirle las puertas del tercer grado. Y mucho menos cuando sobre sus espaldas pesan condenas por algunos de los crímenes más graves de ETA.
Ese es el criterio que ha aplicado el magistrado José Luis Castro, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, al revisar los beneficios penitenciarios concedidos a tres antiguos miembros de la organización terrorista.
En tres autos diferentes, el magistrado ha estimado los recursos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ha revocado el régimen de semilibertad autorizado para Soledad Iparraguirre, conocida como «Anboto», así como los terceros grados concedidos a Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria.
Las tres decisiones tienen un denominador común: la gravedad de los delitos cometidos, la necesidad de acreditar una evolución penitenciaria suficientemente consolidada y la exigencia de que cualquier flexibilización del régimen de cumplimiento esté respaldada por circunstancias objetivas.
No obstante, las consecuencias son distintas. Mientras que a «Anboto» se le deniega la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, Olarra Guridi y Aguirregabiria conservarán el régimen de semilibertad previsto en ese precepto, pero no podrán acceder, por ahora, al tercer grado.
«Anboto»: sin cambios que justifiquen la semilibertad
El caso de Soledad Iparraguirre presenta una particularidad: no es la primera vez que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria rechaza flexibilizar su régimen de cumplimiento.
La antigua dirigente de ETA, cuya fecha de licenciamiento definitivo está fijada para septiembre de 2034, había sido propuesta nuevamente por la Junta de Tratamiento para acogerse al régimen contemplado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Este mecanismo permite combinar elementos de distintos grados penitenciarios para adaptar el cumplimiento de la condena a las necesidades individuales del tratamiento. No equivale, por tanto, a una clasificación en tercer grado.
Pero el magistrado considera que la nueva propuesta no aporta razones sustancialmente diferentes de las que ya fueron examinadas y rechazadas anteriormente.
La Administración Penitenciaria había incorporado una actividad de voluntariado como elemento favorable para justificar la medida. Sin embargo, el juez entiende que ese dato, por sí solo, resulta insuficiente.
Lo determinante no es únicamente que la interna participe en actividades consideradas positivas, sino que existan cambios relevantes en su evolución penitenciaria que permitan revisar una decisión judicial anterior.
Y esos cambios, según Castro, no se han acreditado.
«El nuevo acuerdo de la Junta de Tratamiento del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario carece, como señala el Ministerio Fiscal, de la novedad cualificada exigible para legitimar una nueva reconsideración del asunto en un plazo temporal tan reducido», concluye el auto.
La resolución insiste, además, en la extraordinaria gravedad de los delitos por los que fue condenada y en el tiempo que todavía le resta para extinguir definitivamente sus penas.
En consecuencia, el juez vuelve a cerrar la puerta a la semilibertad de la antigua dirigente terrorista.
Olarra Guridi: 10 asesinatos consumados y 144 frustrados
La situación de Juan Antonio Olarra Guridi es diferente.
En su caso, el magistrado reconoce expresamente que existe una evolución penitenciaria positiva. El problema es otro: considera que todavía no ha transcurrido tiempo suficiente para comprobar que esa mejoría tiene la consistencia necesaria para justificar el tercer grado.
Olarra Guridi fue condenado por 10 asesinatos consumados y 144 asesinatos frustrados, un historial delictivo que el juez considera especialmente relevante a la hora de valorar su progresión penitenciaria.
En julio de 2025 se le había autorizado la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una fórmula que permite flexibilizar determinadas condiciones de cumplimiento sin modificar formalmente el grado de clasificación.
El Gobierno vasco decidió posteriormente concederle el tercer grado.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió esa decisión y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le ha dado la razón.
Para Castro, el tiempo transcurrido desde la concesión del artículo 100.2 resulta relativamente corto para dar un nuevo paso hacia un régimen de mayor libertad.
El magistrado no cuestiona que existan factores favorables en la trayectoria reciente del recluso. Lo que pone en duda es que estén suficientemente consolidados.
Y establece una distinción fundamental: una evolución positiva puede justificar determinadas medidas de flexibilización, pero no conduce automáticamente a la progresión al tercer grado.
En esa valoración deben ponderarse conjuntamente las circunstancias del tratamiento penitenciario, el cumplimiento efectivo de la condena y la satisfacción de la responsabilidad civil derivada de los delitos.
Este último elemento adquiere especial importancia por su vinculación con la reparación de las víctimas.
Olarra Guridi tiene previsto su licenciamiento definitivo el 7 de septiembre de 2032.
El juez entiende que, dadas las circunstancias, debe mantenerse por ahora el régimen del artículo 100.2.
Lo justifica recordando que los delitos de terrorismo «constituyen una de las formas más graves de delincuencia contra las víctimas, los derechos fundamentales de las personas y el propio sistema democrático».
La conclusión judicial no supone negar su evolución favorable, sino considerar prematuro el acceso al tercer grado.
Aguirregabiria: revocado el tercer grado del asesino de un gendarme francés
La tercera resolución afecta a Arkaitz Aguirregabiria, condenado por 38 delitos de terrorismo.
Entre ellos figura el asesinato de Jean-Serge Nérin, el gendarme francés que murió a manos de ETA, un crimen que forma parte de los episodios más graves de la actividad de la organización terrorista en territorio francés.
Como en el caso de Olarra Guridi, el Gobierno vasco había acordado su progresión al tercer grado, una decisión que fue impugnada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El magistrado José Luis Castro ha estimado el recurso y ha dejado sin efecto esa clasificación.
No obstante, Aguirregabiria podrá continuar acogido al régimen de flexibilización del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
La distinción resulta esencial desde el punto de vista jurídico.
El tercer grado supone la clasificación penitenciaria en régimen abierto, mientras que el artículo 100.2 permite introducir determinadas condiciones propias de otros grados sin que el interno abandone necesariamente su clasificación anterior.
Por tanto, la revocación acordada por el juez no implica, en estos dos últimos casos, suprimir todas las medidas de flexibilización de las que disfrutaban los presos.
Lo que impide es que den, de momento, el salto al régimen abierto.
La gravedad de los crímenes y la evolución penitenciaria, bajo examen
Las tres resoluciones vuelven a situar en el centro del debate los requisitos que deben cumplir los condenados por terrorismo para acceder a regímenes penitenciarios menos restrictivos.
El artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permite diseñar modelos individualizados de cumplimiento, pero su aplicación exige una justificación tratamental específica y el correspondiente control judicial.
Por su parte, la progresión al tercer grado requiere una valoración global de la evolución del interno y de las circunstancias legalmente relevantes.
El mensaje que se desprende de los autos es que la progresión penitenciaria no puede convertirse en una sucesión automática de beneficios por el mero transcurso del tiempo o por la existencia de determinados indicadores positivos.
Tampoco la gravedad de los delitos constituye, por sí sola, una prohibición general de progresar de grado. Pero sí es una circunstancia que debe ponderarse junto con los restantes factores que exige la legislación penitenciaria.
En los casos de Olarra Guridi y Aguirregabiria, el juez considera que la flexibilización actual puede mantenerse, aunque todavía no concurren razones suficientes para dar el siguiente paso.
Para «Anboto», ni siquiera aprecia elementos nuevos que permitan revisar la anterior negativa.
Tres decisiones distintas, pero un mismo criterio de fondo: cualquier avance hacia un régimen de mayor libertad debe estar suficientemente justificado, especialmente cuando se trata de condenados por delitos de terrorismo de extrema gravedad.
