Delcy Rodríguez ha pasado de la advertencia a los hechos. La presidenta encargada de Venezuela ha interpuesto una querella contra el empresario Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias graves con publicidad.
El motivo son las declaraciones que hizo en dos programas de televisión, en las que la situó como la persona que le entregó un sobre con documentación sobre una supuesta financiación irregular del PSOE.
No es un movimiento inesperado. En julio, Rodríguez ya había pedido un acto de conciliación para que Aldama se retractara, y avisó de que acudiría a la vía penal si no lo hacía. La querella la dio a conocer este lunes ILOCAD, el despacho del exmagistrado Baltasar Garzón.
Dos entrevistas, un sobre
El escrito se centra en dos intervenciones televisivas concretas. Son la entrevista concedida el 4 de febrero de 2026 a ‘Diario de la Noche’, de Telemadrid, y la del día siguiente en ‘Horizonte’, emitido en Cuatro y en la plataforma Mediaset Infinity.
Según la querella, Aldama habló en ellas de un sobre con el logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Ese sobre contendría documentación sobre hechos que se investigan judicialmente en relación con presuntas irregularidades en la financiación del PSOE.
El empresario vinculó además ese contenido con supuestas operaciones de cupos de petróleo y con un posible uso irregular de los beneficios de su venta.
La respuesta de la querellante es una negativa sin matices. Rodríguez sostiene que nunca supo que el sobre existía ni conoció su contenido, y que nunca se lo entregó a Aldama.
El recorrido del sobre en la Audiencia Nacional
El documento ya formaba parte de dos causas. Aldama lo mencionó por primera vez el 29 de enero, cuando declaró como investigado ante el magistrado Santiago Pedraz en el llamado ‘caso hidrocarburos’. Allí explicó que la información tenía relación con ese sector.
La Fiscalía Anticorrupción se interesó por el contenido, y el empresario le propuso alcanzar un acuerdo antes de dar más detalles.
En marzo, Aldama entregó el sobre al juez Ismael Moreno, instructor del ‘caso Koldo’, a petición de este. Lo aportó a la pieza secreta en la que se investigan los pagos en metálico del PSOE para reembolsar gastos adelantados. Según su versión, el sobre se lo habría dado la propia dirigente venezolana y contendría información sobre la financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.
El sello, en disputa
El punto en el que más chocan las versiones es el sello de recepción. La querella subraya que el sobre no contiene ninguna prueba de que Rodríguez fuera quien lo entregó. Según la imagen que ha circulado en varios medios, el sobre habría sido recibido en febrero de 2020 con un sello estampado por un funcionario, y en ese sello no aparece el apellido de Aldama.
El escrito añade que el empresario lo habría mantenido oculto hasta 2026.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hace una lectura distinta. Los investigadores recogieron que Aldama dejó en manos de su socio Luis Alberto Escolano “documentación sensible” relacionada con PDVSA.
En una fotografía que Escolano reenvió al empresario se ve, en la parte inferior del sobre, un sello de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Según la UCO, ese sello “indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”.
La defensa de Rodríguez insiste además en que no hay información sobre la trazabilidad del documento ni sobre dónde estuvo desde su supuesta recepción hasta que se conoció su existencia.
Difusión y pretensiones
El escrito recuerda que distintos medios hablan del sobre desde noviembre de 2024 y publican su imagen desde 2025.
Según la querella, eso y las declaraciones televisivas de Aldama han atribuido a Rodríguez, “falsa y públicamente”, “una participación en hechos presuntamente delictivos que no le corresponde”.
Añade que la dirigente no está investigada en el procedimiento al que se refirieron las entrevistas.
Como prueba, la querella pide que se requieran a Telemadrid y a Cuatro las grabaciones completas de las entrevistas emitidas los días 4 y 5 de febrero. También solicita que declare Aldama.
Los abogados recuerdan que el delito de injuria castiga “la imputación de hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. En este caso se agrava por su difusión en medios de comunicación.
Al tratarse de injurias con publicidad, la pena posible es una multa de seis a catorce meses.
