Iustitia Europa ha recurrido este martes ante el Tribunal Supremo su decisión de permitir que los hijos de los nacionalizados por la llamada «ley de nietos» puedan votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación advierte de que esos sufragios podrían resultar determinantes en circunscripciones donde la diferencia para adjudicar el último escaño sea reducida y alterar, por tanto, la composición del Congreso de los Diputados.
El recurso, presentado por Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, cuestiona el auto dictado este lunes, 9 de noviembre, por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal.
En aquella resolución, el Supremo rechazó extender a los descendientes las medidas cautelares que ya había adoptado respecto de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de determinados españoles nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática.
La decisión afecta a un colectivo de 189.678 personas, aunque esa cifra incluye también a descendientes de quienes adquirieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica de 2007, por lo que no todas las inscripciones están necesariamente vinculadas a las nacionalizaciones cuestionadas en el procedimiento.
Una rectificación posterior del censo podría llegar demasiado tarde
El argumento central del recurso es que una futura sentencia favorable a Iustitia Europa podría resultar ineficaz si las elecciones ya se han celebrado y los sufragios controvertidos se han incorporado al escrutinio.
Pardo sostiene que rectificar el censo después de las elecciones no garantizaría que pudieran corregirse las posibles consecuencias de esos votos sobre la distribución de los escaños.
El abogado considera que este riesgo debería prevalecer frente a las dificultades administrativas que el Tribunal Supremo ha invocado para rechazar la ampliación de las medidas cautelares.
A su juicio, el tribunal no ha explicado suficientemente por qué no podrían realizarse comprobaciones urgentes para identificar a los afectados antes de la votación.
La formación sostiene que los requerimientos inmediatos a la Administración y el examen sucesivo de la documentación permitirían determinar qué inscripciones podrían estar afectadas por las medidas cautelares ya acordadas.
El voto particular del magistrado Fonseca-Herrero
Para reforzar su posición, Iustitia Europa se apoya en el voto particular formulado por Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
El juez discrepó de la decisión mayoritaria porque consideró que debía haberse aceptado la ampliación de las medidas cautelares.
Fonseca-Herrero entendió que existían mecanismos para identificar y comprobar las inscripciones controvertidas mediante la documentación disponible sobre los progenitores.
También advirtió de las dificultades de reparar posteriormente los efectos electorales de unos votos ya contabilizados.
Pardo hace suyo este razonamiento y reprocha a la mayoría del tribunal que haya dado prioridad a las dificultades administrativas sin justificar suficientemente la imposibilidad de efectuar esas comprobaciones.
El último escaño puede depender de unos pocos votos
Otro de los aspectos destacados del recurso es la posible repercusión territorial de las inscripciones controvertidas.
Iustitia Europa considera que no basta con examinar el volumen global de los electores afectados. Es necesario conocer también cómo se distribuyen entre las distintas circunscripciones provinciales.
La formación argumenta que un número relativamente pequeño de votos podría ser decisivo en aquellas provincias donde el último escaño se adjudique por diferencias estrechas.
Ese eventual cambio podría repercutir en la composición de las Cortes Generales y en las mayorías parlamentarias resultantes de las elecciones.
Por ello, Pardo reclama que se identifique a los electores afectados, se determine la vía por la que sus progenitores obtuvieron la nacionalidad española y se precise en qué circunscripciones están inscritos.
El partido también rechaza que los bajos porcentajes de participación registrados en anteriores elecciones entre los residentes en el extranjero permitan descartar una incidencia significativa en los resultados del 29 de noviembre.
Considera que las cifras históricas de participación no permiten anticipar cuántas personas votarán en esta convocatoria.
El Supremo prioriza la seguridad jurídica del proceso electoral
El auto recurrido, dictado el lunes, reconoce la relación entre las inscripciones de los progenitores afectados por las medidas cautelares y las de sus hijos.
Sin embargo, la mayoría de los magistrados considera que extender ahora la suspensión podría comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral, dada la proximidad de la votación.
La Sala entiende que las dificultades para identificar individualmente a los afectados y ejecutar las comprobaciones necesarias podrían provocar una perturbación grave de los intereses generales.
Como informó ayer Confilegal, el tribunal mantuvo las suspensiones cautelares previamente acordadas respecto de determinados nacionalizados, pero rechazó ampliarlas al colectivo de descendientes.
La decisión no resuelve definitivamente la legalidad de las inscripciones cuestionadas, que deberá examinarse cuando se dicte sentencia sobre el fondo del recurso.
Iustitia Europa propone custodiar los votos sin incorporarlos al escrutinio
Entre las medidas planteadas por la formación figura una solución alternativa: permitir que los electores afectados depositen sus votos, pero mantener esos sufragios separados y bajo custodia hasta que se compruebe su situación censal.
De esta manera, sostiene Iustitia Europa, podría evitarse su incorporación al escrutinio mientras continúan las verificaciones administrativas.
El partido reclama también que la Oficina del Censo Electoral y los organismos administrativos competentes identifiquen individualmente a los electores afectados y la vía de adquisición de la nacionalidad de sus progenitores. theobjective.com
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este martes que su formación estudiará la resolución del Tribunal Supremo y solicitará aclaraciones.
La controversia se produce a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, con una cuestión todavía pendiente de resolución definitiva: si las inscripciones censales discutidas se ajustan a la legislación española y qué efectos electorales deben producir mientras se resuelve el procedimiento.
