La Audiencia Nacional concede al BBVA y a Francisco González 60 días para defenderse por el caso Villarejo, seis veces el plazo ordinario
Sesenta días hábiles para preparar la defensa. Seis veces más de lo que establece, con carácter general, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Ese es el plazo extraordinario que la Audiencia Nacional ha concedido al BBVA, a su expresidente Francisco González y al resto de los acusados en la pieza 9 del caso Tándem, hasta el próximo 9 de febrero de 2027.
La decisión, adoptada después de que varias defensas denunciaran dificultades para consultar el voluminoso expediente electrónico, refleja la complejidad de una investigación iniciada en 2017 y la necesidad de garantizar que los acusados puedan preparar adecuadamente su defensa.
La resolución fue dictada el 9 de noviembre por Monserrat Aguilera Lara, letrada de la Administración de Justicia de la Sección de Instrucción, plaza número 6, del Tribunal Central de Instancia.
El artículo 784.1 de la LECrim establece un plazo ordinario de diez días hábiles para presentar el escrito de defensa. La ampliación concedida en este caso multiplica por seis ese periodo y responde a las circunstancias excepcionales del procedimiento.
La oficina judicial pretende conciliar dos exigencias: garantizar el derecho de defensa y evitar nuevas dilaciones en una causa que lleva casi una década abierta.
La investigación se centra en los encargos presuntamente ilegales realizados desde el BBVA al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.
El pasado 9 de julio, el magistrado Antonio Piña acordó la apertura de juicio oral contra la entidad financiera, Francisco González y otras 14 personas por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
Sin embargo, la preparación del juicio ha tropezado con un problema: las dificultades para consultar miles de actuaciones y numerosos archivos digitales.
Las defensas denunciaron documentos inaccesibles
Las defensas denunciaron documentos inaccesibles
La diligencia responde a los escritos presentados entre julio y octubre por las representaciones del BBVA, Francisco González, Eduardo Ortega Martín, Antonio Béjar González y Eduardo Arbizu Lostao.
Todas solicitaron ampliar el plazo para formular sus defensas hasta disponer de acceso íntegro a las actuaciones.
Las incidencias denunciadas afectaban a documentos aparentemente desaparecidos, archivos difíciles de localizar, grabaciones y materiales digitales que algunas defensas aseguraban no poder consultar correctamente.
La oficina judicial ha revisado individualmente numerosas referencias del expediente. El resultado ocupa buena parte de las 14 páginas de la resolución.
En muchos casos, concluye que los documentos supuestamente ausentes corresponden a saltos en la numeración de la aplicación Horus, sin contenido asociado.
En otros, los archivos estaban incorporados, aunque ubicados en rangos diferentes de los consultados inicialmente.
También identifica determinadas referencias inexistentes en las aplicaciones Atenea y Horus y documentos incorporados por error.
Los correos electrónicos de Antonio Béjar
Una de las cuestiones examinadas afecta al acceso a los correos electrónicos de Antonio Béjar, antiguo directivo del BBVA.
La diligencia recuerda que esta controversia ya fue resuelta parcialmente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Mediante el auto 132/2022, de 24 de marzo, estimó un recurso de Béjar y reconoció a su representación el acceso a doce cuentas de correo electrónico, con determinadas cautelas.
Otras resoluciones posteriores regularon el acceso a sus correos y agendas y la consulta de los mensajes seleccionados por las restantes partes.
La oficina judicial remite ahora a aquellas decisiones.
También responde a las dificultades técnicas planteadas por Eduardo Arbizu, precisando dónde se encuentran determinados documentos y cómo acceder a archivos comprimidos o protegidos.
Un plazo extraordinario para garantizar el derecho de defensa
La conclusión de la diligencia es determinante.
La oficina judicial considera que la documentación de la causa está correctamente incorporada y resulta accesible a través de Cloud Justicia.
No obstante, reconoce la extraordinaria complejidad del procedimiento y concede 60 días hábiles para presentar los escritos de defensa y proponer las pruebas.
La ampliación resulta especialmente significativa porque el artículo 784.1 de la LECrim contempla, como regla general, un plazo común de diez días para que los acusados contesten a las acusaciones.
En este caso, las defensas dispondrán de seis veces más tiempo del previsto ordinariamente por la ley.
La decisión se justifica por el volumen de las actuaciones, las incidencias denunciadas en el acceso al expediente electrónico y la necesidad de preservar el derecho de defensa.
El 9 de febrero de 2027 será, por tanto, una fecha clave. Para entonces, las defensas deberán haber presentado sus escritos de contestación a las acusaciones y sus propuestas de prueba.
La resolución no modifica las acusaciones ni fija todavía fecha para el juicio oral. Contra ella cabe recurso de reposición en el plazo de tres días.
La Audiencia Nacional establece así un nuevo límite temporal para avanzar hacia el enjuiciamiento de una de las piezas más relevantes del caso Villarejo, después de casi una década de investigación.
