Son cinco palabras, escritas en mayúsculas: “Los jueces elegirán a los jueces”. Con ellas arranca la medida 72 del programa con el que el Partido Popular concurre a las generales del 29 de noviembre. El compromiso que contiene es preciso.
Los 12 vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los votarán jueces y magistrados de todas las categorías. Las Cortes, que hoy los designan, quedarían fuera de esa elección.
No es una medida aislada. Pertenece a un apartado cuyo título ya marca el tono, “El poder no controlará a quien lo vigila”: ocho medidas, de la 67 a la 74, sobre el Constitucional, la Fiscalía, el CGPJ, la protección de los jueces y la Abogacía del Estado.
Alberto Núñez Feijóo presentó ayer en Madrid el documento completo, “La Reconstrucción Nacional”, con 249 medidas en cuatro ejes. Le acompañó la vicesecretaria Alma Ezcurra, que ha coordinado su redacción.
Doce más ocho
El número de vocales no cambia: seguirían siendo veinte. Lo que cambia es quién los elige. Doce saldrían de una votación en la carrera judicial. Los ocho juristas de reconocida competencia seguirían en manos de las Cortes, que conservarían la “evaluación pública de méritos”.
Hay dos novedades más. La incompatibilidad por haber ocupado cargos políticos en los cinco años previos se extendería a todos los vocales.
Y el programa promete adaptar la renovación “para impedir que el bloqueo parlamentario paralice el Consejo”. Esa frase tiene historia: entre 2018 y 2024 el órgano pasó casi seis años en funciones, sin que el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo para renovarlo. El programa no explica con qué mecanismo se evitaría que vuelva a ocurrir.
La medida 72 llega también al Supremo. Sus plazas se cubrirían por concurso reglado de méritos, con decisiones motivadas y públicas. El tiempo en servicios especiales por ocupar cargos políticos dejaría de contar para los veinte años de antigüedad mínima.
Y quien haya pasado de la toga a la política tendría que esperar cinco años desde su cese para volver a juzgar o a acusar.
Un fiscal general a cinco años
Para la Fiscalía, el PP promete un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. El fiscal general tendría un mandato único de cinco años y no cesaría con el Gobierno que lo propuso, como recomienda la Comisión Europea, según el propio programa. Para nombrarlo haría falta un informe del CGPJ sobre su idoneidad, “preceptivo y vinculante”. Si fuera procesado, cesaría de forma “inmediata y automática”.
El texto no menciona a nadie. Aun así, esta última previsión remite inevitablemente al caso de Álvaro García Ortiz.
En el funcionamiento interno, el Consejo Fiscal ganaría peso: revisaría las órdenes controvertidas y tendría que respaldar nombramientos y ascensos. La Fiscalía gestionaría su propio presupuesto. Y las comunicaciones con el Gobierno serían escritas y públicas, salvo las materias que la ley reserva.
El Constitucional, con límites
La propuesta con más consecuencias jurídicas está en la medida 69. El PP sostiene que el Constitucional “no será una segunda instancia sobre el Tribunal Supremo”. El amparo seguiría protegiendo los derechos fundamentales, pero no podría usarse para revisar otra vez cómo interpreta el Supremo la legalidad ordinaria.
Para conseguirlo habría que reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la legislación procesal.
El resto del bloque fija plazos y exigencias de transparencia. Los recursos contra leyes que afecten a derechos fundamentales tendrían que resolverse en 90 días. El recurso previo de inconstitucionalidad se ampliaría a las leyes orgánicas sobre los poderes del Estado.
Se publicarían los asuntos pendientes, las normas de reparto y el voto de cada magistrado una vez dictada la resolución. El tribunal tendría seis meses para aprobar un código ético con consecuencias para las filtraciones.
Ningún candidato podría haber ocupado cargos políticos en el último lustro. Y ningún magistrado podría pronunciarse sobre una norma que haya redactado o impulsado desde el Gobierno.
Completan el apartado más protección penal para los jueces frente a amenazas, coacciones e injurias graves, sanciones administrativas para las intimidaciones que no sean delito y la prohibición de que las Cámaras los citen para explicar sus resoluciones.
La Abogacía del Estado, por su parte, tendría que justificar expresamente el interés general antes de actuar en nombre de un miembro del Gobierno.
Una promesa que vuelve
El compromiso de que los jueces elijan a los jueces ya figuraba en el programa de 2023. También en el de 2011, con el que el PP ganó por mayoría absoluta.
Aquella legislatura terminó, sin embargo, con la reforma de 2013, que mantuvo la designación parlamentaria. Es el argumento que sus adversarios siguen usando para cuestionar la credibilidad de la promesa.
El pacto con el PSOE de junio de 2024, firmado en Bruselas con la Comisión Europea como mediadora, permitió renovar el Consejo. La Ley Orgánica 3/2024, que salió de ese acuerdo, encargó al nuevo CGPJ una propuesta de reforma.
El Pleno la aprobó por unanimidad en febrero de 2025, con varias alternativas: unas con intervención del Parlamento y otras sin ella. Ninguna ha prosperado desde entonces. El PP ha registrado su propio modelo en el Congreso y en el Senado.
La carrera judicial no está unida en esto. Gran parte de la doctrina y de las asociaciones defiende la elección entre pares. Juezas y Jueces para la Democracia sostiene lo contrario: que la legitimidad democrática de un órgano constitucional pasa por las Cortes.
Hay además un obstáculo aritmético. Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial exige mayoría absoluta en el Congreso. Sin ella, la medida 72 seguirá siendo lo que es hoy: una promesa electoral.
