La Cámara de Comercio de Ceuta ha cuantificado en 198,41 millones de euros el deterioro reputacional sufrido por la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes de los pasados 30 y 31 de julio. La cifra figura en los informes económicos remitidos a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga las circunstancias en las que se produjo aquella crisis.
La documentación, de unas 200 páginas, responde a un requerimiento judicial y pretende determinar las consecuencias económicas de unos acontecimientos que, según la entidad cameral, han perjudicado gravemente al comercio, la hostelería, el turismo y la actividad portuaria.
El daño reputacional no equivale a pérdidas contables efectivamente registradas. Se trata de una estimación del deterioro de la confianza y de la capacidad de Ceuta para atraer visitantes, inversiones y actividad empresarial.
Los informes, elaborados desde agosto, también calculan que el impacto económico acumulado entre el 30 de julio y el 30 de septiembre se situó entre 65,55 y 74,34 millones de euros.
Las cifras forman parte de las diligencias que desarrolla Tardón para esclarecer los acontecimientos de finales de julio, investigados por un presunto delito contra la paz y la independencia del Estado.
El puerto podría perder hasta 88,90 millones al finalizar el año
Uno de los sectores más afectados es el portuario, especialmente relevante para la economía ceutí.
La Cámara estima que la reducción de actividad en el puerto podría ocasionar pérdidas de entre 53,63 y 88,90 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2026.
La horquilla se basa en dos escenarios que contemplan descensos de entre el 30 % y el 50 % de la actividad económica expuesta a los efectos de la crisis.
La entidad precisa que estas previsiones no implican la desaparición completa del bunkering, actividad consistente en el suministro de combustible a los buques, ni del resto de los servicios portuarios.
Las estimaciones contemplan, por tanto, una contracción de la actividad y no su paralización total.
La Cámara advierte de que estas consecuencias se producen en una economía que todavía no habría recuperado los niveles de actividad anteriores a julio.
Las previsiones portuarias hasta diciembre no deben añadirse automáticamente a las pérdidas contabilizadas hasta septiembre, porque corresponden a periodos de referencia diferentes y podrían incluir conceptos coincidentes.
Las primeras semanas dejaron pérdidas de 33 millones
El primer informe elaborado por la Cámara, con datos cerrados al 31 de agosto, ya había situado en 33,04 millones de euros el impacto económico directo de la crisis.
La cantidad incluía los perjuicios derivados de la interrupción inicial de la actividad, la cancelación de las Fiestas Patronales y la reducción del consumo durante agosto.
Posteriormente, la entidad amplió el análisis hasta finales de septiembre, incorporando las consecuencias sobre el comercio, los servicios y las actividades vinculadas al puerto.
El resultado fue una valoración acumulada de entre 65,55 y 74,34 millones de euros en apenas dos meses.
Esta última estimación representa, como referencia de magnitud, entre el 3,53 % y el 4 % del PIB anual de Ceuta, aunque no significa que el producto interior bruto se haya reducido contablemente en esa proporción.
La suspensión de las Fiestas Patronales supuso un impacto de 10,25 millones
La documentación también examina las consecuencias de la cancelación de las Fiestas Patronales, uno de los principales acontecimientos económicos y sociales del verano ceutí.
La Cámara estima en 10,25 millones de euros la actividad económica vinculada a las celebraciones.
De esa cantidad, 7,22 millones correspondían al recinto ferial y su organización.
El resto se distribuía entre el gasto turístico de los visitantes, valorado en 822.500 euros; el comercio y los servicios locales, con 1,61 millones; la hostelería exterior al recinto, con 490.959 euros, y el servicio de taxi, con 102.700 euros.
Estas cantidades ya forman parte de las primeras estimaciones de impacto económico realizadas por la entidad cameral.
La valoración económica se incorpora a la investigación judicial
La documentación remitida por la Cámara de Comercio tiene interés para la instrucción porque permite examinar las consecuencias económicas de los acontecimientos investigados.
La jueza Tardón trata de determinar si la entrada masiva de migrantes respondió a actuaciones organizadas y si existieron conductas destinadas a comprometer la seguridad y la capacidad de respuesta de las autoridades españolas.
La cuantificación de los perjuicios puede contribuir a dimensionar las consecuencias de los hechos, pero no acredita por sí misma la existencia de un delito ni identifica a sus responsables.
La investigación ha avanzado este jueves con la citación como investigado del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que deberá declarar el próximo 18 de noviembre.
Con los informes económicos incorporados a las actuaciones, la Audiencia Nacional dispone ahora de una valoración del impacto de la crisis sobre la actividad empresarial y la imagen de Ceuta, cuya relevancia jurídica deberá determinarse durante la instrucción.
