La Fiscalía Europea ha dado un nuevo paso en la investigación sobre el posible uso fraudulento de fondos comunitarios destinados a financiar las pulseras telemáticas que permiten controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género.
Así pues, este jueves, 12 de noviembre, ha practicado diligencias en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Las actuaciones están dirigidas por la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid y forman parte de una investigación penal iniciada en 2025, según ha confirmado la propia institución en un comunicado difundido desde Luxemburgo.
La investigación se centra en un presunto fraude que afectaría a fondos de la Unión Europea utilizados para adquirir dispositivos de seguimiento telemático de agresores, empleados tanto para supervisar medidas cautelares como para controlar el cumplimiento de condenas judiciales.
La Fiscalía Europea no ha identificado a posibles investigados ni ha precisado el importe económico que podría estar afectado. Tampoco ha detallado las diligencias concretas realizadas en las dos instituciones.
El Tribunal de Cuentas ya había detectado graves deficiencias
La intervención de la Fiscalía Europea se produce apenas siete semanas después de que el Tribunal de Cuentas hiciera público, el 23 de septiembre, un informe especialmente crítico sobre la contratación y ejecución del servicio de pulseras antimaltrato.
El órgano fiscalizador examinó los contratos suscritos por el Ministerio de Igualdad en 2018, 2021 y 2023, por un importe conjunto de 102,6 millones de euros.
De esa cantidad, 42,6 millones correspondían al contrato de 2023, financiado parcialmente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El informe identificó problemas en la planificación de los contratos, deficiencias en el seguimiento del servicio y fallos tecnológicos que afectaron a su funcionamiento.
Uno de los hallazgos más relevantes fue la falta de previsión de un plan de transición adecuado entre las empresas adjudicatarias. El cambio de proveedor provocó dificultades para acceder a información histórica de los dispositivos, lo que impidió atender 123 requerimientos judiciales pendientes.
Según el Tribunal de Cuentas, esta situación se prolongó hasta octubre de 2024, cuando el Ministerio de Igualdad puso en marcha actuaciones para abordar el problema coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía.
La fiscalización también constató interrupciones del servicio, errores de geolocalización, baterías con autonomía insuficiente y retrasos en las reparaciones.
Algunas incidencias de localización permitieron que agresores se aproximaran a sus víctimas.
El órgano fiscalizador concluyó que estas deficiencias comprometieron la efectividad del servicio durante parte del periodo examinado, aunque señaló que habían sido resueltas.
Los fondos europeos, en el centro de la investigación
La dimensión europea del asunto está relacionada con la financiación de los dispositivos mediante recursos del mecanismo de recuperación de la Unión Europea.
La adquisición de estas pulseras figura entre las actuaciones vinculadas al hito 472 del Plan de Recuperación español.
Este compromiso había llamado la atención de la Comisión Europea en noviembre de 2025, cuando el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó que Bruselas examinaría los problemas detectados en el funcionamiento del sistema.
En aquel momento, el comisario señaló que el cumplimiento del hito sería evaluado dentro del procedimiento de desembolso de los fondos europeos, a partir de las pruebas presentadas por las autoridades españolas.
Por su parte, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió mantener abiertas, en marzo de 2026, dos peticiones sobre las deficiencias de las pulseras.
Habían sido promovidas por la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID). Ambas reclamaciones planteaban la necesidad de esclarecer los problemas detectados y su posible relación con el empleo de recursos comunitarios.
De los fallos técnicos a las posibles responsabilidades penales
La intervención de la Fiscalía Europea introduce una dimensión distinta a las investigaciones y controles realizados hasta ahora.
Esta institución, independiente de las fiscalías nacionales, tiene encomendada la investigación y persecución de los delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión Europea.
Su actuación puede comprender posibles fraudes relacionados con fondos comunitarios y otras conductas delictivas que afecten al presupuesto europeo.
En este caso, el objeto de las pesquisas es determinar si existió un uso fraudulento de los recursos destinados a financiar los dispositivos de protección de las víctimas de violencia de género.
El alcance concreto de las posibles irregularidades todavía no se ha hecho público.
La Fiscalía Europea tampoco ha informado de si las diligencias afectan a responsables administrativos, empresas adjudicatarias u otras personas.
