Leire Díez, investigada en la Audiencia Nacional por su presunta participación en una trama destinada a interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, asegura que intermediarios vinculados al Partido Popular le ofrecieron dos millones de euros y hacerse cargo de su defensa jurídica a cambio de fabricar acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La exmilitante socialista formula esta acusación en su libro Desmontando las cloacas: Diez años de policías, fiscales y periodistas en el archivo de Patricia López, una obra de más de 400 páginas en la que ofrece su versión sobre las actuaciones que la han situado en el centro de varias investigaciones judiciales.
Según el contenido del libro, la propuesta económica habría llegado acompañada de advertencias sobre su situación procesal y promesas de ayuda para quienes aceptaran participar en la operación.
Díez sostiene que rechazó la oferta y afirma que dispone de testigos y mensajes que respaldan su relato, aunque reconoce que no existen contratos, facturas ni transferencias bancarias porque, según su versión, nunca llegó a aceptar el acuerdo.
Por el momento, no consta que un órgano judicial haya acreditado la existencia de esa oferta ni su vinculación con el Partido Popular.
Dos millones para Leire Díez, uno para Koldo García
La exmilitante socialista establece un paralelismo entre su experiencia y la relatada por Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, condenado por el Tribunal Supremo a 19 años y ocho meses de prisión en el conocido como «caso mascarillas».
Según Díez, a Koldo le ofrecieron sufragar su defensa y entregarle un millón de euros adicional a cambio de formular acusaciones falsas contra Sánchez.
En su caso, asegura que la cantidad ascendía a dos millones de euros, además del pago de sus gastos de defensa.
La autora mantiene que el objetivo era idéntico en ambos casos: conseguir declaraciones perjudiciales para el presidente del Gobierno, aunque no respondieran a hechos reales.
En el libro relata que quienes trasladaron la propuesta también hicieron referencia a su situación judicial y a las posibles ventajas que podría obtener si aceptaba colaborar.
La cuestión adquiere relevancia jurídica porque, de demostrarse una operación destinada a obtener acusaciones falsas mediante compensaciones económicas, habría que examinar tanto la finalidad de esos ofrecimientos como las conductas concretas de las personas implicadas.
Sin embargo, la existencia de una propuesta de estas características no puede darse por acreditada únicamente a partir del testimonio de quien afirma haberla recibido.
Abogados e intermediarios sin vinculación formal acreditada con el PP
Pese a sus afirmaciones, Díez no atribuye la oferta a un representante oficial del Partido Popular.
En su relato sostiene que los contactos se realizaron a través de abogados e intermediarios que, según ella, mantenían vínculos con personas relacionadas con las denominadas «cloacas» de la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy.
Los presenta como profesionales aparentemente independientes que actuaban como transmisores de propuestas económicas y advertencias, sin revelar la identidad de quienes estaban detrás.
La propia Díez reconoce que no conoció quién habría financiado la supuesta operación.
Esta circunstancia introduce una distinción fundamental entre la acusación que formula y una eventual responsabilidad política o penal: el relato de la exmilitante socialista no acredita por sí mismo que la dirección del PP conociera, autorizara o financiara las actuaciones que describe.
La autora asegura que no existen documentos bancarios que permitan reconstruir una operación consumada, pero mantiene que cuenta con testimonios y conversaciones sobre las ayudas que se le habrían prometido.
