Los principales líderes políticos se preparan de cara a las elecciones del 28 de abril. De izquierda a derecha, Pablo Iglesias, de Unidas Podemos; Pedro Sánchez, PSOE; Albert Rivera, Ciudadanos; Pablo Casado, PP; y Santiago Abascal, Vox. Foto: Elaboración propia/EP
¿Qué proponen los partidos políticos en materia de justicia?: Elecciones generales del 28-A
El separatismo, una reforma constitucional, la modernización del poder judicial, y la violencia de género engloban buena parte de las propuestas
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10/4/2019 06:15
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Actualizado: 10/4/2019 01:03
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Los principales partidos políticos ya han publicado los que serán sus programas electorales de cara a la fecha clave, las elecciones generales del 28 de abril.
Como no podía ser de otra manera, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Vox han incluido en su programa distintas propuestas y reformas sobre el sistema judicial español.
Modificaciones o derogaciones que a día de hoy suponen intensos debates parlamentarios.
La reforma constitucional, la reforma del poder judicial, la situación en Cataluña, la modernización de las instalaciones y la violencia de género han sido temas recurrentes entre las formaciones políticas.
Reforma de la Constitución y el Tribunal Constitucional
Cada partido ha puesto sus propuestas encima de la mesa sobre una hipotética reforma constitucional. El PSOE, asegura que «culminaremos la reforma constitucional para limitar los aforamientos políticos y para impulsar la iniciativa legislativa popular, reduciendo a 300.000 las firmas necesarias para aceptarlas a trámite».
El PP, partido de Pablo Casado, también quiere desarrollar el artículo 3 de la Constitución a través de una Ley Orgánica de uso del castellano como lengua oficial del Estado, «garantizaremos su utilización en todas las comunicaciones públicas realizadas en cualquier parte del territorio nacional, sin perjuicio del empleo de las lenguas cooficiales allí donde existan».
El Partido Popular propone la vuelta a la normalidad constitucional, en referencia a la situación en Cataluña. «De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución española aplicaremos, por el tiempo que resulte inexcusable, cuantas medidas sean necesarias».
En cuanto a Ciudadanos, uno de los principales objetivos del partido naranja se centra en reformar la Constitución para suprimir el Senado y crear un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. «Sus miembros dispondrán de un voto ponderado en función de la población de la respectiva Comunidad», apuntan.
Aseguran que se garantizará un órgano de gobierno del Poder judicial independiente y sin partidismos. «Hasta que se proceda a reformar la Constitución, propondremos la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que doce de los vocales integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados».
Reformar el Tribunal Constitucional para asegurar su independencia, también es uno de los puntos clave en materia de justicia del partido. Se exigirán 25 años de ejercicio a sus miembros, con un estricto sistema de incompatibilidades que incluya el desempeño de cargos orgánicos de partido o representativos, así como altos cargos de la administración, en los cinco años previos al nombramiento.
Por último, desde Ciudadanos indican que el mandato será de 12 años con jubilación a los 75. «Se fijará un plazo máximo para que el Tribunal se pronuncie, que no podrá superar los 90 días, cuando estén afectados derechos fundamentales».
Desde Podemos, quieren «despolitizar el Tribunal Constitucional con un sistema de nombramientos en el que prime el consenso y no las cuotas partidistas. Derogaremos la «reforma exprés» de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional llevada a cabo —unilateralmente y por el procedimiento de urgencia— por el PP en 2015″.
VOX, por su parte, propone la supresión del tribunal Constitucional. «Sus funciones las asumirá una sala sexta del Tribunal Supremo».
Pacto de Estado contra la Corrupción, tipificación de referéndums ilegales y elección de los vocales jueces del CGPJ
Las reformas en materia de justicia no solo se centran en el Tribunal Constitucional o en la propia Constitución española. Las formaciones políticas explican varias de sus ideas:
Desde el Partido Socialista, la formación de Pedro Sánchez, se aboga por aprobar una «Ley contra el Fraude Fiscal para prevenir y combatir las nuevas formas de evasión, aumentaremos los activos de la Inspección de Hacienda y lucharemos contra los paraísos fiscales«.
También pretenden liderar «un Pacto de Estado contra la Corrupción, con una ley integral para prevenir y combatir la corrupción que incluya la protección del denunciante».
La eutanasia, tan debatida estos días en los medios de comunicación, también tiene reconocimiento en el programa del PSOE.
«Aprobaremos una ley para regular la eutanasia y la muerte digna, defendiendo el derecho a elegir con libertad hasta el último minuto de nuestra vida, y el derecho a recibir la mejor atención médica en su tramo más difícil».
Otro punto a tener en cuenta por parte del equipo de Sánchez, se refiere a la agilización de los expedientes judiciales: «Aprobaremos un Plan de modernización de la Justicia y de agilización de los expedientes judiciales».
Los populares proponen reformar el Código Penal para volver a tipificar como delito la convocatoria de referéndum ilegal y «reformaremos la Ley del Indulto para prohibirlo en los casos de delitos de rebelión y sedición».
Y añaden que «de esta manera, los 12 vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos directamente por los Jueces y Magistrados, fortaleciéndose así la independencia del órgano de gobierno del Poder Judicial».
También pretenden fortalecer los cuerpos nacionales de Jueces y Fiscales, «así como el de los Letrados de la Administración de Justicia, incrementando sus plantillas y siempre a través de una oposición libre y pública que garantice su independencia y capacidad técnica, con un desarrollo de carrera que reconozca su mérito y esfuerzo».
En cuanto a la prisión permanente revisable, el PP quiere reformar el Código Penal para ampliar los posibles supuestos en los que se pueda dar este caso.
En este punto, Cataluña también tiene un papel destacado. «Impulsaremos un Plan especial para abordar la situación de Jueces y Fiscales en Cataluña y otras comunidades autónomas donde resulte necesario, tanto en lo referente a su situación profesional como a su seguridad».
Desde, Ciudadanos, se proponen aprobar una nueva ley electoral para que el voto de todos los españoles valga lo mismo. Se impulsará una reforma constitucional para asegurar un régimen electoral que responda al principio de “una persona un voto.”
Además, suprimirán los aforamientos y suplicatorios de diputados y senadores, «salvo para delitos relacionados con la actividad política del parlamentario».
No se podrá indultar por delitos de corrupción, contra la Administración Pública o por violencia de género según Ciudadanos. «Despolitizaremos los indultos limitando sus razones y los tipos de delito en los que se puede aplicar. No se podrá indultar en contra de los informes técnicos del expediente ni el criterio del tribunal».
Se reformará, según este partido, la forma de elegir a los 12 vocales jueces, que será por votación directa y secreta de los 5.500 jueces, la Fiscalía General del Estado y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para asegurar su independencia.
El fiscal general del Estado deberá contar con al menos 20 años de ejercicio y no haber tenido vinculación con ningún partido ni ningún cargo político o administrativo.
Además, una Comisión del Congreso seleccionará una terna de candidatos por mayoría reforzada entre los que el Gobierno elegirá al fiscal general del Estado. «Se reforzarán los principios de mérito y capacidad en todas las plazas de la carrera fiscal».
Podemos también propone transparencia de la elección de las doce vocalías de procedencia judicial, «incluyendo la posibilidad de propuesta de candidaturas avaladas por la ciudadanía y las comparecencias públicas iguales a las de procedencia no judicial».
Añaden que «el CGPJ deberá cumplir escrupulosamente, en todos los nombramientos discrecionales, los principios de mérito, capacidad y paridad de género para compensar la actual infrarrepresentación de mujeres en la cúpula judicial».
Reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es otro de los objetivos de Pablo Iglesias. «Para reforzar su independencia a través de un sistema de elección directa por la ciudadanía. Hasta que se apruebe la necesaria reforma constitucional, mejoraremos el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y Programa para un nuevo país».
Vox, por su parte, refuerza la idea de la unidad de España. «Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales».
El Estado de las Autonomías es uno de los puntos claves en la estrategia de Vox. Se pretende «transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división».
Y añaden la supresión del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y la incorporación de ambas regiones y sus Diputaciones Forales al Régimen Común.
Modernización de las instalaciones
En cuanto a la modernización y digitalización de las instalaciones jurídicas (otro de los quebraderos de cabeza del sistema judicial español), PP, Podemos y Ciudadanos son los que ofrecen más propuestas:
El PP espera aprobar «un plan de inversiones en nuevas sedes judiciales para dignificar y mejorar los juzgados en toda España y para proteger a las víctimas en los procesos más dolorosos».
«Promoveremos la sede judicial electrónica para la atención permanente, el sistema de gestión procesal integrado, la firma electrónica y las comunicaciones telemáticas con todos los profesionales que intervienen en la justicia», señalan.
Como si de un envite se tratara, los de Pablo Casado quieren establecer «sistemas de seguimiento de los procesos judiciales para que los ciudadanos sepan en cada momento el estado de tramitación de sus causas, en qué fase procesal se encuentran, el cumplimiento de los plazos y el acceso abierto a las causas».
También hay espacio en el programa del partido de Albert Rivera para la modernización de las instalaciones judiciales. «Desarrollaremos un plan de modernización para mejorar la tecnología de la Justicia y la interconexión entre administraciones dotado con 500 millones de euros«.
«Garantizaremos la independencia y la eficacia de la Justicia asegurando su dotación de medios materiales y personales, así como fomentando la especialización. Impulsaremos un Pacto de Estado para alcanzar la media europea en medios materiales y personales», aseguran.
En cuanto a Podemos, garantizar el derecho a una Justicia de calidad es uno de los mantras del partido. «La Justicia es un servicio público de acceso universal, por lo que la Ley de Tasas Judiciales se reformará para que nadie quede fuera del sistema por motivos económicos».
Por último, según el partido, «se asignará también una dotación suficiente al sistema de asistencia jurídica gratuita, con una retribución digna para sus profesionales, y se modernizarán los Institutos de Medicina Legal y Nacional de Toxicología en reconocimiento a la labor de sus profesionales».
Independencia judicial
Desde el PP, aseguran, «preservaremos la independencia de Jueces y Fiscales reforzando las incompatibilidades que impidan la movilidad entre la política y la judicatura».
En lo que se refiere puramente al Poder Judicial, «fortaleceremos su independencia. Promoveremos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar el sentido originario del artículo 122.3 de la Constitución española«.
«Volver a prestigiar el Tribunal Supremo», es otro de los puntos de Podemos en materia de justicia. «Modernizar el acceso a la carrera judicial. Con la supresión de los aforamientos, la Sala Segunda de lo Penal tendrá menos peso. Asimismo, la aplicación estricta de los principios de mérito, capacidad y paridad de género restablecerá el prestigio perdido de todas sus salas, en especial, la Tercera».
Ciudadanos también se quiere asegurar el mérito y la capacidad, «así como la ausencia de discrecionalidad, en los nombramientos de jueces y magistrados».
Y apuntan que «todas las plazas del Poder judicial y, en particular, la de los altos cargos, se cubrirán por concurso y con baremos basados en el mérito, la capacidad, la especialización y la idoneidad».
En cuanto a las competencias autonómicas, «suprimiremos la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia».
Albert Rivera pretende también eliminar las “puertas giratorias” entre justicia y política, «imponiendo a jueces y magistrados una excedencia mínima de dos años antes de ocupar cargos políticos. Una vez producido el cese, la excedencia se extenderá por el mismo periodo».ç
Vox, el partido de Santiago Abascal también se ha mostrado partidario de una reforma del Poder judicial para «una independencia real del poder político. La totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la comunidad de la Justicia».
Ley violencia de género
La violencia de género también está muy presente en los programas electorales de los partidos.
Desde el PSOE señalan que «prestaremos especial atención y diseñaremos medidas específicas para las mujeres del ámbito rural, donde la violencia machista está con más frecuencia silenciada o invisibilizada».
Además, los socialistas quieren impulsar la reforma de la Ley de identidad de género, eliminando los requisitos ligados a diagnósticos médicos y facilitando el cambio de la mención registral al sexo y el nombre de los menores de 16 años.
Podemos es de los que más espacio dedican en su programa a la defensa de la mujer y a la propuesta de medidas contra la violencia de género. La formación morada destaca que pretenden implementar un «Plan Estatal de Lucha contra las Violencias Machistas» con una dotación anual de 600 millones de euros.
Vox propondrá «la derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños».
Con el objeto de combatir la violencia de género, la intención del PP es reformar el Código Penal para «extender los supuestos de Prisión Permanente Revisable a los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada».
La Ley de Memoria histórica y las medidas anti-okupa de Vox
Los partidos también han valorado otras situaciones, en el caso de PSOE y Vox, tienen distintas propuestas sorbe la Ley de Memoria Histórica:
Desde el PSOE se dará «un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica y a las políticas de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Aspiramos a que la Memoria Histórica se convierta en una política de Estado, como Memoria Democrática de futuro».
En cuanto a Vox, propondrán la «derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica«. Para Vox, ningún parlamento está legitimado para definir el pasado, y menos «excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones».
En cuanto a la ley de memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo, desde Vox se quiere impedir «de forma efectiva los homenajes a los asesinos, desterrando cualquier recuerdo de los criminales y honrando la memoria de todas las víctimas del terrorismo separatista e islamista».
Además, promulgarán leyes antiokupación y anti usura. «Los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar, para ello se ampliará el concepto de legítima defensa».
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