El 31 de enero, Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Abogados del Estado para hablar sobre el comunicado y la filtración del escrito a ERC

Una condición que le había impuesto ERC al PSOE para que sus 15 diputados se abstengan para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Aquello dio pie a una auténtica revuelta interna, cargada de crítica contra Bertrán Girón, y que provocó la dimisión de dos miembros del Consejo Directivo –Estrella Pardo y María del Carmen Tejera– y mensajes, como el que distribuyó Miguel Vizcaíno Calderón, uno de los abogados del Estado más veteranos y respetados dentro de la carrera, con una antigüedad de 43 años: «Jamás, ni en el régimen anterior, ni en la transición, ni en los últimos cuarenta años, hemos sufrido una agresión semejante al prestigio del Cuerpo que, desde luego, no ha sido neutralizada por un comunicado tan retraído y, si se me permite, tan pusilánime». 

El escrito de la Abogacía del Estado ha sido el puente que ha permitido que Pedro Sánchez pudiera ser investido como presidente del Gobierno el martes pasado. 

En el mencionado comunicado, el Consejo Directivo dice convocar la Asamblea con «la idea de fomentar la unidad y la defensa de los intereses corporativos y profesionales que nos corresponden como Abogados del Estado, sujetos a criterios técnico-jurídicos».

«El carácter apolítico de nuestra Asociación y el rechazo a los intentos de presiones o injerencias que pretendan desvirtuar esta función – vengan de donde vengan – constituyen principios básicos en nuestra actuación. Y, en todo caso, la defensa de la actuación profesional de nuestros compañeros», se puede leer.

Bertrán Girón, que dentro de dos meses cumple su mandato, sin duda será la diana de las críticas más duras y fuertes; no se descarta que se exija su dimisión.

El orden del día propuesto se compone de tres puntos: 1. Informe del presidente; 2. Medidas en defensa de la unidad y de los intereses corporativos de los miembros de la Asociación: (i) carácter apolítico de la Asociación, (ii) naturaleza técnico-jurídica de la función desarrollada por los Abogados del Estado, (iii) defensa de nuestra actuación profesional y (iv) rechazo de los intentos de injerencia en el ejercicio de dicha labor. Propuestas de los asociados, debate y votación. Y 3. Ruegos y preguntas. 

En el mencionado comunicado hay una referencia a la anunciada querella contra la abogada del Estado, Rosa María Seoane, por parte de la asociación de abogados Movimiento 24.2 –que no mencionan por su nombre–, la cual está presidida por el catedrático de derecho procesal, Nicolás González-Cuéllar, y de cuya directiva forman parte el exmagistrado del Tribunal Supremo, Adolfo Prego, y el exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo. 

«El Consejo Directivo de la Asociación rechaza que pueda ser objeto de acciones penales el ejercicio de nuestra función conforme a los criterios técnicos y deontológicos que nos son de aplicación», dice el comunicado.

Una afirmación que, evidentemente, solo pueden contestar los tribunales.