La Fundación Hay Derecho se hace oir ante el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular, entregando 101.000 firmas oponiéndose al proyecto de ley de amnistía. Foto: Confilegal.
Hay Derecho presenta más de 100.000 firmas contra la Ley de Amnistía: «una cuestión estructural del Estado de Derecho no puede ceder porque se necesiten siete votos»
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05/12/2023 06:30
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Actualizado: 05/12/2023 12:14
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«Sobre el papel, se ha hablado mucho de que esta proposición de ley se centra en la convivencia y en el interés general. Pero en realidad, eso no es cierto. Parecen realidades paralelas. La amnistía no se ha planteado en esos términos».
Con estas palabras, la directora de Hay Derecho, Safira Cantos, ha explicado a Confilegal todo lo que hay detrás de la Ley de Amnistía.
Una ley que sigue generando polémica, después de que Pedro Sánchez «cambiara de opinión» radicalmente después de las elecciones, con el fin de conseguir los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno.
Normativa que está centrada en conseguir el «perdón absoluto» a los independentistas catalanes por los actos del 2019, y que no parece convencer. Ni a la ciudadanía, asociaciones, o Poder Judicial. Tampoco a los partidos políticos de la oposición
Algo que ha llevado a Hay Derecho a presentar en el Congreso una petición contra la Ley de Amnistía con más de 100.000 firmas. «Vamos a entregar 101.000 firmas» destaca Cantos.
Firmas destinadas a demostrar al actual Gobierno de España la brutal «ruptura» que supone esta normativa en relación al Estado de Derecho. Una ruptura que, además, supone un desafío al consenso entre todos los ciudadanos.
La Ley de Amnistía, una ruptura con el Estado de Derecho que se forja sin consenso
«Es una vía muy excepcional que que se ha hecho con prisas por una necesidad de aritmética electoral para la investidura, negociado con la propia parte beneficiada que además no desiste de las mismas pretensiones por las que incurrió en responsabilidad legal» lamenta Cantos desde Hay Derecho.
Y es que, según la asociación, esta medida que contempla la Ley de Amnistía, es de «gran excepcionalidad». Una situación que podría igualarse a un cambio de régimen, de una dictadura a una democracia, o un momento de paz tras un conflicto. Un cambio que implique medidas «de gran excepcionalidad», las cuales estén acompañadas «por un amplio consenso político que aquí no se tiene ni se ha buscado».
«La amnistía implica cuestión estructural básica del derecho no puede ceder porque se necesitan siete votos para la investidura» critica la directora general de la asociación. «El sistema tiene que ser sólido y tener un buen funcionamiento, gobierne quien gobierne. No se puede quebrar con una excepción a las normas del juego».
Y es que, según Safira Cantos, esta decisión, con esta Ley de Amnistía en proceso, está planteado como un proceso «sin garantías». Y, sobre todo, sin plantear un verdadero consenso entre partidos, entre poderes del Estado, ni entre la ciudadanía.
«Ni siquiera es un proyecto de ley del gobierno, que estaba en funciones. Es una proposición de ley presentada por un partido político que va a hacer que se tramite por urgencia» lamenta Cantos.
Una realidad que se separa mucho de la búsqueda de «convivencia» prometida por el presidente del Gobierno. «¿De verdad que si fuese por el interés general no se tramitaría con todas las garantías, contando con todos los informes previos del Consejo de Estado, del CGPJ, y con tiempos para un debate amplio?».
Un perdón absoluto que «olvidará» la malversación del procés
Pero esta Ley de Amnistía no tiene sólo planteamiento a nivel político. Y es que desde Hay Derecho también señalan las complicaciones que esta normativa implica de cara a los ciudadanos y a la igualdad ante la Justicia.
«Una medida tan excepcional puede chocar con los principios esenciales del Estado de Derecho, como es la igualdad ante la ley» asegura Cantos. Algo que hace que esta ley sea aún más polémica, ya que no existe en ella «un compromiso de todas las partes para consolidar un nuevo marco de convivencia».
Así pues, esta Ley de Amnistía también provocará una gran separación entre los ciudadanos. Y una gran ventaja para aquellos que hayan cometido delitos en el marco independentista que, ahora, quedarán bajo la alfombra de la ley.
«No es sólo una cuestión de que se vayan a perdonar las penas. Para eso está el insulto. Es que no se va a poder investigar sobre lo que ocurrió. Va a suponer el archivo de todo procedimiento administrativo, penal y contable» explican desde Hay Derecho. Una realidad que hará casi imposible «el acceso a la verdad» de lo acontecido durante el proceso independentista de Cataluña.
«»La gestión de fondos públicos. ya se accedió a peticiones con la reforma del delito de malversacion, minorando las penas para favorecer a las personas del procés procesadas, y ahora ya es borrón absoluto.
Para Cantos, esta ley es un «borrón absoluto» ante los hechos acontecidos Algo que supone una respuesta poco satisfactoria del equipo de Sánchez, que opta por no castigar la conducta de los independentistas, sino retirar la respuesta del Estado ante este desafío. Una cuestión ante la que, en menos de un mes, esta asociación ha conseguido más de 100.000 firmas de ciudadanos que sienten peligrar su Estado de Derecho. Por siete votos de investidura.
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