La situación por la que atraviesa la Justicia en España es muy complicada y no parece atisbarse ninguna mejoría en un próximo futuro, sino más bien al contrario.
Como consecuencia de la crisis económica y de los reiterados casos de corrupción, los juzgados y tribunales se encuentran saturados de trabajo. Y ante eso, el Poder Ejecutivo no ha tomado un una sola medida para hacer frente a esa situación.
España tiene una ratio de jueces muy inferior a la de otros países de nuestro entorno, como Francia o Alemania (por numero de habitantes), siendo nuestro nivel de litigiosidad, muy superior al de esos países.
Frente a este panorama, y pese a que los retrasos en la Administración de Justicia son un mal endémico, el Gobierno no ha tomado las medidas oportunas. Además, ha optado, exclusivamente, por restringir el derecho de la ciudadanía para acceder a los tribunales, con una Ley de Tasas, que consagra una clara distinción por razón de los recursos económicos. Imponiendo unas tasas tan elevadas que imposibilitan que muchas personas puedan acudir a los órganos judiciales para obtener la tutela de sus derechos.
En su momento se dijo que el dinero que se obtuviera con las tasas se destinaría a la asistencia jurídica gratuita, promesa claramente incumplida, limitándose el derecho de defensa. Se impuso a la Abogacía española, haciendo más difícil el ejercicio de su cometido, en unas condiciones más duras, en las que hay que reconocerlo, siguen desarrollando un trabajo profesional, serio y riguroso.
Son los jueces, y con ellos el resto de los operadores jurídicos, quienes con su esfuerzo están haciendo frente a las consecuencias derivadas de la reforma la oral, las abusivas cláusulas bancarias, los desahucios, la privatización de la sanidad o la lucha contra la corrupción, por citar algunas.
Por si fueran pocas las dificultades que se han impuesto a los ciudadanos para el ejercicio de un derecho fundamental tan básico, como el de acceder a los tribunales, se encuentra en tramite el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende la supresión de los partidos judiciales, alejando y dificultando, aún más, desde todos los puntos de vista, el primero de ellos, el económico, la posibilidad de acudir a los juzgados.
Ese Anteproyecto, que ha recibido la crítica unánime de todos cuantos trabajan o están relacionados con la Administración de Justicia, va a iniciar su andadura parlamentaria en los próximos meses. Esperemos que el sentido común haga que dicho Anteproyecto no llegue a ser finalmente aprobado evitándose de esa manera las consecuencias tan desesperanzadoras para la Justicia, que todos los informes emitidos han puesto de relieve.
Si a todo ello añadimos que la ultima reforma aprobada ha dejado reducido a su mínima expresión al Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional, que tiene por esencial función la de proteger la independencia de jueces/zas y magistrados/as, está todo dicho. El Consejo ha perdido parte de sus competencias en favor del Ministerio de Justicia. Se le ha impuesto un sistema de funcionamiento propio de una Dirección General. Con todo ello, y con gran decepción, solo podemos constatar los malos tiempos que le esta tocando vivir a la Justicia en España.
