Estado de la Justicia. Estado de Sitio
Marcelino Sexmero, portavoz Nacional de Asociación Judicial Francisco Vitoria
Un antiguo proverbio latino ” habent sua sidera lites», señalaba que no habia certeza en la justicia de una causa o como decia Calamandrei manifestando su disconformidad, “la justicia es un juego que no debe tomarse en serio”, forma espurea y sin escrúpulos de entender la función de los jueces y de lo que hoy denominamos Poder Judicial, que ha pervivido en la confusa mente y las acciones de los gobernantes de nuestro país, sus partidos políticos y medios de opinión que les sustentan o jalean, pues de otra manera no puede entenderse el abandono al que se ha sometido desde la transición democrática a la administración de justicia y al poder que la encarna.
En el marco de nuestra cultura política occidental democrática, la justicia se configura desde dos vertientes, de un lado la llamada administración de justicia como servicio público y de otro el Poder Judicial integrado por jueces independientes y garantes de la legalidad, los derechos fundamentales y del equilibrio entre poderes, y mientras que en la primera la influencia política en la gestión de los medios materiales y personales es inevitable, en la segunda la politización resulta indeseable y conduce a un progresivo deterioro de la Justicia.
Desde 1985 a través del control por parte de los partidos políticos, el Consejo General del Poder Judicial, órgano creado por nuestra Constitucion para garantizar la independencia de los jueces y tribunales, con manifiesto incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, en recurso promovido por el padre del actual ministro de Justicia Sr. Gallardón, ha terminado por ser una farsa institucional como señalaba el catedrático Alejandro Nieto, en la que no se oculta su vil y descarada politización obligando a algunos jueces al ejercicio del halago y la sumisión para obtener un cargó judicial
En esta situación de evidente politización del órgano de gobierno de los jueces, carencia de medios materiales, insoportable carga de trabajo a pesar de la Ley de Tasas, deficit en la planta judicial con una ratio de juez por habitante por debajo de la mitad de la media del Consejo de Europa, y las interesadas y en ocasiones injustas críticas de algunos politicos y medios de comunicación ante determinadas resoluciones judiciales, detrás de las que estaba la impunidad de los políticos de cualquier signo para abordar las reformas necesarias de la Justicia a la que siguen considerando un juego, dieron lugar a la primera huelga de jueces en España el 18 de febrero de 2009, que evidenciaba que solo las presiones y el conflicto despiertan a los gobernantes de su letargo.
Sin embargo tras el éxito de aquel conflicto, el nuevo talante y la disposición a la negociación del anterior Gobierno socialista, que aceptó algunas de las reivindicaciones de los jueces y sus asociaciones, y emprendió un camino de reformas más bien tímido, unido al cambio de actitud de muchos medios de comunicación, terminó en un espejismo con la crisis económica que aún padecemos y sobre todo con la llegada al Ministerio de Justicia de nuestro prócer Alberto Ruiz Gallardón, que con manifiesto incumplimiento del programa electoral del Partido Popular, reforma el sistema de elección de los vocales del CGPJ, adoptando un mecanismo que conduce a una mayor politización del Órgano como se ha constatado tras la elección de sus miembros actuales, entre los que predominan magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes de TSJ y anteriores cargos politicos en el Gobierno o en las Comunidades Autónomas o familiares de estos, con manifiesto desprecio a las asociaciones judiciales representativas, pero también a los no asociados, proponiendo una nueva LOPJ cuyo anteproyecto ha merecido las críticas mas severas de todos los estamentos judiciales, Colegios de Abogados, Universidad y del propio Tribunal Supremo.
Estos proyectos legislativos, algunos ya en vigor, tienen como finalidad el desmantelamiento del Poder Judicial, el progresivo deterioro de su independencia y el definitivo control de la funcion judicial.
Este objetivo siempre ha estado en el orden del dia de prioridades políticas de los dos principales partidos políticos, pero nunca se había intentado con tanto descaro y con ausencia de cualquier ética democrática. Baste señalar a modo de ejemplo entre las novedades del Anteproyecto de LOPJ presentado por el Sr. Gallardón, la cercenación de la libertad de expresion de jueces y de sus asociaciones judiciales, la creacion de un tribunal colegiado de instrucción que limite las investigaciones sobre causas de corrupcón, las facultades que se pretenden para los presidentes de los Tribunales de Instancia cuyo nombramiento corresponde al CGPJ ya controlado politicamente, eliminación de la participación democratica de los jueces en su propio gobierno al suprimir los Decanos, la desvergonzada supresión total de los aforamientos de los jueces, únicos que están justificados dejando pendiente el de los cargos políticos a una improbable reforma constitucional y la llamada jurisprudencia vinculante que oculta un anquilosamiento de la propia doctrina del Tribunal Supremo entre otras ocurrencias.
Si se consolidan estos proyectos legislativos unido a la quiebra del modelo judicial instaurado en el desgobierno de tres administraciones que lo hacen inoperante y a una carrera judicial triturada y sin posibilidad de promoción profesional, lo que quedará de la Justicia y del Poder Judicial no será más que una fachada en ruinas y el espejo roto de una exigencia democrática y constitucional que define a todo estado de derecho.
Frente a este estado de sitio declarado, no cabe mas solución que el rediseño pactado de un modelo judicial democrático y transparente desechando el anteproyecto de LOPJ actual, reforzamiento de las funciones del CGPJ, cuyos doce jueces y magistrados deben ser elegidos por la carrera judicial, despolitizando sus nombramientos, con la correspondiente reducción de las competencias del Ministerio y de las Comunidades Autónomas, replanteamiento de la Nueva Oficina Judicial desde bases más realistas y teniendo en cuenta que la administración de justicia no comparte todos los principios de la administración general, diseño de una nueva planta judicial acorde a las necesidades reales que termine con la sobrecarga existente, agilización de los procesos en especial elaborando una nueva Ley Procesal Penal, reducción del aforamiento penal de los cargos políticos, implantación de procedimientos de mediacion extrajudicial eficaces y la dedicación presupuestaria necesaria, al menos acorde con la media ponderada de nuestro entorno europeo, que permita inversiones estructurales eficaces y eficientes.
En ese esfuerzo ilusionante estarán todos los jueces.
