Ese es el gran dilema que emerge hoy, después de que PSOE y PP cerraran en Bruselas el acuerdo que ha terminado con 5 años y 6 meses de prolongación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegido en 2013.
El artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado en diciembre de 2018, dice que el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ será nombrado por el Rey a propuesta del órgano de gobierno de los jueces.
El mismo artículo dice que será en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el que, en la sesión constitutiva –la primera sesión– donde deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas.
La elección tendrá lugar en una sesión que tendrá lugar entre 3 y 7 días más tarde. El elegido tendrá que reunir un apoyo de tres quintos de sus miembros (12 de 20).
La mencionada reforma de la LOPJ de 2018 cambió lo que hasta ese momento había sido la costumbre, que era que en la primera sesión constitutiva se nombrara al presidente de ambas instituciones, el Consejo y el Supremo.
Porque desde 1985 los líderes de los dos grandes partidos pactaban un nombre, a priori, y después, los 20 vocales elegidos por el Congreso (6 jueces y seis juristas de reconocido prestigio) y por el Senado (mismo número), votaban el nombre acordado previamente.
Así ha ocurrido con Antonio Hernández Gil, con Pascual Sala, con Javier Delgado Barrio, con Francisco Hernando Santiago, con Carlos Dívar y luego con Gonzalo Moliner, y con Carlos Lesmes Serrano.
«La costumbre» llegó a verse como parte de «la normalidad» del procedimiento, cuando era una evidente anormalidad que nuestra sociedad ya no ve bien. Prueba de ello fue la negativa a ser nombrado de Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, después de que se filtrara el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en diciembre de 2018.
La mencionada reforma de la LOPJ de 2018 quiso cambiar ese estado de cosas. Fue una consecuencia directa del «fiasco Marchena».
Por ello, los dos grandes partidos, en esta ocasión, han decidido dejar en el ánimo de los nuevos 20 vocales la elección del nuevo presidente del CGPJ y del TS.
No se pueden permitir filtraciones previas, como venía ocurriendo hasta ahora, so pena de hacer que el nuevo CGPJ nazca tocado en la línea de flotación de su credibilidad. Deben ser los 20 nuevos vocales quienes elijan a su presidente. La apariencia se convierte en un elemento esencial.
Pero con las nuevas reglas de juego habrá espacio para la especulación pública, lo que culminará de intensa rumorología un sistema de renovación muy criticado por las cuatro asociaciones de jueces, que han venido reclamando desde hace tiempo el sistema de elección de los 12 vocales jueces, reivindicando su elección por voto secreto y directo por los 5.500 miembros de la carrera judicial frente al modelo de renovación actual.
LAS QUE SUENAN
Entre los nombres que más han venido sonando en las quinielas judiciales, pulsadas por Confilegal, destacan, desde hace tiempo, dos mujeres: María del Pilar Teso Gamella, de 63 años, y Ana María Ferrer García, de 65. Ambas progresistas y en la órbita de Juezas y Jueces para la Democracia.
Aunque no está escrito en ningún sitio, el pensamiento generalizado es que la siguiente persona que ocupa el doble sillón del CGPJ y del Supremo sea una mujer.
Pilar Teso está destinada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Ana Ferrer forma parte de la Sala de lo Penal. Es la primera mujer en la historia en ocupar asiento en la Sala Segunda.
Teso hizo el papel de «liebre» en el pleno constitutivo que eligió a Carlos Lesmes en 2013. Fue un paripé con aspecto de legalidad porque el pescado estaba vendido cuando se procedió a la votación.
Mujer seria y competente, ingresó en la carrera judicial hace 39 años. Fue asesora del secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, con Juan Fernando López Aguilar de ministro, en el primero gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde 2008 es magistrada del Tribunal Supremo. Antes sirvió en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, como letrada en el Gabinete Técnico de este Alto Tribunal, en el TSJM y en el Juzgado de lo Social 2 de Cáceres.
Autora de numerosas publicaciones, ha sido profesora de Derecho Administrativo en el Centro de Estudios de la Administración de Justicia (1995-1996), profesora asociada de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid (1999-2003), profesora del Curso Superior de Derecho Administrativo de la Escuela de Práctica Jurídica Colex (2001 y 2002).
También ha formado parte como vocal de tribunales de oposiciones de ingreso a la Carrera Judicial (1992), de concursos de méritos entre juristas de reconocida competencia (1999 y 2000) y de oposiciones de especialistas de lo contencioso-administrativo (2001).
En el análisis que algunos han hecho subrayan el hecho de que no tenga experiencia gubernativa.
Su compañera, Ana Ferrer primera mujer en la historia en entrar en la Sala de lo Penal del Supremo, sí lo tiene. Con 41 años de trayectoria en la carrera judicial, fue, durante 6 años, presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid.
Ferrer formó parte del tribunal de siete magistrados que juzgaron a los líderes independentistas procesados por el intento separatista de 2017 en Cataluña.
También fue la juez instructora del «caso Roldán», que terminó en la acusación y condena del exdirector de la Guardia Civil, el socialista Luis Roldán, por malversación de fondos públicos.
En principio ellas dos son las favoritas, aunque también podría darse el mismo caso que en 1985, cuando se optó por Antonio Hernández Gil, jurista de reconocido prestigio, que ocupó el doble sillón del CGPJ y del TS durante cinco años. En este caso, las especulaciones apuntan a alguna catedrática prestigiosa.
En los próximos días se aclarará el panorama.
