CC.OO. denuncia a Rajoy y Gallardón ante la Fiscalía por la entrega del Registro Civil
CC.OO. ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al entender que la actuación de ambos en la decisión de entregar el Registro Civil a los registradores de la Propiedad y Mercantiles podría ser constitutiva de un delito.
Lo que el sindicato considera «privatización» de los Registros Civiles fue aprobado por el Consejo de Ministros del viernes 4 de julio dentro del Real Decreto medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. La gestión de estos registros se traspasa a los registradores de la propiedad y mercantiles, «sin que conste inhibición o abstención previa ni del presidente del Gobierno, registrador y hermano de registradores ni del ministro de Justicia, a su vez suegro y cuñado de registradores.
Según el sindicato, la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado impone, en su artículo 7, el deber de inhibición y abstención a los miembros del Gobierno de la Nación, secretarios de Estado y demás altos cargos.
Por ello, según CC.OO. del acuerdo del Consejo podría derivarse la comisión de un presunto delito «por vulneración del deber de abstención o inhibición», por lo que en el día de hoy ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
También han presentado un escrito dirigido a la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que se inicien las diligencias de investigación necesarias por si la citada actuación pudiera ser constitutiva de alguna infracción disciplinaria.
Movilizaciones
Coincidiendo con el acto de Apertura del Año Judicial, el próximo míércoles 10 de septiembre, el sindicato ha convocado una concentración frente al Tribunal Supremo contra esta cesión de los registros y contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ante el Tribunal Supremo. Y una huelga en la Administración de Justicia de ámbito nacional para el próximo 8 de octubre.
Apacen que dichas reformas supondrán «la pérdida de miles de puestos de trabajo, el cierre de juzgados en toda España, y de juzgados o agrupaciones de Paz y la privatización de procedimientos y actuaciones» que hasta ahora eran competencia exclusiva de los juzgados y tribunales, que tramitaban y desempeñaban los funcionarios y funcionarias que prestan servicio en esta Administración de Justicia, «además de alejar la justicia de la ciudadanía y dificultar el acceso a la misma».
Por ello, CC.OO. hace un llamamiento al resto de las organizaciones sindicales de la Administración de Justicia, y asociaciones afectadas para «formar un frente común contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia». (Redacción/EP)
