Mujeres Juristas reclaman el cumplimiento de la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres

Mujeres Juristas reclaman el cumplimiento de la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres

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25/10/2014 00:00
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Actualizado: 11/10/2018 17:35
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La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, clausuró este sábado la II Cumbre de Mujeres Juristas, que aprobó un manifiesto que reivindica la Justicia como forma de corregir desigualdades.

En su intervención, la decana parafraseó a la abogada feminista María Telo, cuando afirmó que “decir igualdad jurídica no quiere decir igualdad de hecho”. “Ahí queda un largo camino por recorrer, donde debe ser otra vez protagonista la mujer”, agregó.

A lo largo de estas dos jornadas de trabajo se ha analizado el papel de la mujer jurista en ámbitos importantes de la sociedad. Las conclusiones se han plasmado en el citado manifiesto, que destaca que la falta de paridad implica un déficit democrático.

Por lo tanto, añade el texto, los poderes públicos tienen la responsabilidad de velar por el principio de presencia equilibrada. “Reivindicamos el apoyo técnico, económico y social por parte de las Administraciones Públicas a las organizaciones de mujeres como instrumentos de integración social y participación en los asuntos públicos y ante los poderes públicos, contribuyendo a la consolidación y conservación de la democracia al actuar como agentes sociales de cambio y transformación social”, reza el manifiesto.

Además, reclaman el cumplimiento de la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres porque, afirman, “no hay que limitarse a medidas que permitan a las mujeres conciliar su vida laboral y familiar”. “Deben adoptarse medidas concretas como la obligatoriedad de compartir la baja por maternidad, que fomenten la corresponsabilidad del hombre y la mujer en todos los ámbitos”, defienden.

En cuanto a la violencia de género, las mujeres juristas consideran que su erradicación debe ser una prioridad. En este sentido, reclaman la obligación del Estado de “proporcionar formación obligatoria a los jueces y personal administrativo sobre la aplicación” de marco legal existente para proteger a las víctimas.

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