«No está en el orden del día», explicaron fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no supieron aclarar si era porque la «investigación interna oficiosa» seguía su curso o porque había voluntad de darle carpetazo al asunto de forma discreta.
La ausencia de referencias en el orden del día de la Permanente, el tiempo transcurrido -siete días, suficiente para conocer la verdad- y la propia definición de la «cosa investigadora» inducen a pensar el camino al que se ha optado desde el CGPJ es un carpetazo en toda regla, sin ninguna explicación y sin asunciones de responsabilidad alguna por el error.
Un error sin precedentes que ha escandalizado a la carrera judicial, desde la base hasta el propio Tribunal Supremo, según ha podido constatar Confilegal.
Todo comenzó cuando el pasado 13 de noviembre, viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la anulación de un concurso a un puesto de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que jamás había sido tratado ni aprobado por la Comisión Permanente.
El acuerdo de la Comisión Permanente que puso en marcha la maquinaria burocrática no existía, como se puede comprobar en el documento de 48 páginas, que reúne las decisiones tomadas en ese día por ese órgano decisorio del CGPJ.
Un requisito indispensable.
La convocatoria para ese puesto se había producido 24 horas antes, el 12 de noviembre, jueves, como puede leerse en el BOE, en el apartado de «Autoridades y Personal. B. Oposiciones y concursos»: «Acuerdo de 22 de octubre de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de abogados y juristas de reconocida competencia».
Ese mismo jueves los nueve miembros de la Comisión Permanente -el presidente Carlos Lesmes, los siete vocales y el secretario general del CGPJ, Joaquín Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó-, abordaron el asunto.
Con los ánimos muy tensos.
Al día siguiente el BOE publicó la rectificación.
También se decidió la apertura de una «investigación interna oficiosa» -definición dada desde el propio CGPJ- para conocer todos los detalles de lo sucedido, según pudo saber Confilegal.
CONFILEGAL ALERTADA
El día de la publicación de la rectificación en el BOE, Confilegal fue alertado por un buen número de jueces y magistrados, que fueron los que llamaron la atención sobre esa «anomalía» . A través de Twitter, SMS, Whatsapp, correos electrónicos y llamadas telefónicas los hombres y mujeres que administran justicia en toda España trataron de saber lo ocurrido.
Las especulaciones se dispararon.
Se habló de prevaricación y falsedad en documento público. También de un error.
El máximo responsable de los acuerdos que se toman en el CGPJ es el secretario general -su fedatario público-, Joaquín Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó, quien, al parecer, no supo dar una respuesta convincente a lo sucedido al resto de la Permanente.
Sólo él, o el vicesecretario general, José Luis de Benito, tienen acceso a la clave especial que permite enviar al BOE todas las decisiones oficiales del CGPJ.
Los presentes en aquella Comisión fueron muy conscientes de que lo que había sucedido era gravísimo y había que saber.
La opción del posible «carpetazo» contradice la política de transparencia del CGPJ. Desde la carrera judicial se espera que el Consejo de una explicación clara y concisa, para conocer con certeza si lo ocurrido se debió a «un error» de una persona o si las causas fueron otras, en cuyo caso precisaría de medidas específicas contundentes para que no se volviera a repetir.
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