Leo con estupor e indignación las declaraciones del catedrático de Derecho Constitucional de Oviedo, Ignacio Villaverde y del magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch en el diario online Información en relación con la igualdad ante la ley.
Ambos despachan al unísono la (eterna) pregunta de si hay o no igualdad real y efectiva ante la ley, para negarla y señalar que la razón -o cuanto menos, una de ellas- radica en la cuantía de los honorarios de los Letrados como factor de diferenciación y, por ende, de desigualdad. ¿Perdón?.
«Los jueces conocen muy bien su oficio, actúan conforme a la ley y eso mitiga la diferencia social, porque es cierto que no es lo mismo ser atendido por un abogado de oficio que por uno que cobra 500 euros a la hora», afirma el catedrático.
«Un imputado con mucho dinero para pagar a un buen abogado puede salir mejor parado del proceso que otro que no cuenta con medios. Muchas de las cuestiones que se dirimen en un juicio son aspectos procesales que pueden no afectar al fondo del asunto, pero donde constar con un buen letrado es importante.
Aunque en la teoría existe la igualdad formal, en la práctica se dan situaciones desiguales derivadas de los recursos con los que cuentan las personas», manifiesta el magistrado.
Estupor, por la pobreza y reduccionismo de las reflexiones de ambos juristas en torno a la pregunta sobre un principio fundamental, el de la igualdad, sobre cuyos infinitos y riquísimos matices y vertientes hay escrito lo inimaginable, tanto por la doctrina como por los Tribunales de Justicia.
Porque hablar de igualdad, es hablar de violencia de género, de oportunidades, armas procesales, de ausencia de prejuicios y, sobre todo, de democracia, entre otras muchas consideraciones.
Admito, en fin, mi candidez al haber esperado que reflexiones en torno a tan pluridimensional principio se abordaran desde sus distintas ópticas y matices. Pero no, resulta que todo se concentra –al parecer- en la cuantía del honorario del Letrado.
Indignación ante el desconocimiento y la falta de respeto que tales afirmaciones destilan hacia la profesión de la abogacía y hacia la institución de la defensa. La que ejerzo, amo y, ahora además, represento.
Los abogados, sin consideración a nuestra tarifa en libertad de mercado, también conocemos muy bien nuestro oficio, señores, y sabemos Derecho sustantivo y procesal.
Y si hay algo que mitiga la diferencia social es justamente que haya abogados que, sin cobrar o cobrando la mísera retribución de oficio, asumimos la defensa de quién no puede costear nuestros honorarios, ni de 500 € ni de 10 €.
Lo crean o lo entiendan Vds., o no, los abogados aplicamos a nuestros clientes, con independencia del honorario percibido, nuestros mismos conocimientos jurídicos, la misma diligencia, la misma pasión e idéntica convicción en la tarea de defensa que ejercemos. No hay mecanismo, palanca o interruptor interno o externo que los acompase o dosifique en función de nuestro bolsillo.
Lo entiendan o lo crean Vds, o no, a esto responde, fíjense bien, que las encuestas propias y ajenas pongan de manifiesto que el abogado, y específicamente el de oficio, es el profesional de la justicia -de todos ellos- más y mejor valorado por la ciudadanía.
Señores, no puedo pedirles que cambien su injusta opinión sobre nosotros, los abogados. Solo confío en que cuando impartan clase y administren justicia, la dejen en los percheros de sus despachos.
En beneficio de la igualdad.
