El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso una Proposición de Ley en la que reclama la supresión de tasas judiciales de la Ley 10/2012 a entidades sin fines lucrativos, incluidas las ONG; a sociedades mercantiles con un volumen de negocio inferior a un millón de euros y a las comunidades de propietarios.
Según ha explicado el portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, “El objetivo de la propuesta de las nuevas exenciones de las tasas es eliminar barreras económicas que supongan una limitación de acceso a la justicia, ya que vulneran la tutela judicial efectiva e impiden la defensa de los justiciables al constituir un gravamen desproporcionado y disuasorio, sin tener en cuenta la capacidad económica del sujeto y suponen un coste difícil de asumir para ellos”.
Campo ha recordado que «el concepto de ciudadanía porque el ejercicio de los derechos o el disfrute de las garantías de tutela no pueden depender del éxito que se tenga en el mercado o de la situación laboral y económica. La economía no puede generar, también en el ámbito de la justicia, desigualdad”.
La Proposición de Ley aclara cualquier incertidumbre sobre las entidades sin fines lucrativos, que podrán verse obligadas a asumir el coste de las tasas judiciales para defender ante los tribunales intereses colectivos que, sin la intervención de estas organizaciones, quedarían desprotegidos. “El papel de estas entidades es vital y deben incluirse de manera diáfana dentro de los sujetos exentos del pago de tasas”, según Campo.
Del mismo modo, el pago de tasas por sociedades mercantiles con una cifra de negocio reducida, “provoca, en muchos casos, dada la actual crisis económica, que no puedan acceder a la justicia, al no tenerse en cuenta su capacidad económica”.
En ese mismo sentido Juan CarlosCampo ha denunciado que “La Ley 10/2012 reimplantó en España, tras 26 años, las tasas judiciales con un carácter general, asignándoles cuantías tan elevadas que, más allá de la finalidad recaudatoria, parecen pretender un efecto disuasorio que colisiona frontalmente con derechos de protección constitucional, al no tener en cuenta el establecimiento de las tasas a la capacidad económica del sujeto, tal como prescribe la Constitución española”.
Para Campo, las posteriores modificaciones a través del Real Decreto-Ley 3/2013 tras la interposición de numerosos recursos de inconstitucionalidad, de amparo de justiciables indefensos y la recomendación de la Defensora del Pueblo; o del Real Decreto-ley 1/2015, aprobado tras la presión de los operadores jurídicos, testigos directos del grave impacto provocado en el acceso a los juzgados, “tampoco han solucionado el problema, siendo una mera contrarreforma insuficiente”.
“Esta Ley ha privado del acceso a la justicia a quién no ha podido pagar las tasas judiciales impuestas. Quien pueda pagar la tasa, accederá y recurrirá dilatoriamente sin tener en cuenta la solidez de su pretensión, mientras que, por el contrario, si el interesado sufre incapacidad o dificultad económica para soportar la tasa, podría no acudir a los tribunales dado el futuro incierto del fallo”, ha advertido.
