José Ramón Gómez Besteiro, el exlíder de los socialistas gallegos, presentó ayer una querella ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la jueza de instrucción Pilar de Lara, a la que acusa de un presunto delito de prevaricación judicial.
En la querella considera que la magistrada titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, que lleva las causas Garañón y Pulpo, en las que Gómez Besteiro ha sido implicado, pudo haber incurrido en un delito de prevaricación judicial.
Un delito previsto en el artículo 446 del Código Penal, el cual fija que cualquier juez o magistrado que, a sabiendas, dictase sentencia o resolución injusta, puede ser castigado con la pena de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de 10 a 20 años cuando dictase una sentencia o resolución injusta.
Concretamente, en la Operación Pulpo, la juez De Lara investiga si José Ramón Gómez Besteiro, quien presidió la Diputación de Lugo desde el año 2007 al 2015, gestionó fondos de manera irregular y, en este sentido, si se sufragaron viajes a la India, a Eurodisney y un crucero por el Rhin, los cuales, según informa la representación legal de Gómez Besteiro, corresponden a la etapa del fallecido Francisco Cacharro (PP) al frente del ente provincial, que es anterior.
Las facturas investigadas son desde el 2004 hasta el 2006, cuando Besteiro entró en la Diputación en el verano del 2007, lo cual también era conocido por la jueza porque ella misma lo dice en la página 7 del auto de imputación, según explica la querella.
Según la defensa de Besteiro, se aprecia, por tanto, una «resolución injusta» probablemente con la finalidad de «obtener una repercusión mediática» porque el auto, suscribe, fue «filtrado inmediatamente a la prensa» con la voluntad, presume, de «vejarlo (a su cliente) en una suerte de castigo anticipado».
Remarca el letrado que la jueza conocía las fechas de esos desplazamientos y que por ende es «injusta» la imputación, lo que se demostrará con las «explicaciones que se le darán y que ella sabe inevitables, pero el enorme daño mediático y reputacional ya ha sido logrado».
Subrayan que es «todo esperpéntico», y se refiere especialmente a esos «caudales públicos para viajes suntuarios» de los que la jueza «ha ocultado en su auto cuidadosamente las fechas», pero no así los importes.
Según señala la querella «parece que De Lara imputa por doquier a políticos, empresarios y otros, en instrucciones habitualmente secretas y casi siempre interminables -como si el fin del proceso penal fuese imputar, y no juzgar-, y parece desconocer que se debe imputar ?como presunto autor? cuando haya indicios, no imputar para buscar los indicios. […] Con ello parece haber convertido lo que debe ser una excepción -la llamada de una persona como investigada a un proceso- en la manera normal de ¿investigar? y por ello no puede extrañar que una vez repetido durante meses a lo largo de muchos procesos, haya saltado a los medios de comunicación. Nunca antes en la historia judicial desde nuestra Constitución se había producido un caso semejante en Galicia, salvo excepciones que ya fueron apartadas de la carrera judicial«.
Los abogados de Besteiro proponen que a la jueza se la cite en calidad de investigada, con domicilio de notificación en el propio juzgado de instrucción en el que ocurrieron los hechos, y que Besteiro sea citado como testigo para ratificar o aclarar en su caso los detalles de la querella.
