El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella contra el presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y una veintena de responsables de Caja Madrid por la concesión por parte de la entidad de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo, coincidiendo con el bum inmobiliario .
El magistrado, que ha actuado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado tomar declaración como imputados al propio Blesa, el responsable de la Dirección General Financiera y de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, el gerente de riegsos Ramón Martínez Vilchez y el director general de Tasaciones Madrid SA Ignacio de Navasqués por la comisión de delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita.
En un auto hecho público este miércoles, el juez acepta investigar la concesión sistemática de préstamos hipotecarios con tasaciones sobrevaloradas entre 2003 y 2009. Además, el magistrado requiere a Bankia, como sucesora de Caja Madrid, que le certifique quienes integraban entre 2003 y 2009 el consejo de administración de La entidad, la comisión ejecutiva, la comisión de control, la dirección general financiera y de medios y la gerencia de riesgos.
La querella que ahora se va a investigar relata las conductas acontecidas en Caja Madrid entre 2003 y 2009, en el período anterior al estallido de la crisis y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, en relación con lo que los querellantes califican de «práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido».
La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la admisión de la querella argumentando, entre otras razones, que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada y que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.
En su auto el juez argumenta que procede investigar esas conductas y que de tener relevancia penal, encajarían en delitos que son competencia de la Audiencia Nacional, en tanto que esos hechos habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes y haber producido pérdidas millonarias a la entidad.
El juez añade que «el hecho de que la sobrevaloracion de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, no puede sin embargo justificar cualquier práctica».
Después de incorporar un informe de la inspección del Banco de España –a cuya incorporación antes de la admisión a trámite también se opuso la Fiscalía– el magistrado concluye que en esta fase inicial se sustenta indiciariamente en que la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos y «que al abrigo de estas sobretasaciones se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100 por ciento del precio de compraventa de los inmuebles hipotecado.
Asimismo, destaca que se concedían préstamos hipotecarios de 20 o más años a personas extranjeras con permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez; y, por ende, que debido a estos factores derivaron en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explicaron la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema y, subsiguientemente, la acumulación de pérdidas para la entidad».
En relación con las mencionadas pérdidas el juez recuerda la posición destacada de Bankia en el mercado financiero español, que llegó a tener millones de clientes y un negocio crediticio de 186.000 millones de euros, así como el impacto que ha originado en el sistema económico español su situación financiera, » y los miles de millones de caudales públicos que han debido de ser inyectados en la misma para sanearla».
Para iniciar la investigación el juez requiere a Bankia numerosa documentación, entre otras los documentos sobre su política de «scoring» o sistema de evaluación ante las solicitudes de préstamos en los años cuestionados, así como informes de tasaciones realizados por Tasa Madrid.
Este informe hace hincapié en la «agresiva» política comercial desempeñada por la entidad entre 2005 y 2007, y en la ausencia de unas «claras» directrices sobre la medición de riesgos para conceder hipotecas. De hecho, señala que «en muchos casos» las operaciones analizadas estaban mal concedidas desde su inicio, ya que los clientes no contaban con ingresos regulares o tenía elevadas deudas o el importe de los préstamos equivalía al valor del activo.
