Las Fiscalías con los 80 fiscales de refuerzo en sus plantillas respectivas han revisado 103.178 causas pendientes hasta este mes de abril. De ellas, el 70 por ciento -75.024- fueron clasificadas con sencillas, y el 30 por ciento restantes -32.154- como causas complejas.
De esas 75.024 casusas sencillas, el 16 por ciento, es decir, 12.003, fueron archivadas por falta de autor conocido o ausencia de pruebas que justificaran la continuación del proceso, de acuerdo con el informe elaborado por la Unidad de Apoyo que dirige José Luis Bueren acerca de la situación de las Fiscalías ante la entrada en vigor del artículo 324 reformado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
El resto de las causas sencillas o bien se considera que la instrucción está a punto de finalizar o bien se entiende que se podrá terminar dentro del plazo previsto por la ley.
El informe fue presentado ayer ante el Consejo Fiscal en la reunión que celebró ayer en la Fiscalía General del Estado.
La función de este órgano es asistir en sus funciones a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que es quien lo preside. Lo integran el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal Inspector Jefe y nueve fiscales elegidos por sus pares por un periodo de cuatro años.
En dicha reunión se acordó solicitar al Ministerio de Justicia una prórroga de un mes (hasta el 31 de mayo) para esos 8o fiscales de refuerzo que han venido trabajando en las Fiscalías más saturadas para revisar esos cientos de miles de causas.
EL ARTÍCULO 324 DE LA LECRIM
La Fiscalía se ha visto obligada a hacer un esfuerzo extra ante la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de este artículo reformado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introduce plazos máximos en la instrucción, según las causas se clasifiquen como sencillas o complejas.
En el caso de las sencillas, el plazo máximo es de 6 meses y de 18 meses para las complejas, periodo que puede ser ampliado a 18 meses más, por decisión judicial, a instancia del Ministerio Fiscal.
La implantación de estos plazos ha sido muy criticado por las asociaciones de fiscales que llegaron a hacer llamamientos para que se suspendiera la aplicación del artículo 324 de la LeCrim.
NOMBRAMIENTOS
En el Consejo Fiscal se aprobaron los nombramientos de Antonia Sanz Gaite y Ángela Gómez Rodulfo, para reforzar la plantilla de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y de Ignacio Stampa y Carlos Yáñez, para la Fiscalía Anticorrupción.
También se designaron a los fiscales integrantes de la Comisión de Igualdad, que presidirá Ana Tárrago, vocal del Consejo Fiscal, y que estará formada por Consuelo Fidalgo, destinada en la Inspección Fiscal, José Ortiz, fiscal propuesto por la Asociación de Fiscales, Virginia García, propuesta por la Unión Progresista de Fiscales, y Teresa Gálvez, propuesta por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Por último, se nombró Fiscal emérito del Tribunal Supremo a Olayo González Soler, que fue Fiscal de Sala Jefe del Tribunal de Cuentas.
