La juez María Núñez Bolaños ha relevado a los peritos de la Intervención General del Estado del auxilio judicial en la causa abierta por las presuntas irregularidades en cursos de formación y ha encomendado dicha labor a la Intervención General de la Junta.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, requiere a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que «designe peritos en número suficiente a fin de realizar el informe requerido» sobre el análisis de los expedientes de subvenciones investigadas y que, entre otros aspectos, cuantifique las cantidades «fraudulentamente» facturadas por empresas del grupo del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda «que hayan sido objeto de justificación en cada expediente».
El relevo de los peritos acordado por la juez se produce después de que los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado le explicaran que han hecho otros informes para el caso de los ERE, que instruye el mismo juzgado, y le precisaran que están trabajando en otros informes que afectan al caso.
En un escrito elevado al Juzgado el pasado 14 de abril, consultado por Europa Press, el coordinador del equipo en auxilio judicial designado por la Intervención del Estado para la causa de la formación, Ángel Turrión Macías, expone que los miembros de este equipo «son los mismos» que los designados en el caso ERE.
Asimismo, los interventores estatales afirman que están a punto de acabar un documento sobre nueve informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el uso de las transferencias de financiación por parte de entidades públicas y otros cuatro informes sobre empresas que recibieron subvenciones.
Además, los peritos trabajan en otro informe sobre la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez que contradice el que ellos elaboraron, y agregan que deben acabar otros 80 informes de ayudas concedidas por IFA-IDEA, que se sumarán a los 190 de este tipo que ya han entregado.
Por ello, «Al objeto de finalizar los citados informes y salvo que su señoría disponga lo contrario, dicho equipo pericial debe continuar trabajando en su conclusión, procediendo a continuación a dar cumplimiento al mandato contenido en el oficio» remitido por la juez Núñez el pasado 25 de febrero, concluye el escrito de Ángel Turrión Macías.
