La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el ‘caso Púnica‘, un informe en el que propone que cite a declarar como investigados al actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y a la senadora del PP por esa región, Pilar Barreiro, según la Cadena Ser.
En concreto, propone que declaren por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración, entre otros relacionados con la corrupción, por contratar al ‘conseguidor’ de la ‘trama Púnica’, Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen en las redes sociales. Los hechos ocurrieron presuntamente cuando Sánchez era consejero de Educación y Barreiro alcaldesa de Cartagena.
Los agentes sostienen que, en contra de lo alegado por ellos, esos contratos se llevaron a cabo en 2014 y fueron abonados con dinero público, cuando el pago debió asumirlo el Partido Popular. Se trata, según la emisora, de una situación similar a la del exconsejero de Presidencia madrileño, Salvador Victoria, a quien los contratos con De Pedro le han costado la carrera política.
Tanto Sánchez como Barreiro son aforados, el primero ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y la segunda ante el Tribunal Supremo, de manera que si Velasco aprecia indicios para actuar contra ellos tendrá que enviar sendas exposiciones razonadas a ambos tribunales.
EL GOBIERNO DE MURCIA DESCONOCE EL INFORME
La consejera de Cultura y portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, ha asegurado que el Ejecutivo murciano «no tiene conocimiento de la existencia del informe» de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según Arroyo, «hay documentos oficiales que han certificado que nunca hubo ninguna relación y de ningún tipo con estas empresas» dedicadas a mejorar su imagen en las redes sociales.
Por esta razón, sostiene, «absoluta tranquilidad», tras lo que ha insistido en que «así se certificó con documentación para que constara en la investigación».
En cualquier caso, ha advertido que «si hay que facilitar algún dato más para que todo se aclare, así se hará», aunque considera que se trata de una información que, «según se ha contado, además, procesalmente no es posible. Nunca la Guardia Civil ni la Policía es quien recomienda o no una imputación».
Por tanto, «absoluta tranquilidad y confianza en que todo se aclare en cuanto antes», ha concluido. (EP)
