El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado la distribución de un crédito de seis millones de euros destinado a colaborar en la modernización de la Administración de Justicia de las comunidades autónomas con competencias transferidas en esta materia.
Tal y como se acordó en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el pasado 25 de febrero, las comunidades autónomas beneficiarias del crédito se comprometen a destinar la cantidad percibida, entre otros proyectos, al impulso de las nuevas tecnologías que permitan avanzar hacia una Justicia digital, abierta e innovadora.
Entre los objetivos prioritarios de esta dotación económica se encuentran la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal, la conexión digital de las oficinas judiciales, el papel cero en los juzgados y tribunales y la implementación de la Oficina Judicial y Fiscal en todo el territorio nacional.
Este es el segundo año consecutivo en el que la Administración del Estado pone a disposición de las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas una dotación de seis millones de euros destinados al impulso de las nuevas tecnologías y a la implementación de mejoras que incidan en un servicio público de calidad, en los términos que se acuerden en los correspondientes convenios de colaboración.
La concesión de este crédito, incluido en los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2016, responde al compromiso adquirido por el mismo con la implantación efectiva de la Justicia digital en nuestro país, así como con la mejora en la eficiencia de la Administración de Justicia y su competitividad, tanto en los tiempos de resolución de asuntos como en la calidad de su funcionamiento.
La distribución del crédito por comunidades autónomas es la siguiente:
Las partidas puestas a disposición de las comunidades autónomas permitirán seguir avanzando en las comunicaciones telemáticas y en la implantación del expediente digital, y contribuirán a establecer una relación más ágil y efectiva con el ciudadano y con los operadores jurídicos
