Los jueces han acordado hoy con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia esperar a que el órgano de gobierno de los jueces presente su informe provisional sobre las cargas de trabajo antes de iniciar un juicio.
Este acuerdo ha sido adoptado por las partes en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional donde se iba a celebrar el juicio por la demanda de conflicto colectivo presentada el pasado 27 de abril por Jueces para la Democracia (JpD) al CGPJ y al Ministerio de Justicia para exigirles limitación de cargas de trabajo judiciales.
En esta demanda se denunciaba «la inactividad y dejación de funciones del CGPJ en la aprobación de unos módulos adecuados a la complejidad y necesidades de la sociedad». Y a ella se han sumado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.
«La vista prevista para hoy se ha suspendido porque las partes van a esperar a un informe provisional que el Consejo General del Poder Judicial prevé tener sobre cargas de trabajo para la primera quincena de julio», según ha manifestado a Confilegal, el nuevo portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega.
Asimismo, González Vega ha insistido en que «nosotros ponemos de plazo finales de junio. Si en esa fecha nosotros no tenemos el informe de la carga de trabajo, ni tenemos una reunión de la Mesa de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del CGPJ, en septiembre solicitaríamos que señalara una nueva fecha de juicio para la demanda».
El portavoz de JpD, ha insistido en que «nosotros lo que queremos es que se haga ese informe definitivo sobre la carga de trabajo, donde se marque una carga razonable de trabajo. No tenemos ningún interés en que se judicialice el conflicto».
Eso sí, advierte que «si no hay una voluntad real por parte del Consejo General del Poder Judicial de hacerlo no nos quedará más remedio que acudir a los juzgados«.
DATOS SOBRE LA CARGA DE TRABAJO
Además, los jueces han recordado que el Barómetro de Opinión del CGPJ refleja que el 70 % de los jueces estiman que tiene sobrecarga cuando en la Unión Europea se considera que es un problema de salud para el 33 % de los trabajadores en general.
Es decir que más del 50 % de los jueces españoles están por encima del 150 % respecto a su carga de trabajo prevista, según datos del Poder Judicial.
JpD pretende que el CGPJ y el Ministerio cumplan con su obligación de iniciar los trabajos correspondientes para la medición y fijación de unas cargas de trabajo judiciales máximas a efectos de salud.
A su juicio, las que se soportan en estos momentos comportan un riesgo psicosocial para los jueces y perjudican los derechos y libertades de los ciudadanos.
«La garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía exige dotar a los órganos judiciales de los medios personales y materiales necesarios, sin someter a las personas que están al frente de órganos judiciales a situaciones de estrés», sostiene JpD en su demanda.
