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36.821 niños fueron víctimas de delitos violentos en España en 2014

De izquierda a derecha, James Rhodes Escritor, Salomé Adroher, directora general de Familia e Infancia y Clara Martínez, directora Cátedra Santander de Derecho y Menores de Comillas ICAI-ICADE.
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Un total de 36.821 niños fueron víctimas de delitos violentos en España en 2014, de los que 3.732 fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual y entre los que se encuentran 246 casos de abusos a menores. Unas cifras que sirven a los expertos para exigir una ley integral que regule un problema “que permanece oculto”.

En el transcurso de “Sin cicatrices. Congreso por el final de la violencia contra la infancia”, organizado por Save the Children en colaboración con la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, especialistas en la temática de distintos ámbitos, como la política, las instituciones públicas, las empresas o las organizaciones sociales, pusieron en común sus conocimientos, recomendaciones y propuestas para acabar con esta violencia.

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Entre los participantes se encontraba James Rhodes, pianista y escritor; Jorge Cardona, miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y Salomé Adroher, Directora General de Familia e Infancia.

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En su intervención, James Rhodes, que sufrió abusos sexuales en su infancia, ha afirmado durante su charla en el congreso que las violaciones le han dejado secuelas para toda la vida. “Autolesiones, depresión, abuso de drogas y alcohol, tres cirugías para corregir las lesiones que tenía, ya que la base de mi columna fue destruida.

«He estado en centros psiquiátricos contra mi voluntad, he tenido alucinaciones, anorexia… Siempre hay cicatrices. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero no es verdad. Si se sufre violencia de niño, la vida es como una maratón con una sola pierna y una mochila llena de ladrillos”.

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Save the Children alerta de que en España la mayoría de los casos de violencia contra la infancia permanecen ocultos y no se denuncian. “La violencia es un problema global de grandes proporciones que permanece oculto, los datos que tenemos son solo la punta del iceberg».

«Faltan mecanismos para que los niños denuncien y esto hace que muchos casos no salgan a la luz”, ha declarado Almudena Escorial, responsable de relaciones institucionales de Save the Children.

Búsqueda de estrategia integral de respuesta

Por su parte, Clara Martínez, Directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de Comillas ICAI-ICADE, subrayaba quepese a la falta de calidad de los datos sobre la violencia, el problema requiere una estrategia integral que comprometa a todos los poderes públicos y que tenga como eje central una ley integral sobre violencia contra la infancia que desarrolle el derecho fundamental a la vida y a la integridad física recogido en el artículo 15 de la Constitución”.

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Desde esta ONG se denuncia la gran desprotección que sufren los niños en nuestro país. En primer lugar, la legislación actual no prohíbe todas las formas de violencia contra los niños. Al mismo tiempo, no se conoce la magnitud del problema por la falta de un sistema de recogida de datos que permita conocer el alcance de la violencia contra los niños.

También se señala desde Save the Children que la sociedad española acepta socialmente ciertas formas de violencia contra la infancia como pueden ser los azotes o “cachetes”. En este contexto, los niños no acceden a los mecanismos de denuncia ya que la violencia les bloquea y les resulta imposible comunicar o entender que están siendo agredidos. Además, los mecanismos de denuncia existentes no son conocidos ni accesibles para los niños.

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Otra cuestión que se indica desde esta ONG es que en los procesos judiciales los menores de edad no son tratados de acuerdo a su edad, se les somete a interrogatorios y exploraciones repetidas en las que reviven la violencia sufrida.

Como respuesta a esta situación, desde Save the Children se insiste en ofrecer una estrategia integral contra la violencia que sufren los niños, que incluya, entre otras cuestiones la aprobación de una Ley Orgánica de Medidas de Proteccion Integral; el compromiso de los poderes públicos en la lucha contra la violencia infantil

También se reclama desde esta entidad que se adopten medidas desde todos los ámbitos de intervención (familiar, educativo, de la salud, de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías e institucional) de prevención, detección, protección y reparación.

Por último otras cuestiones que se demandan es que se creen órganos específicos para la aplicación y seguimiento de la ley. La puesta en marcha de mecanismos de denuncia accesibles a los niños y creación de una partida presupuestaria específica para estos temas.

Al mismo tiempo se ve necesario que los jueces de instrucción se especialicen en esta materia y la creación de juzgados de violencia contra la Infancia.

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