«Se hace así porque lo digo yo y punto». Dichas palabras fueron dirigidas por el letrado de la Administración de Justicia de un Juzgado de lo Penal de Lleida, al abogado Juan Gonzalo Ospina, presidente de la Asociación de Abogados Jóvenes de Madrid, la mañana del martes.
La frase tiene su enjundia porque el abogado, personado en un caso del que es competente dicho juzgado, necesitaba tener acceso al expediente de un cliente suyo para elaborar un recurso que vencía. Se había desplazado desde Madrid.
«Todo comenzó cuando, unos minutos antes, le había pedido a uno de los funcionarios del Juzgado el expediente, pero se negó a facilitármelo. Opté por decirle, por favor, que llamara al letrado de la Administración de Justicia (ante secretario judicial), su jefe, porque la situación, entendía yo, era inadmisible», cuenta Ospina.
«Sale el secretario judicial y me permite echar una ojeada. Le pido que me haga una copia, y me responde que no es posible. Deduzco que es, quizá, por la falta de papel, de material, de toner… Le digo que no hay problema, que puedo tomar imágenes con mi móvil. Y me responde que no», prosigue el abogado.
«Un ‘no’ seco, muy seco».
«Me armo de paciencia y le pregunto de la forma más neutra posible: ‘Si es tan amable, ¿podría decirme en virtud de qué artículo de la Lecrim o de la LOPJ se me impide hacer copias de un asunto en el que estoy personado como letrado?'».
«Si quiere algo, pídalo por escrito», le contestó el funcionario tajante y seco, otra vez.
El abogado trata de hacerle ver que eso es una arbitrariedad, que le está impidiendo ejercer el derecho de defensa con todas las garantías.
«Se hace así porque lo digo yo y punto», zanja finalmente el secretario judicial. Punto final.
«Esta es la triste, bochornosa y deleznable situación de algunos de nuestros juzgados en España», afirma Ospina.
CONSTITUCIÓN Y LOPJ VULNERADOS
«Tuve que dejar el Juzgado sin ningún documento del caso de mi cliente. Creo en la justicia, pero esto que me ha ocurrido no es la primera vez que me sucede. El letrado de la Administración de Justicia tiene que conocer y debe tenerlo grabado en fuego en su memoria el artículo 24.1 de la Constitución: Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión'», recuerda Ospina.
«Al negarme acceso al expediente estaba vulnerando también el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su punto 1 dice que ‘Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a la ley'», explica, de carrerilla.
«Y el punto 2 de ese mismo artículo, se puede leer, ‘Las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados’. Yo me lo sé de memoria y el letrado, también. Y dijo, no. Esto es muy, muy grave», continúa Ospina.
«Mientras volvía a Madrid reflexioné profundamente. Lo peor de estos atropellos es que la mayor parte de las veces, quedan impunes», afirma.
«¿Qué podíamos hacer? ¿Denunciarlo para que el Consejo General del Poder Judicial diga que su juzgado actuó correctamente? ¿Lo denunciamos para que nos archiven la queja y además nos enemistemos más con el juzgador?», se pregunta.
«Lo ocurrido me dolió mucho. Todavía estoy pensando que vía legal voy a tomar. Pero tengo muy claro que esto es necesario que se conozca públicamente. Estoy convencido de que es el mejor remedio, para empezar. Estoy seguro de que hoy he sido yo, pero hay muchos otros compañeros que también lo sufren. Y si nos atrevemos a contarlo, si podemos superar nuestros propios miedos, y hacemos que la ciudadanía, la clase política, nuestros colegios de abogados, la opinión pública, con mayúsculas, conozcan que, dentro de nuestro sistema legal, hay francotiradores, disfrazados de servidores públicos, que están boicoteando algo tan sagrado como es el derecho de defensa, podremos devolver al sistema de Justicia el espíritu que debía tener, que no es otro que el de servicio», añade Ospina.
«Por eso lo he contado aquí», concluye. «Para comenzar a cambiar las cosas. Es posible. Lo creo».
Dos horas después de elaborar este artículo, Juan Gonzalo Ospina nos ha comunicado que hoy interpondrá la correspondiente denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial, en la que constará el número del Juzgado concreto y el nombre del letrado de la Administración de Justicia, «que me ahorro de señalarlo públicamente para que sus responsabilidades se depuren por el cauce legal y no haya ensañamiento público».
